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2011/02/28

Rebelion-Contra el “derecho” de intervención (observaciones sobre el “Estado fallido”)

 Mariano González.28 de Febrero. Tomado de Rebelión.

El uso del concepto “Estado fallido” para referirse a la realidad de ciertos países de la periferia es tentador. Existen Estados que son sistemáticamente incapaces de garantizar de manera adecuada el derecho humano a la vida, condición previa de cualquier otro derecho, a sectores importantes de su población, sea por la violencia, por el hambre u otros males endémicos.

No obstante, hay varios aspectos que molestan del concepto y de los usos que trae aparejados. Cuando se pasa del análisis conceptual (quizás ni siquiera aquí)1 a un análisis del discurso en el que opera, es evidente que se inserta en un discurso que articula intereses políticos y geopolíticos.

Por ejemplo, ¿qué estará pasando para que 37 países (20,9% del total de países evaluados) se hayan clasificado así en el año 2009? ¿Qué estará pasando para que 92 países (51,97%) se hayan clasificado “en peligro”? Y se debe señalar que no es que la situación no sea realmente crítica en la mayoría de los países de la periferia (pues en efecto, son los países periféricos del sistema mundo los que caen en esta clasificación, ¿coincidencia?).2 Son otros los problemas de esta forma de pensar y evaluar la realidad de los Estados nacionales.3

La mayoría está ligada a la posición (ligada a poder e intereses) de quien enuncia tal discurso. Podría ser que en países perífericos, en contextos que resultan altamente desiguales, injustos e inseguros sirva para denunciar la condición en las que viven.4 Pero otra cosa es utilizarlo en el plano geopolítico en el que Estados Unidos también ha utilizado conceptos como “guerra preventiva” o invoca los derechos humanos y la libertad para la intervención en otros países. El título de Estado fallido (al final de cuentas también es una operación del lenguaje) es una candidatura a la intervención “humanitaria”.

Para decirlo claramente, el discurso que utiliza el concepto de Estado fallido no es ingenuo y encierra una posibilidad demasiado seria: la intervención de fuerzas internacionales (y hay que subrayar el significado de las dos palabras) para “normalizar” la situación. La “normalización” que viene inmediatamente a la mente es la que creó Estados Unidos al invadir Irak (por supuesto en nombre de altos ideales y sin intereses económicos o políticos) y que ha significado la muerte de miles de iraquíes.

Al final este discurso legitima la intervención, ni siquiera con demasiado maquillaje. Por ejemplo, en una publicación al respecto, se encuentra esta afirmación inicial:

“Uno de los axiomas de la era moderna es que la distancia física entre los países ha dejado de importar en el momento de tener implicaciones cualquier medida que se tome. El comportamiento errático de un dirigente aislado no sólo hace que sea aún más miserable la vida de los millones de pobres sobre los que gobierna, sino que da señales claras sobre la estabilidad política y las posibilidades de inversión en toda la región que lo circunda. En otras palabras, las amenazas de los Estados débiles tienen una onda expansiva que va mucho más allá de sus fronteras y pone en peligro el desarrollo y la seguridad de países vecinos y lejanos” (FUNDESA, 2009: 1).

Más transparente no se puede ser. El discurso sobre la globalización con vocación imperialista, implícito en esta afirmación, realiza una apreciación desde el centro del sistema mundo hacia la periferia. En este caso el que legitima la intervención. Puede ser que hasta con buenas intenciones. Pero es muy probable que no sea solo con buenas intenciones y los efectos que se advierten debido a las recientes intervenciones son muy malos. Alguien podrá considerar exagerada esta referencia, pero haciendo uso del recurso a la autoridad ya el Che Guevara afirmaba que “no hay que confiar en el imperialismo, ni tantito así”.

Además, un aspecto central y que realmente molesta de esta idea de Estados fallidos es que esconde una visión de los otros (los que se encuentran viviendo en los Estados fallidos) como inferiores y con necesidad de que los tutelen.

¿Un déjà vu histórico? Lo más probable es que sí. Ya hubo discursos muy similares en otros momentos.

Utilizando un ejemplo importante para explicar la configuración de América Latina en tanto que región periférica, es el discurso que legitimó la conquista en torno a la falta de potestas de los indios para gobernarse.

Todo el discurso sobre la legitimidad de la conquista y dominación de los indígenas se sustenta en el argumento de que éstos no tenían potestas, o sea, no estaban habilitados para autogobernarse ni individual ni colectivamente. A causa de ello había que tutelarlos y la tutela exigía su vasallaje y obediencia a aquellos que tenían capacidad de ejercer la potestas, en este caso los españoles y los europeos (Bartolome, C. en Mate, R. 2008: 271).

Está claro que ahora no puede utilizarse la idea de inferioridad de los habitantes de Estados fallidos, pero la lógica es esencialmente la misma. Incapacidad de “un dirigente aislado”, o varios, para dar “estabilidad política” en una región. Es el lenguaje del poder que califica al otro, escondiendo intereses económicos y de dominio político, cultural...5

Este es el lenguaje que exhibe Ginés de Sepúlveda (apoyándose en La Política de Aristóteles) en sus alegatos a favor de la conquista de América, incluyendo el “ius bellum” (el derecho a la guerra). Según un comentarista:

“Sepúlveda cree que uno tiene el derecho y el deber de imponer el bien al otro. Dicho de otro modo; uno tiene el deber de imponer al otro lo que uno cree superior, sin preocuparse por saber si este bien es un bien desde el punto de vista del otro. El sujeto que manda proyecta un enunciado universal en el que sus valores son los valores de la raza humana” (Bartolomé, C. en Mate, R. 2008: 216).

Además, lo ideológico del asunto se advierte al considerar la contradicción que existe entre el concepto y la realidad a la que alude: una sociedad ingobernable. No hay tal. Ya lo decía Bartolomé de las Casas hace casi cinco siglos en su debate contra Sepúlveda:

“Es imposible que, en cualquier parte del mundo, se pueda encontrar toda una raza, nación, región o provincia necia o insensata; y que, como regla general, careza de la suficiente ciencia o habilidad natural para regirse o gobernarse a sí misma” (APUD 2008: 189).6

El concepto de “Estado fallido”, aunque se sustente en condiciones concretas de diversos países donde existen muerte, inseguridad, injusticia, etc., es un dispositivo del discurso del poder que condensa una vocación imperialista y una forma de encubrimiento (ideología) que impide ver que el problema no es sólo de los Estados periféricos como “Estados fallidos”, sino, precisamente, de la organización política-económica mundial que resulta injusta. Y ésta sí, fallida.

Nota sobre las revueltas árabes

Las revueltas en la región árabe son altamente esperanzadoras. Permiten ver la capacidad del poder del pueblo organizado para hacer frente a la institucionalidad autoritaria y despótica (el estado de rebelión del que habla E. Dussel). Son un testimonio de rebeldía e insumisión frente a condiciones de opresión política. Son necesarias como ejemplo de humanidad.

