El Salvador subió de 3.4 a 3.6 en el índice de percepción de corrupción, que varía entre 10 (máxima transparencia) y 0 (máxima corrupción). El resto de Centroamérica -con la excepción de Costa Rica y Panamá- resultó peor evaluada que El Salvador.
27 de Octubre. Tomado de El Faro.
En El Salvador se percibe un menor nivel de corrupción ahora que hace un año, según un informe de Transparencia Internacional revelado este martes en Berlín, Alemania.
Según el índice de percepción de corrupción (IPC), que en el caso de El Salvador se basa en la información recogida por medio de cinco encuestas, Somalia es el país más corrupto de 178 analizados en todo el mundo, seguido por Afganistán, Mianmar e Irak.
El informe anual dice que en el otro extremo de la escala, los países menos corruptos son Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur, igualados en el primer puesto con 9.3 puntos de 10 posibles.
El grupo indicó que algunas naciones que se vieron especialmente afectadas por la crisis financiera mundial se tornaron más corruptas a los ojos de las personas encuestadas, que son empresarios, inversionistas y todo tipo de personas involucradas en negocios en las naciones estudiadas. Entre estos países donde creció la percepción de corrupción están Grecia e Italia pero también Estados Unidos, que cayó del puesto 19 al 22.
El IPC puede variar entre 0 y 10, donde el 0 es la máxima percepción de corrupción, y 10 es la mayor limpieza posible. De los 178 países encuestados, casi las tres cuartas partes estuvieron debajo del índice de 5, incluido El Salvador, que obtuvo 3.6 puntos. El año pasado, El Salvador había obtenido 3.4 puntos.
El índice de corrupción de Transparencia Internacional se construye con la información de hasta 13 encuestas a gente de negocios y expertos conducidas entre enero del 2009 y septiembre del 2010. El número de encuestas que se hacen en cada país depende de las condiciones particulares de cada nación, y en el informe 2010 hay naciones como Singapur o Tailandia, donde se pasó nueve encuestas. El máximo, 10 encuestas, se hizo en India. En cambio, en otras naciones como Brunéi, Malta y Dominica, solo se hizo tres encuestas.
En Centroamérica, la percepción de corrupción es menor en Costa Rica, El Salvador está empatado en segundo lugar con Panamá, pero los otros países del istmo tienen una situación peor.
El país menos corrupto del continente americano es Canadá (puesto 6, con IPC de 8.9) seguido de Barbados (17, 7.8) y después el país más limpio de Hispanoamérica, Chile (21, 7.2).
Más adelante aparecen Estados Unidos (22, 7.1), Costa Rica (41, 5.3), Brasil y Cuba (69, 3.7), El Salvador y Panamá (73, 3.6), Colombia (78, 3.5), Guatemala (91, 3.2), México (98, 3.1), Nicaragua y Ecuador (127, 2.5), Honduras (134, 2.4), y Venezuela (164, 2.0).
Gran Bretaña ocupa el puesto 20, Francia (25), Israel y España (30), Italia (67), China y Grecia (78), Pakistán (143), Rusia (154). El último, Somalia, está en el puesto 178 con un puntaje de 1.1.
Entre los países que más mejoraron se encuentran Chile, Ecuador, Haití, Jamaica, Bután, Gambia, Katar, Kuwait y Macedonia.
"Permitir que continúe la corrupción es inaceptable; demasiada gente pobre y vulnerable sigue padeciendo sus consecuencias en el mundo", dijo Hugutte Labelle, directora de Transparencia Internacional, al presentar el informe. "Debemos ver una mayor aplicación de las reglas y leyes existentes. No debería haber refugio alguno para los corruptos o su dinero".
Peter von Blomberg, subdirector del grupo, dijo que un reciente fallo de un tribunal federal estadounidense que permite a las compañías donar sumas ilimitadas de dinero a partidos políticos "fortalece la impresión de que se pueden comprar decisiones políticas con dinero".
Hace dos meses, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó un estudio según el cual los sistemas fiscales en Latinoamérica tienen deficiencias importantes en transparencia, por cuanto con alguna frecuencia se mantiene oculta la información sobre los principales responsables tributarios. Dentro de estas naciones está El Salvador, donde la ley prohíbe divulgar información sobre ingresos, tributos y bienes de los contribuyentes.
Asimismo, El Salvador está a la zaga en Latinoamérica en cuanto a normativas de acceso a la información. Aunque la Asamblea Legislativa está estudiando un proyecto de ley, los diputados han ido quitándole algunos dientes y no hay claridad sobre cuándo podrían aprobar la normativa.
La semana pasada, además, los diputados eliminaron la obligación de declarar patrimonio para los contribuyentes que tienen ingresos superiores a 75 mil dólares anuales. Esa declaración de patrimonio, según el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, es la más importante herramienta para detectar evasión y elusión fiscal.
Los principales gremios de empresarios celebraron la decisión legislativa, aduciendo que era necesaria por razones de seguridad.
Cáceres también reveló que descubrieron que los gobiernos anteriores, en manos del partido Arena, tenían listas de contribuyentes a los que no solo no se fiscalizaba, sino que se les perdonaba el pago de impuestos.
El gobierno del presidente Mauricio Funes decidió crear una Subsecretaría de Transparencia cuyos frutos aún están por verse. Esta Subsecretaría elaboró un informe sobre casos de corrupción en administraciones anteriores, que el presidente ha decidido mantener oculto. Algunas oficinas del Ejecutivo, como Salud, Obras Públicas y Gobernación, han emprendido esfuerzos individuales y han presentado demandas ante la Fiscalía por supuestos actos de corrupción.
Hace seis semanas, la Sala de lo Constitucional de El Salvador declaró inconstitucional que el Ministerio de Hacienda haga traslado de dinero de cualquier institución del Ejecutivo hacia la Presidencia de la República, sin autorización de la Asamblea Legislativa. Este había sido el mecanismo por medio del cual se nutría la controvertida partida secreta de la Presidencia de la República, que al anterior presidente, Antonio Saca, permitió captar en cinco años casi 220 millones de dólares que engrosaron el rubro de gastos imprevistos.
Según los magistrados, la Asamblea Legislativa no puede delegar en el Ejecutivo la función de autorizar partidas presupuestarias.
El Ejecutivo también se ha caracterizado por seguir el estilo de los gobiernos anteriores en cuanto a ocultar la información sobre gastos publicitarios y sobre los criterios y conceptos de su publicidad, en la que es usual que aparezca la imagen del presidente.
En el Órgano Judicial, la Corte Suprema de Justicia inició el año pasado un proceso de revisión administrativa que llevó al despido de la gerente de recursos humanos porque integraba una red de venta de puestos de trabajo. Asimismo, estudia 700 denuncias contra jueces, incluidas varias decenas de acusaciones de corrupción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.