En períodos electorales afloran actitudes belicosas entre candidatos oficialistas y opositores, o entre el gobierno y la prensa, como en el reciente proceso venezolano o en el que culminará el 31 de octubre con las elecciones presidenciales de Brasil.
Escrito por Ricardo Trotti.28 de Octubre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Existen gobiernos en Latinoamérica que mantienen un clima permanente de prepotencia y confrontación con sus adversarios políticos y con la prensa, como si nunca hubieran abandonado la contienda electoral.
Los gobiernos prepotentes de Hugo Chávez, Cristina de Kirchner, Daniel Ortega, Evo Morales y Rafael Correa se mantienen en las portadas de los diarios, no tanto por la repercusión de sus obras, sino por el antagonismo permanente con sus rivales, así sea la oposición, la prensa o cualquiera que desafíe su pensamiento o intenciones.
El problema es que no se quedan en palabras, sino que construyen un andamiaje legal y jurídico persecutorio que enmascara su autoritarismo de democracia y apego a las instituciones.
Los ataques más furibundos contra la oposición y los medios con frecuencia son una combinación de nuevas leyes electorales y antiprensa, con el fin de que el gobierno prevalezca a toda costa.
Eso ha permitido a Hugo Chávez perder las elecciones legislativas recientes pero obtener mágicamente mayor cantidad de diputados. En Bolivia la oposición fue diezmada con la misma estrategia, además de que el régimen electoral restringe la libertad de expresión acotando la propaganda y las encuestas electorales. Mientras en Argentina, a un año de las elecciones generales, existe preocupación en la oposición porque todavía sigue sin reglamentación la Ley Electoral, no sabiéndose cómo se actualizarán los padrones electorales, qué recursos se dispondrán para la propaganda política o cómo será controlada.
En Nicaragua, Daniel Ortega, en busca de su reelección, desoyó la voz del Congreso y de la Constitución, extendiendo por decreto la vida judicial de magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia para que avalen su intención. Y así como en Venezuela y Bolivia, en Ecuador también se indujeron referendos y reformas constitucionales para permitir casi a perpetuidad la vida del gobernante.
A la prensa no le va muy distinto que a la oposición. En Argentina, la Cámara de Diputados la semana pasada respaldó la intención de Cristina de Kirchner de declarar de interés público el papel para diarios, un insumo codiciado en Argentina por gobiernos de todos los gustos y colores. Y con espíritu antidemocrático acostumbrado habló de “nacionalizar” a la prensa, justificando que el periodismo tiene que defender los intereses del país; o, lo que para ella es lo mismo, apegarse a los lineamientos del gobierno.
En Bolivia la persecución de la prensa es continua. Se filtra en cada nueva ley que se aprueba con párrafos enteros para disciplinar a los medios. A principios de mes, Evo Morales promulgó una ley antirracista que más allá de castigar la discriminación, hace posible la censura o el cierre de los medios y las multas o cárcel para periodistas por reproducir opiniones o noticias de terceros que un comité gubernamental definirá como ideas racistas.
Y en Brasil habrá que esperar cómo se comporta la candidata oficialista Dilma Roussef, si termina de imponerse a José Serra el 31 de octubre. Tanto ella como el presidente Lula da Silva han prometido “aplastar algunos periódicos y revistas” que se “comportan como oposición”, reflotando la idea de una ley de Comunicación para reducir a los medios, la cual Lula no tuvo tiempo de implementar.
Los medios deben todas sus energías en fiscalizar, investigar y denunciar todos los actos de corrupción, porque en definitiva es la opinión pública la que a la larga limitará la vida de los déspotas.
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