Pero también son una puerta para la intervención de los países que se arrogan el derecho a intervenir, especialmente Estados Unidos. Ojalá exista la posibilidad que sean los propios ciudadanos de a pie quienes puedan darse el gobierno que necesiten para organizarse y defenderse. Desde otro lugar de la periferia, el deseo es que ojalá la lucha haga inclinar la balanza hacia el lado de los oprimidos.

NOTAS

1 Dado que el “lugar social condiciona la perspectiva epistemológica del discurso” (Bartolomé, C. en Mate, R. 2008: 279).

2 Al respecto, vale la pena ojear el mapa que se presenta en la wikipedia sobre Estados fallidos. “Curiosamente”, la periferia del sistema mundo se encuentra en una situación de “Estados en alerta” (Estados fallidos) y “Estados en peligro” (ver http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Failed-states-index-2010.png).

3 Incluyendo la formulación de los indicadores. En efecto, ¿qué se puede pensar de un indicador formulado como “Agravios colectivos y Paranoia social?” (el indicador 4 del índice de Estados Fallidos de Fund for Peace).

4 Lo que también tiene que ver con el colonialismo ideológico y la acriticidad para utilizar categorías elaboradas en otros lugares.

5 Lo que no quita realidad a las dictaduras y autoritarismos como los que se es´tán cuestionando actualmente en el mundo árabe.

6 Otro encubrimiento ideológico que encierra el concepto de “Estados fallidos” es que, en la historia mundial, las guerras más destructivas y los exterminios más grandes han sido llevados a cabo por varios de los Estados que continúan con prácticas de explotación sistemática y comercio injusto, los mismos que utilizan la calificación de Estado fallido, llevando más miseria a millones de personas que los propios “Estados fallidos”. Esto no significa que se justifique la barbarie producida dentro de los “Estados fallidos” o tampoco que no haya acciones de personas, grupos y países “centrales” de ayuda genuina hacia la periferia. Hay también solidaridad internacional. El punto principal es otro.

BIBLIOGRAFIA

FUNDESA (2009) “Índice de Estados Fallidos” Boletín julio 2009, versión electrónica en www.fundesa.org.gt

Mate, R. ed. (2007) Responsabilidad histórica. Preguntas del nuevo al viejo mundo. Barcelona, Anthropos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Rebelion. Contra el “derecho” de intervención (observaciones sobre el “Estado fallido”)

Cubadebate-La batalla por el presupuesto contagia a Estados Unidos | Cubadebate

 Por Santiago Brugal Almanza.Escritor 28 de Febrero.Tomado de Cubadebate.

Sorpresivamente, como las manifestaciones en Egipto se extendieron por el Medio Oriente, las demostraciones en Wisconsin, en el Medio Oeste, se contagian a otras regiones de Estados Unidos.

Protestando contra un proyecto de ley para reducir el déficit del Estado mediante recortes de salarios, pensiones, beneficios de salud y derechos de negociación de acuerdos salariales por los sindicatos de los trabajadores públicos, decenas de miles de personas se concentraron frente a la entidad legislativa estadual de Wisconsin, en la ciudad de Madison.

Las manifestaciones, iniciadas por unas 70 mil personas, estuvieron opacadas durante cinco días por los sucesos en el Medio Oriente y el Norte de África, sin que lo informaran los principales medios estadounidenses y de otras potencias occidentales.

El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, asegura que las medidas son necesarias para lidiar con un déficit estatal proyectado en tres mil 600 millones de dólares, planteando que eso evitará los despidos de empleados estatales.

Sin embargo, los legisladores demócratas argumentan que es un ataque contra los sindicatos, sus aliados de campaña.

Los republicanos controlan tanto la Asamblea como el Senado estaduales, pero los 14 senadores demócratas que la forman, bloquearon la votación en la cámara alta al trasladarse al cercano estado de Illinois, argumentando que la opinión pública está de su lado y que no tienen intención de volver hasta que Walker esté dispuesto a un acuerdo.

Además, los demócratas en la Asamblea Legislativa presentaron 100 enmiendas al proyecto, para tratar de obstaculizar el plan, pero el vocero de la Cámara, Jeff Fitzgerald, aseguró que de todas formas se aprobará.

“El proyecto de ley no es negociable y la iniciativa será aprobada tal y como está”, dijo Fitzgerald dentro de un Senado fuertemente custodiado por fuerzas de seguridad.

Para ejercer presión sobre los demócratas, Walker advirtió que los servidores públicos podrían empezar a recibir avisos de despido en caso de que la propuesta no sea aprobada pronto.

Los despidos no pueden entrar en vigor de inmediato y los contratos sindicales existentes podrían postergarlos durante meses.

Los demócratas ofrecieron aceptar las partes de la propuesta que duplica las contribuciones a los seguros de salud de los trabajadores y les exige contribuir a sus pensiones con 5.8 por ciento de sus salarios, lo que se aprobaría siempre y cuando los trabajadores mantengan su derecho a negociar con el Estado como parte de un sindicato.

Además, líderes sindicalistas, profesores y bomberos pidieron a Walker que retire su controvertido plan de eliminar los derechos a negociar colectivamente sus prestaciones y condiciones de trabajo.

Los manifestantes aseguran que los sindicatos accedieron a sufrir recortes en sus compensaciones por jubilación y seguros de salud que reducirán los sueldos de muchos trabajadores en ocho por ciento y piden que ahora el gobernador haga concesiones.

Walker pronosticó que su estado encabezará una ofensiva en todo Estados Unidos que debilite a aquellos sindicatos que han negociado paquetes de compensación que a su juicio han sido excesivos.

Scott Walker es un joven político republicano, de 43 años, quien en enero asumió como gobernador del estado de Wisconsin, apoyado por el ultraderechista Tea Party, ala más conservadora del partido, que en las elecciones de noviembre último recuperó la mayoría en el poder legislativo.

Su propuesta para reducir el déficit está basada en la prometida “responsabilidad fiscal” exigida por los conservadores, que implica el despido de empleados públicos y recortes de beneficios.

Si Walker lograra imponerse, su plan podría ser copiado en otros 21 Estados con gobiernos republicanos, que quieren aplicar medidas más estrictas para controlar el déficit fiscal y satisfacer al movimiento “Tea Party”.

Los Estados enfrentan déficits de unos 125 mil millones de dólares a escala nacional en el próximo año fiscal, y algunos están prácticamente en bancarrota, aseveró Walter.

Wisconsin sigue siendo el frente principal, pero el debate nacional sobre los derechos de los sindicatos se ha extendido y batallas similares se desarrollan en otros territorios.

En Ohio, un debate similar atrajo a miles de manifestantes sindicalizados, obligando a los efectivos de seguridad en el lugar a cerrar las puertas de la Cámara, mientras que en Ohio, fue recordado en pasado año el aniversario 40 de la masacre en la universidad estadual de la ciudad de Kent, ocurrido el 4 de mayo de 1970.

