Sería inaceptable repetir de alguna manera las experiencias dilatorias que se dieron en el pasado.
Escrito por Editorial.01 de Octubre. Tomado de La Prensa Gráfica.
En el término legal, el Ejecutivo, por medio del ministro de Hacienda, hizo llegar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto General del Estado, que tendría que estar debidamente aprobado cuando comience el nuevo año fiscal el primero de enero de 2011. Tal presentación se hace esta vez en condiciones especialmente delicadas, pues el país está aún en fase recesiva, aunque con algunas buenas señales que apuntan hacia la recuperación, y cuando la actual Administración Ejecutiva va a entrar en un año crucial para el desempeño general de su gestión, porque ya en 2012 todas las baterías se hallarán enfiladas hacia las presidenciales de 2014.
Para 2011, año en el que habrá que pagar una cuota de deuda de bastante más que la cuarta parte de lo presupuestado, el Gobierno plantea un Presupuesto de 4,503.5 millones de dólares, lo cual implica un 5.3% de incremento respecto del de 2010. Según los cálculos de Hacienda, el 80% de dicho presupuesto está financiado por ingresos internos y el otro 20% tendría que venir de otras fuentes, la principal de las cuales es el endeudamiento. En tres áreas se hace énfasis con aumentos importantes: Salud, Educación y Seguridad. El paquete, pues, merecerá, por su propia naturaleza y por las condiciones en que se presenta, un análisis no sólo muy detenido por parte de los que habrán de tomar la decisión sobre él, que son los diputados de la Asamblea, y en realidad las fuerzas políticas ahí representadas, sino muy responsable, para que la normal discusión lleve a conclusiones razonables y satisfactorias para el país, que es y debería ser el objetivo final.
En el contexto general que le da base a esta propuesta de Presupuesto está la apuesta a que nuestra economía podrá crecer hasta un 2.5% durante el año que viene. Este es desde ya uno de los puntos de debate, pues las previsiones de esa índole no sólo son siempre opinables, sino que, en esta oportunidad, además, inevitablemente contienen percepciones de alta subjetividad, derivadas de lo que se quiere, más que de lo que se constata. El Gobierno no oculta que está urgentemente necesitado de un fondeo suficiente que viabilice sus propuestas políticas; y, aunque esto es legítimo según la lógica de la gestión democrática, debe ser considerado de manera crítica por todos los actores comprometidos, pero dentro de un concepto de crítica constructiva.
En esa línea, lo que esperamos en los meses que vienen antes de que el año concluya es una discusión legislativa abierta y sustancial, correspondida por una actitud ejecutiva también abierta y receptiva. En lo que sí debería poder lograrse un compromiso de entrada es en el propósito de que antes del primero de enero próximo haya Presupuesto aprobado en todos sus aspectos. Sería inaceptable repetir de alguna manera las experiencias dilatorias que se dieron en el pasado.
El tema fiscal en general tendría que estar siempre en enlace analítico y estratégico directo con la temática relativa a los esfuerzos dirigidos a la reactivación económica. La revista El Economista, de LPG, organizó un exitoso foro denominado “Oportunidad en la Tormenta”, en el que se expusieron importantísimas opiniones para convertir “el revés en victoria”. Todo, al final, es un solo tema: cómo hacer interactuar la racionalización de la política con la racionalización de la economía. Eso es lo que los tiempos nos están demandando con creciente urgencia, y a lo que hay que responder con visiones de avanzada, con actitudes de comprobable madurez y con estrategias que se salgan de lo cajonero y vayan hacia el encuentro de la realidad tal como es y como se ve venir.
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