Allí la Guardia Nacional estadounidense mató a cuatro estudiantes e hirió a otros nueve cuando protestaban por la invasión a Vietnam, bajo el gobierno del entonces presidente Richard Nixon.

En Indiana, los demócratas abandonaron la Cámara Legislativa y obstaculizaron un proyecto de ley respaldado por los republicanos en contra de las cuotas sindicales obligatorias.

Solamente tres de los 40 miembros demócratas de la Cámara estuvieron presentes, lo que impidió que se contara con el quórum necesario.

En 17 Estados se debate propuestas que intentan restringir el derecho a sindicalizarse entre los empleados de gobiernos.

Hay medidas pendientes de aprobación en Wisconsin, Ohio, Michigan, Tennessee e Idazo para limitar las negociaciones, imponer los llamados furloughs (días de licencia obligatoria sin sueldo) y recortar los salarios.

Las iniciativas contra esas acciones han incluido un cabildeo contra las medidas en Indiana y un mitin de la mayor organización sindical de EE.UU., AFL-CIO, para advertirle al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie “que no balancee el presupuesto sobre las espaldas de las familias de la clase media”.

En lo que consideran un momento crítico para el movimiento obrero, también, los sindicatos y sus aliados planean actos, vigilias y conferencias de prensa en al menos 27 Estados en contra lo que definen como “un ataque nacional a los empleados de gobierno”.

La ultraderecha, exhortó a sus seguidores a manifestarse en apoyo a Walker.

Madison, una pequeña población en el corazón rural del país, es el centro de batalla entre políticos e intereses empresariales y sindicales, donde podría definirse como equilibrar las cuentas públicas en Estados Unidos, hoy agobiadas por un enorme déficit fiscal.

El presidente Barack Obama acaba de pronosticar un déficit fiscal para 2011 de 1,65 billones (millones de millones) de dólares, o casi 11 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), el mayor desde la Segunda Guerra Mundial.

La deuda soberana ha escalado a 61 por ciento del PIB, la más alta desde 1952.

Algunos manifestantes califican a Walker como el “Mussolini el Medio Oeste” y otros lo comparan con el ex presidente Ronald Reagan, uno de los héroes del movimiento conservador, admirador de sus políticas.

Desde 2002, como anterior jefe del condado de Milwaukee, cargo que ejerció hasta llegar a la gobernación, Walker puso en práctica medidas contra los sindicatos y redujo la plantilla de empleados públicos en 20 por ciento.

El comportamiento actual de Walker recuerda al del presidente Reagan en 1981 en su posición frente a la huelga de controladores aéreos cuando se impuso sobre un poderoso sindicato de trabajadores públicos, considera el analista político George Hill.

Algunos aseguran que el plan de Walker es debilitar el poder de los sindicatos mientras se mantiene renuente a aumentar impuestos a las corporaciones.

No crean que se trata de falta de dinero para pagar salarios y beneficios a los empleados públicos, se intenta reducir los derechos democráticos básicos y cambiar el balance del poder en Estados Unidos, opina la analista política Katerine Vandel.

La estrategia republicana es poner a los estadounidenses de clase trabajadora unos contra otros: sindicados contra no sindicados, públicos versus privados, jóvenes contra los de mayor edad, alertó Robert B. Reich, profesor de política pública de la Universidad de California en Berkeley y ex secretario de Trabajo del ex presidente Bill Clinton.

Aunque hasta ahora, no se ha especulando con una posible candidatura presidencial de Walker, algunos destacan el aumento de su perfil nacional presentándose como “héroe” de la causa fiscal conservadora.

“Él era del Tea Party antes de que existiera el Tea Party. Él haría lo que hiciera falta para no subir impuestos (a las corporaciones). Nunca ha cedido, nunca ha dudado”, aseguró Mordecai Lee, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Wisconsin.

“Scott Walker es el Obama republicano. Es agradable, amable, así que los votantes ven ese lado más que su profunda ideología republicana”, afirmó Lee en entrevista con el diario The Washington Post.

La disputa en el estado de la zona centro-norte de Estados Unidos es seguida por el resto del país, pues prepara el escenario para las elecciones de 2012, donde Obama espera buscar la reelección.

Obama y otros demócratas necesitarán el apoyo de los sindicatos para contrarrestar el enorme flujo de fondos corporativos a campañas políticas permitidos por la Corte Suprema el pasado año.

El apoyo de los sindicatos será necesario especialmente en estados como Wisconsin, donde a veces ganan republicanos y a veces demócratas.

Pero estos acontecimientos pudieran además, canalizar la acumulación del malestar político de los trabajadores por el agravamiento de sus condiciones de vida y la pérdida de esperanzas en el cambio prometido por Obama.

(*) El autor es periodista, jurista, fue diplomático y miembro de la Comisión Económica de la Asamblea General de la ONU y colabora con Prensa Latina.

La batalla por el presupuesto contagia a Estados Unidos | Cubadebate

LPG-Editorial-La única salida realista es la reactivación económica

¿Son las condiciones actuales de la realidad económica nacional las adecuadas para hacer una subida de impuestos? Y, por más vueltas que se le dé al asunto, la respuesta realista y congruente que se le debe dar a esa última pregunta es no.

Escrito por Editorial

 

Desde el inicio de la actual Administración, el tema de la subida de impuestos ha andado rondando constantemente en el ambiente. Ya en 2009 se hizo el primer aumento impositivo, con efectos previsibles: escaso incremento de recursos recaudados. Ahora se viene hablando de una reforma mayor, a la cual se le ha buscado otra vestimenta: pacto fiscal. Pero, desde luego, el verdadero problema no es de forma, sino de fondo. Y la pregunta clave también hay que ubicarla donde está. Dicha pregunta no es: ¿Cuánto dinero necesita el Gobierno para financiar sus programas? La pregunta del millón es: ¿Son las condiciones actuales de la realidad económica nacional las adecuadas para hacer una subida de impuestos? Y, por más vueltas que se le dé al asunto, la respuesta realista y congruente que se le debe dar a esa última pregunta es no.

A partir de ahí deben tomarse las medidas convenientes para contar con más recursos disponibles, teniendo en cuenta, por una parte, las demandas y condiciones de la realidad; y por otra, el imperativo de asegurar una sana gestión pública. Por eso, ahora más que nunca, se impone poner en práctica la efectiva disciplina del gasto, lo cual es algo que a ningún gobierno le gusta hacer, porque implica reorganizaciones y contenciones, en vez de liberalidades y cuentas alegres. Estamos seguros de que si se activara en serio la voluntad del autocontrol en el gasto y se garantice el mejoramiento comprobable de la efectividad en la ejecución de los proyectos públicos, el camino estaría mucho más allanado para buscar la oportunidad de un redimensionamiento impositivo. Y es que resulta prácticamente imposible que la gente se avenga al sacrificio de pagar más impuestos cuando estos entrarán en una cañería dañada y sospechosa.

Según enseña en todas partes la experiencia, sólo el crecimiento económico suficiente y sostenido incrementa de la misma manera los ingresos públicos. Cuando no hay un crecimiento de tales características –como ocurre en nuestro país desde hace años–, seguir bolseando a la gente se vuelve un proceder contraproducente y generador de más inseguridad.

Todos deberíamos estar empeñados –y en primer lugar los responsables de la conducción nacional– en respondernos seriamente otra pregunta clave, que es una cadena de preguntas: ¿Por qué no crecemos como deberíamos, cuando otros lo están logrando en los entornos? ¿Qué estímulos necesitamos para vitalizar la inversión y motivar la innovación empresarial? ¿Qué moldes y esquemas hay que superar o transformar para no continuar estancados? Algo, o un conjunto de “algos”, nos mantiene en esta situación que se vuelve cada vez más complicada.

Hay que generar los incentivos que permitan ser verdaderamente competitivos, de una manera realista y actual. Y si, por ejemplo, nuestros vecinos dan importantes facilidades y estímulos para la inversión en áreas específicas, como el turismo para el caso, nosotros tenemos que buscar las formas y las fórmulas para ser más atractivos que ellos. Debemos salir de una vez por todas de esa trampa perversa de creer que el país les hace un favor a los que invierten, cuando es al contrario. Por persistir en la obsesión en agenciarse para el erario ganancias que no han llegado a producirse está como está el proyecto del Puerto de La Unión, que hay que concesionar cuanto antes, pero de una manera inteligente y visionaria, porque ahora se trata de salir de los corralitos locales y regionales para saltar al mundo, como hacen todos los que se desarrollan de veras.

La única salida realista es la reactivación económica

LPG-Países árabes: ¿por el fin de las tiranías?

 Costa Rica condenó “las acciones violentas del Gobierno de Libia hacia su población'”, denunciando que “es una barbarie lo que se ha hecho con la población civil que protesta por su libertad... es un genocidio”.

Escrito por Claudio M. de Rosa.Escritor 28 de Febrero.Tomado de La Prensa Gráfica.

 

Todo comenzó con la revolución en Túnez que se ha propagado por el mundo árabe, donde buena parte de sus países tienen gobiernos rodeados de funcionarios descritos como “clásicos cleptócratas” (burócratas ladrones), que se han enriquecido mientras sus pueblos, bajo opresión, se mantienen empobrecidos. Gran mensaje para muchos, que dejan que la corrupción se entronice a todo nivel, mientras la gente se siente desesperada por las dificultades económicas y, como en El Salvador, también angustiada por la delincuencia.

Los expertos consideran que en estos países no habrá una evolución radical, porque los vicios de la corrupción no se eliminarán fácilmente, pero es un primer paso de un proceso “irreversible”. Lo más espectacular es que el poder de la libertad, expresada en internet, redes sociales y la comunicación vía celulares, contagió a jóvenes estudiantes y profesionales, que perdieron el miedo a la violencia gubernamental y están derribando gobiernos. Indudablemente, la tecnología, la información y las comunicaciones han cambiado el mundo.

El 14 de enero cayó el presidente de Túnez, Zine el Abidine Ben Ali, después de 23 años de gobierno. El 11 de febrero renunció Hosni Mubarak en Egipto, tras 30 años de gobierno. Ante fuertes protestas, en Yemen, Ali Abdullah Saleh se comprometió dejar el poder en 2013, pero está al rojo vivo. En Jordania, el rey Abdalá II introduce reformas preventivas, para contener el descontento. Igualmente lo hace el Gobierno de Argelia. Las “ciber-convocatorias” vía internet en Marruecos demandan al rey reformas a la Constitución y terminar con la corrupción. En Siria, los llamados a la “revolución” se mantienen en las redes sociales, y varios activistas han sido detenidos. En Irán ante las fuertes manifestaciones de mediados de febrero el Gobierno reaccionó con una dura represión y el presidente Obama les señaló “lo que es verdad para Egipto tiene que ser verdad para Irán”, dada la similitud de las demandas con las del pueblo egipcio. En Bahréin, el 17 de febrero el Gobierno decretó el Estado de Emergencia para aplastar el levantamiento chii, que pedía reformas democráticas, causando tres muertos y 230 heridos.

Las protestas en Libia comenzaron el 15 de febrero y desde un inicio fueron sangrientamente reprimidas por una parte del ejército y 30 mil mercenarios, tras 40 años de dictadura de Muamar el Gadafi. Nadie conoce el número de muertos, pero Human Rights Watch los estima en 300 y según televisiones españolas llegan a 1,000, mientras que en playas libanesas cavan tumbas para los muertos. Tambalea un régimen sanguinario, donde está prohibido todo partido de oposición y sus partidarios intimidados con pena de muerte. Erradamente, con las amenazas de “baños de sangre”, Gadafi ha entrado en un callejón de difícil salida.

El precio del petróleo superó los $100 el barril, amenazando tanto la recuperación económica mundial como con un alza de los alimentos por aumentos de precios de los fertilizantes. El anuncio que Arabia Saudita producirá más petróleo, el control de los rebeldes de la mayor parte de las fuentes de producción del país con las mayores reservas de petróleo de África, han calmado a los mercados. Pero, todo dependerá cuánto tiempo tome resolverse la crisis de Libia.

En Latinoamérica varios gobiernos han condenado la violencia de Gadafi, mientras los que luchan por enraizarse en el poder lo apoyan. Daniel Ortega dijo: “Me he estado comunicando telefónicamente con Gadafi... lógicamente él está librando nuevamente una gran batalla, ¡cuántas batallas ha tenido que librar Gadafi!... le transmití... la solidaridad de los sandinistas nicaragüenses”. Fidel Castro señaló que “al gobierno de EUA no le preocupa en absoluto la paz en Libia, y no vacilará en dar a la OTAN la orden de invadir ese rico país”, sin mostrar preocupación alguna por las víctimas ni condenar la represión. Chávez mantiene silencio, pero su canciller hace “votos porque el pueblo libio encuentre... una solución pacífica a sus dificultades... sin la injerencia del imperialismo”.

Contrariamente, el Gobierno de Costa Rica condenó “las acciones violentas del Gobierno de Libia hacia su población”, denunciando que “es una barbarie lo que se ha hecho con la población civil que protesta por su libertad... es un genocidio”. En El Salvador, el Gobierno aún no se pronuncia debidamente ante tan grave violación de derechos humanos. Es lamentable.

Países árabes: ¿por el fin de las tiranías?

LPG-Barbarie y recompensa

 La honorable Asamblea Legislativa inició su sesión plenaria del jueves anterior con un minuto de silencio. ¿Acto de solidaridad, reacción ante el clamor popular o mea culpa? Vaya usted a saber. Pero si en este país alguien creyera todavía en la responsabilidad y la sensibilidad del ser humano, podría atreverse a pensar que la acción de los diputados fue una reacción natural y espontánea ante la pérdida de diecinueve vidas humanas y las decenas de otras personas que resultaron lesionadas solo en dos accidentes de tránsito ocurridos entre lunes y miércoles, provocados por varias unidades del transporte colectivo. Todavía no habían ocurrido otros accidentes en la carretera que conduce a Sonsonate donde resultaron afectadas casi 30 personas.

Escrito por Juan Héctor Vidal.Escritor 28 de Febrero.Tomado de La Prensa Gráfica.

 

Razón tiene la OMS, al ubicar a El Salvador a la cabeza de los once países que destacan a escala mundial por ocurrencia de accidentes de tránsito y en el tercer lugar en América Latina por el mismo fenómeno. Y de que el BID y la OPS coincidan en que nuestro país supera significativamente la media latinoamericana en lo concerniente al mismo fenómeno. Obviamente, la cantidad de víctimas fatales está correlacionada estrechamente con esos parámetros.

Es en este escenario, particularmente frío, donde hoy lamentamos de lo ocurrido. Pero casi nunca nos preguntamos cuántos niños quedan diariamente en la orfandad, cuántos lisiados y cuántas familias sin su principal sostén, por el comportamiento irresponsable de verdaderos asesinos al volante. La población ha quedado perpleja al enterarse de cómo a un motorista que acumula casi trescientas infracciones de tránsito se le siga confiando la vida de miles de personas, de que un 20% de los mal llamados conductores maneje con licencias vencidas o sin ellas y que los buses circulen sobre ruedas que asemejan chancletas de pordiosero. Es obvio, que, en estos casos, la responsabilidad es compartida por “empresarios” que se lucran con el dolor ajeno.

Pero la excesiva permisividad de los responsables de hacer cumplir la ley también abona un comportamiento abusivo de un sector que por años ha mantenido virtualmente secuestrado al gobierno. Se sabe que detrás de las canonjías que reciben los empresarios de buses, se mueven grandes intereses políticos, enquistados principalmente en la Asamblea Legislativa. Dispensar multas, prorrogar la aplicación de la ley, autorizar la circulación buses chatarra, servirse con la cuchara grande y además proteger a verdaderos gañanes no son precisamente credenciales que glorifican al primer Órgano del Estado.

Los costos monetarios en que incurrimos los contribuyentes por la irresponsabilidad y los negociados de unos pocos sin duda palidecen frente a tanto dolor que provoca su comportamiento. Pero ello no nos impide denunciar ante la ciudadanía la desfachatez de algunos dirigentes del sector, que todavía están inconformes con el subsidio de $60 millones que se les otorga, su rechazo a cualquier iniciativa orientada a reestructurar el sector para seguir medrando a costa de los sectores más vulnerables y su osadía de desafiar abiertamente a las autoridades, sin duda porque la información que manejan compromete a políticos y otros grupos de poder.

Pero la cancha aparentemente la tienen más marcada de lo que uno se imagina. Y para muestra un botón. Un dirigente gremial insinuó la existencia de una especie de complot, no sabemos si interno, o por la crítica social que ha arreciado a raíz de los últimos acontecimientos. En todo caso deslizó la idea de que ello podría estar ligado a la batalla que nuevamente le ganaron al gobierno con un subsidio que excede las pretensiones que tenían los mismos empresarios.

De continuar la situación imperante y si los señores diputados se siguen condoliendo por tanta tragedia, tendrán que dedicar el primer minuto de cada sesión a guardar silencio, aunque nunca sepamos con certeza el verdadero motivo de ese simbólico acto.

Barbarie y recompensa

LPG-Despoliticemos la Corte de Cuentas

 En abril próximo se deberá nombrar a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República (C. de C.). Es el momento de despolitizar dicha institución. El problema que motiva este artículo tiene un fondo histórico frecuentemente señalado, cual es que el nombramiento de los magistrados de la C. de C. ha sido objeto de acuerdos políticos con dedicatorias pactadas a favor de algún partido en especial, afectando su autonomía y libre desempeño.

Escrito por el Imperio del Derecho.Escritor 28 de Febrero.Tomado de La Prensa Gráfica.

El art. 195 de la Constitución establece que la fiscalización de la hacienda pública y de la ejecución del presupuesto estará cargo de la C. de C., un organismo independiente del Órgano Ejecutivo. Ese artículo le confiere atribuciones de vigilancia, autorización y control administrativo de las finanzas estatales, que debemos fortalecer; y tiene, además, funciones jurisdiccionales, por medio de Cámaras de Primera y de Segunda Instancia.

La Cámara de Segunda Instancia se integra por el presidente de la Corte y dos magistrados, elegidos para un período de tres años, que ahora deberán renovarse por la Asamblea Legislativa. El artículo 131 Cn. ordinal 19º atribuye a la Asamblea Legislativa la potestad de elegir al presidente y magistrados de la C. de C., y por no requerir mayoría calificada basta el voto de 43 diputados.

Los artículos 98 y 99 del Reglamento Interior del Órgano de referencia indican un trámite para la elección, que debe cumplirse. Enfatizamos esto en vista de que en la ocasión anterior hubo dispensa de trámites y no fue público el proceso.

Es necesario que despoliticemos de manera absoluta la C. de C., a fin de que no haya tráfico de influencias que pongan en jaque la autonomía de las decisiones de ese ente en el ejercicio de sus competencias y también en los nombramientos de su personal. Se debe designar a los magistrados sobre la base de criterios de idoneidad, experiencia e independencia partidaria. La Constitución prescribe que deben ser salvadoreños por nacimiento, de honradez y competencia notorias.

La sociedad civil está cansada de decisiones políticamente sesgadas que ocurren en la Asamblea Legislativa. Los señores diputados deben cuidar, en cumplimiento de su juramento, la fidelidad, en el marco constitucional, a los principios fijados para la legitimidad democrática y buen funcionamiento del Estado. Muchas veces hemos instado por el imperio del derecho, para evitar prácticas nocivas. Bajo ningún argumento debe prevalecer el reparto de instituciones como cuotas de poder para los partidos. Señores diputados a la Asamblea, basta ya.

El cambio para el cual el pueblo los eligió como sus representantes se pone de manifiesto en ocasiones como la presente, en la que se debe patentizar la voluntad de impulsar la institucionalidad del Estado. Les estamos pidiendo que estos nombramientos sean transparentes, que los candidatos sean examinados y calificados sobre la base de su probidad, reconocido prestigio y conocimientos especializados, lo que no obsta a que dejemos a salvo la honorabilidad de actuales magistrados.

Pugnamos por funcionarios que tengan el valor y pleno poder real para llevar adelante la fiscalización del manejo de los fondos públicos, en forma acuciosa, responsable, libre y eficiente.

Así como han logrado aprobar la ley de transparencia, denominada Ley de Acceso a la Información Pública, con mecanismos para hacer efectivos derechos de fiscalización ciudadana, aseguremos la función de contraloría estatal en forma impecable. Rescatemos esta institución, que es de rango primario, en sus facultades expresas para la supervisión financiera y la honestidad administrativa, que deben aplicarse sin excusas.

No es posible que la C. de C. se instrumentalice por intereses políticos para “pasar facturas” a funcionarios dignos, o por el contrario para ocultar casos de corrupción o infracción de ley, favoreciendo la impunidad.

Despoliticemos la Corte de Cuentas

LPG-Relatividad, responsabilidad, interacción

 En el país, se vive —y se ha vivido siempre— en un ambiente de incertidumbres variadas, que provienen de todos los ámbitos de la realidad: el político, el socioeconómico y el psicocultural. Es como si los salvadoreños estuviéramos marcados por el sino de la inseguridad. Pero, desde luego, eso no es una fatalidad que venga de nuestra propia naturaleza, lo cual sería depender de una idea determinista del destino, sino consecuencia derivada de nunca haber emprendido a tiempo las tareas de modernización que el mismo proceso del acontecer nacional le va poniendo a la sociedad en los momentos sucesivos del devenir. Resistirse a la evolución fomenta lo irreal, que en nuestro caso fue esa tensión que se volvió permanente entre inmovilismo y revolución. La experiencia bélica y su solución hicieron posible el paso a otro plano de realidades.

Escrito por David Escobar Galindo. / Escritor 28 de Febrero.Tomado de La Prensa Gráfica.

 

Estamos inmersos hoy en una reconstrucción correctiva de posguerra que significa a la vez una prenormalidad democrática permanente. Hemos pasado a una etapa nueva.

Estamos inmersos hoy en una reconstrucción correctiva de posguerra que significa a la vez una prenormalidad democrática permanente. Hemos pasado a una etapa nueva. Lo que ya no se puede es seguir queriendo interpretar los fenómenos actuales según las imágenes de la etapa anterior. Y esto es aplicable y exigible a todos, particularmente la derecha y la izquierda. En el país, se requiere configurar un pensamiento de derecha y redefinir un pensamiento de izquierda, conforme a lo que los tiempos permiten y demandan. En general, la derecha nunca tuvo un pensamiento estructurado, y la izquierda copió a la letra una ilusión ideológica diz que universal. Nada de eso vale en los tiempos que corren; y dicha falta de validez tiene ahora mismo dimensiones globales, como está visto en las diversas latitudes del mapamundi.

Pero no es posible asegurar una sana evolución en tal sentido si los actores políticos no reconocen y asumen sin reservas la lógica natural de la democracia, cuyo ejercicio se basa en la vigencia normal de algunos conceptos fundamentales, que no son teóricos sino eminentemente prácticos. Señalamos aquí tres de esos conceptos, que no son evadibles de ninguna manera, y, antes bien, responden a la espontaneidad de la democracia en acción: relatividad, responsabilidad, interacción. Se trata de conceptos eslabonados entre sí. La relatividad del poder dentro del ejercicio democrático implica responsabilidad en cada uno de los actores sectoriales y sociales; y de la relatividad responsable deriva la necesidad de que entre todos se generen mecanismos de interacción que hagan posible el desenvolvimiento de la dinámica evolutiva de la sociedad en su conjunto.

¿Qué significa relatividad, tal como ésta se vive en la cotidianidad de la democracia? Significa que la democracia, cuando es verdaderamente tal, nunca concede o permite poderes absolutos. Por el sentido propio de la competencia democrática, los verbos “ganar” y “perder” son de carácter eminentemente relativo. Las elecciones, sean las que fueren, nunca le dan el poder total a nadie: siempre hay un reparto de poderes; y, por consecuencia directa, un reparto de responsabilidades. En el ambiente nacional, buena cantidad de las ansiedades y ñáñaras que andan circulando derivan de que los liderazgos se rigen aún más por las imágenes heredadas del autoritarismo que por las que corresponden a la vigencia democrática. La compulsión de “ganar” y el terror a “perder” deben ser desactivados, para poner las cosas en su verdadera dimensión.

¿Qué significa responsabilidad, cuando se hace recuento de roles y de compromisos en el hacer democrático del día a día? Significa que nadie está por encima ni por debajo de función básica de crear y garantizar equilibrios que aseguren la estabilidad, propicien la prosperidad y potencien el desarrollo en todos los órdenes. De nuevo, la supervivencia de los reflejos autoritarios hace alianza con el abuso de los intereses y desordena el balance de las responsabilidades. Eso sólo puede mantenerse cuando la legalidad es débil y la arbitrariedad es fuerte. Hay, pues, que consolidar el Estado de Responsabilidad, que es la base del Estado de Derecho. Se trata de pasar de la formalidad democrática a la funcionalidad democrática. Estamos en esa ruta, pero los rodeos constantes hacen que prolifere la confusión sobre lo que puede venir a cada vuelta del camino.

Ni la relatividad normaliza el flujo de los hechos ni la responsabilidad organiza el quehacer del fenómeno real si no hay energías convergentes que muevan la maquinaria de ese ente integrador que llamamos nación. Y tales energías sólo puede proveerlas la interacción política, económica y social. Cuando hablamos de interacción no nos referimos a una especie de sociabilidad más o menos cordial entre fuerzas, sino a algo mucho más estructurado y consistente. La interacción tal como debe ser implica un conjunto de factores activos, como la voluntad orientada al bien común, la distensión de ánimos y de actitudes, el respeto mutuo y el reconocimiento de la misión compartida. En la democracia, interactuar es tan natural como respirar. No entenderlo o querer desconocerlo es ir en contra de la corriente espontánea de los hechos.

Relatividad, responsabilidad, interacción

Contra Punto-Curiosa insistencia en los seguros para vehículos - Noticias de El Salvador - ContraPunto - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 Luis Armando González.28  de Febrero. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR-En las últimas semanas ha arreciado la campaña para que los propietarios de vehículos adquieran seguros obligatorios.  La justificación de esta exigencia se respalda con abundante información de prensa en la cual se hacen evidentes las tragedias provocadas por conductores inescrupulosos e irresponsables para quienes la vida y seguridad de los demás poco importan.
Sin que se salven de esta acusación los conductores de vehículos particulares,  las pruebas que más se esgrimen apuntan a los conductores (y propietarios) de microbuses y autobuses del transporte colectivo.  Nadie puede poner en duda la lógica criminal que se ha impuesto en este sector –y que se ha extendido a propietarios de vehículos particulares—, lógica que se traduce en abusos de todo tipo y, en el límite, en la pérdida de vidas humanas.
Ahora bien, las tragedias y el dolor generados por la irresponsabilidad de conductores (y propietarios) de unidades de transporte colectivo no es cosa de ahora, como parecen sugerir algunas de las coberturas noticiosas de las últimas semanas.  Es irresponsable hacer creer a la sociedad que nunca como ahora se han dado tantos accidentes y muertes por irrespeto a las leyes de tránsito o por la obsolescencia de las unidades de transporte colectivo (o de vehículos particulares).
El problema viene de, por lo menos, los últimos 25 años, cuando inició la “liberalización” corrupta del sistema de transporte colectivo, dejando que cualquier persona con afán de lucrarse se hizo empresaria, adquiriendo el derecho a circular en rutas que se otorgaron sin recato.
Las tragedias que han golpeado a la sociedad –amén de los abusos cotidianos— por obra y gracia de conductores y empresarios irresponsables son la expresión y no la raíz de un problema que nace de la privatización mercantilista del transporte colectivo a finales de los años ochenta –y que se continuó en las dos décadas siguientes—.
Entonces, de lo que se trata es de ir a la raíz. Es decir, a la reconversión del sistema de transporte público de forma que el Estado sea el que lo gestione y fije las reglas del quehacer de los conductores y de los empresarios que, en caso de que se imponga el ideal de un sistema mixto, decidan ser parte de ese sistema.
Mientras tanto –o si acaso no se avanza hacia ese ideal— el Estado debe diseñar e implementar mecanismos de control y de sanción firmes para evitar los males sociales generados por el actual sistema de transporte colectivo y garantizar la seguridad ciudadana.
Aquí, dirán  alegremente algunos, se impone un seguro obligatorio de vehículos. Quizás, pero no necesariamente como lo proponen los auspiciadores de la medida: como la única y prioritaria medida, y como una medida que debe favorecer a las compañías de seguros.
Así, es el momento para que el Estado cree su propia institución aseguradora, en lo cual si tendría sentido la obligatoriedad de ese seguro. En el marco actual, una imposición de ese tipo convertiría a los propietarios de vehículos en clientes forzados de las aseguradoras, lo cual les dejaría a ésta pingües ganancias.
Como complemento de ello, en segundo lugar, se impone un plan de reordenamiento del transporte colectivo y de reordenamiento territorial, que se funde en un diagnóstico de necesidades y que distribuya las rutas y la cantidad de unidades según esas necesidades a lo largo y ancho del país.
En tercer lugar, una reducción de la cantidad de vehículos que circulan: el “hoy no se circula” debe impulsarse cuanto antes, al tiempo que se tiene que pensar en poner límites al número de vehículos por familia.
En cuarto lugar, penalización severa a quienes violan las leyes de tránsito, violaciones que deben ser consideradas delitos mayores y como tales sujetos a las sanciones más duras que la ley permita. Hay quienes son una amenaza pública cuando manejan: el Estado tiene la obligación de impedir que lo sean.
Como se ve, hay varias cosas que hacer, y no sólo obligar a la adquisición de un seguro obligatorio. Es inevitable no sospechar de las intensiones de quienes insisten una y otra vez en lo urgente de esa medida. Es curioso cómo se esfuerzan por hacer creer a la opinión pública de que nunca como ahora se habían dado tantos accidentes (y tragedias) de tránsito. 

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EDH-Transportistas marchan rumbo a Casa Presidencial

 Mientras en el Redondel Integración microbuseros pirata del sector de Quezaltepeque han bloqueado el paso

Empleados de diferente rutas de buses y microbuses se desplazan a casa Presidencial, sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo.FOTO / edh Vía móvil René Rodríguez

Liseth Alas/ María Cidón.28  de Febrero. Tomado de El Diario de Hoy.

 

Caos vial se ha generado sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo y Redondel Integración debido a protesta de transportistas.

Un grupo de varios empleados de diversas rutas de buses y microbuses marchan rumbo a Casa Presidencial en rechazo al estricto control vehicular contra el sector que ejecuta la Policía de Tránsito.

El recorrido partió desde la Plaza Salvador del Mundo, con la finalidad de entregar una misiva al Gobierno para pedir una mesa de diálogo, en la que puedan establecerse los planes de pagos para cancelar paulatinamente las esquelas o que las sanciones se han solventadas mediante servicio social.

Sin embargo, no todas las unidades del colectivo del país apoyan la medida de presión.

La mayoría de los trabajadores son de la rutas 101 B, 42, 45 y 115, entre otras, quienes han cesado labores debido a que no cuentan con licencia vigente, al no refrendarla por posee infracciones acumuladas.

La marcha se desplaza por la Alameda Manuel Enrique Araujo y está ocasionando dificultades viales.

Otra protesta registra la Policía en el sector del Redondel Integración, en donde microbuseros pirata de Quezaltepeque protestan porque el Viceministerio de Transporte legalice sus unidades.

En el lugar la Policía ha habilitado un carril a doble sentido.

Mientras la Unidad del Mantenimiento del Orden levantó el bloqueo de la carretera Troncal del Norte, entre los kilómetros 7 y 10 de Ciudad Delgado, en donde por varias horas de esta mañana un grupo de empleados del colectivo de la ruta 4 y 38 quemaron llantas .

El cierre de calle generó un serio congestionamiento ocasionando atrasos a cientos de automovilistas, trabajadores y escolares que se desplazan a sus destinos.

En esta zona usuarios afectados denunciaron que hubo un conductor disparo contra los manifestantes, sin reportarse heridos.

No obstante, la Policía detuvo al atacante.

Los transportistas calificaron el plan que implementan las autoridades de "acoso policial".

La protesta es apoyada por algunos dirigentes del transporte.

En un entrevista televisiva el presidente de la asociación de microbuses Fecoatrans, Catalino Miranda, consideró que "los motoristas que apoyan el paro son héroes, porque no se atrevieron a trabajar por el acoso policial".

"No hay acoso policial, estamos haciendo nuestro trabajo como la ley manda, lo que pasa es que siente la presión, nunca se les ha tratado como se les esta tratando desde el día sábado de registrar unidad por unidad", sostuvo la subinspectora de tránsito Marta Recinos.

El Gobierno está reunido de emergencia en Casa Presidencial para ver cómo maneja el problema que se le ha presentado hoy con estas protestas.

La medida la aplica la Policía de Tránsito con la finalidad de evitar tragedias como las ocurridas la semana anterior, en las cuales estuvieron involucradas transportistas.

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EDH-Editorial-La comisión de DDHH con Gadafi y los Castro

 Las masas que están sublevándose en el mundo árabe no tienen un futuro claro frente a sí, con el agravante de que han despertado una ola de expectativas imposibles de satisfacer

28  de Febrero. Tomado de El Diario de Hoy.

 

Entre las primeras sanciones impuestas por las Naciones Unidas al régimen libio de Gadafi está su expulsión como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del organismo, grupo que incluye regímenes tan respetuosos de las libertades y los derechos de la persona como Cuba, Argelia, Indonesia, Túnez, Arabia Saudita, Qatar y Ecuador.

La condición de virtual esclavitud de la mujer en Arabia Saudita, o para el caso en prácticamente todas la naciones islámicas, convierte en una burla la existencia de la Comisión, a lo que se suma la membresía de Cuba, el más largo despotismo de la época contemporánea.

Hasta dónde llegarán las sanciones no se sabe, como tampoco está claro si habrá una intervención militar. Ya se congelaron las cuentas bancarias del clan Gadafi en el exterior, una inmensa fortuna de billones de dólares que la familia derrochaba sin sentido. Los miembros masculinos mantenían harenes (Gadafi se hacía acompañar por una voluptuosa y rubia enfermera ucraniana ) y su hijo Saif al Islam pagó un millón de dólares a Beyonce por cuatro canciones en una fiesta en St. Kitts. Proveer de mujeres al clan fue siempre una forma de ganar influencia.

Al lado de una suntuosidad sin límites, el régimen mantenía control sobre el país con represiones salvajes, asesinando a opositores, vigilando barrio por barrio, controlando medios, instituciones y lo que entraba y salía de Libia.

Hace un par de décadas Gadafi patrocinó actos de terrorismo, entre los cuales sobresale un atentado dinamitero en un cabaret de Berlín, la bomba que destruyó el avión de Pan American que cayó en Lockerbie y el asesinato de disidentes libios en el exterior. Además se puso a fabricar armas de destrucción masiva, entre ellas gases asfixiantes, lo que abandonó después que aviones de guerra estadounidenses atacaran Trípoli y uno de los palacios del dictador, matando muchas decenas de personas asociadas a él, entre ellas una tía.

Posteriormente Gadafi, a cambio de una relación más tranquila con Occidente, hizo diversos tratos, como controlar parte del flujo de panteras con inmigrantes ilegales de África al sur de Europa.

Los fundamentalistas rondan como buitres

Aceptar o convivir con dictaduras resulta fácil para gobiernos democráticos, pero tiene sus consecuencias y sus eventuales terribles costos. Las masas que están sublevándose en el mundo árabe no tienen un futuro claro frente a sí, con el agravante de que han despertado una ola de expectativas imposibles de satisfacer. Para muchos, Egipto está entrampado, ya que establecer un régimen económico capaz de brindar una medida de desarrollo y con oportunidad para sus jóvenes, resulta imposible dadas las posturas ideológicas de los grupos que están llenando los espacios que dejó la dictadura.

Lo mismo va a suceder en Libia, aunque los libios cuentan con un enorme ingreso por la venta de petróleo, el crudo "más limpio" del mundo.

¿Cómo pueden recuperar influencia las naciones occidentales a quienes las masas árabes oprimidas por esas salvajes dictaduras han visto como cómplices silenciosos de los carniceros que los vienen subyugando? Paradójicamente el ex presidente Bush es el único de los líderes de Occidente que jugó la carta de la democratización en sus tratos con los regímenes que ahora están cayéndose o tambaleándose.

Caen unos y otros matones y organizaciones terroristas están al acecho, como la hermandad musulmana con su teocracia cavernícola.

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EDH-Eliminación de murales en la vía pública

 Javier Tobar Rodríguez.28  de Febrero. Tomado de El Diario de Hoy.

Se informó recientemente en este rotativo y puede ser apreciado en video, que algunos murales que adornaban las calles de Ataco, Ahuachapán, fueron eliminados. Al entrevistar al señor Alcalde del lugar sobre lo ocurrido, explicó que aquéllos habían sido pintados en paredes de propiedad privada y dio a entender que los bocetos que se pintaron no lo fueron con el consentimiento de los propietarios de los inmuebles donde figuraban. Tal situación ha provocado la decepción de patrocinadores, uno de ellos explica que su realización implicó un encuentro cultural entre artistas nacionales y estadounidenses.

Esta situación nos sirve de premisa para analizar abstractamente el derecho de todo autor, muralista, respecto de los derechos que le son conferidos por nuestra legislación y que son también reconocidos en otras (v.gr. la española). Nos referimos al derecho a la integridad de la obra artística, en este caso, los murales reciben esa calificación. Constituyen una expresión cultural internacionalmente difundida y no son grafitis.

Puntualmente, el artista según nuestra legislación tiene derechos morales sobre su mural. La integridad de la obra es uno de ellos [arts. 5 y 6 lit. i) de la Ley de Propiedad Intelectual]. Lo faculta a oponerse a la mutilación, deformación y destrucción de la obra incluso frente al propietario adquirente de la obra (dueño de la casa o adquirente de un cuadro de pintura). Es decir, hay dos tipos de propiedades: la propiedad intelectual del autor del mural y el derecho de propiedad privada del inmueble.

El derecho de autor constituye un plus o goza de cierta preferencia frente al titular de la propiedad privada. Amén, que es posible sostener en más de algún caso que podría existir un derecho social sobre la obra frente al derecho de propiedad privada citado, es decir, el derecho de la comunidad o sociedad a disfrutar del mural (art. 103 de la Constitución).

En nuestra América, uno de los recordados exponentes fue el polémico mexicano Diego Rivera, quien al igual que los artistas antes mencionados sufrió una afrenta similar en el año 1933, por haber pintado un mural con motivos revolucionarios (comunista) en uno de los edificios emblemáticos ubicado en Nueva York, corazón del capitalismo y propiedad del magnate estadounidense Rockefeller. Él le pidió que pintara un mural y dejó al muralista en plena libertad e intimidad para escoger el boceto. Evidentemente, fue uno de esos tantos casos en que la obra de los autores se ubicaba en medio de conflictos políticos.

Esa anécdota cobra vida en nuestra sociedad cuando vemos el caso de Ataco y para prevenirlo podemos extrapolarlo a nuestra ciudad capital, la cual ha sido embellecida en este último período municipal, mediante la colocación de murales ubicados en diversas calles y avenidas principales. Espacios que han sido iluminados y vigilados. Así es como debe ser. No lo decimos por motivos políticos, sino porque así es como lo exige la propiedad intelectual y el Derecho.

Esta es la directriz que debe mover todo el andamiaje político social. De lo contrario una acción municipal puede rayar en un atropello, en ilegalidad contra el derecho de los artistas y de la sociedad entera. El incumplimiento del deber de vigilar el derecho ajeno (del autor) puede acarrear daños y perjuicios en contra de las municipalidades, tal como ha ocurrido en otras latitudes.

Se debe aprender a respetar el derecho ajeno, a usar el derecho sin abuso. Lo que implica reconocer que el ejercicio del derecho propio encuentra su límite en el ajeno. Los murales u otros tipos de expresiones culturales expuestos en vías públicas deben ser respetados por todos. Por eso, si son sometidos al descuido sostenido de la autoridad o a una acción directa destructiva de las pandillas, el artista merece ser indemnizado.

Los grafitis que dañen los murales deberían generar la imposición de una cuota en concepto de indemnización contra aquéllos con membrecía del grupo delictivo que los emplea, deducible legalmente en procesos judiciales en que resulten procesados.

*Máster en Derecho, Universidad Carlos III de Madrid.

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EDH-99 kw/h,el otro subsidio

 Un promedio de 600 mil hogares consumen por debajo de esa cifra y reciben un subsidio de $11.87. Al pasarse de los 99 Kw/h, el pago casi se triplica

28  de Febrero. Tomado de El Diario de Hoy.

 

Está claro que a partir de abril quienes consuman abajo de los 200 kilovatios hora (kw/h) de energía eléctrica recibirán el subsidio al gas propano. Pero detrás esta relación está otro subsidio, el de $11.67, que se entrega a unas 600 mil familias que consumen hasta 99 kw/h, contra más de un millón que no lo tienen.

Sin embargo, este beneficio se pierde fácilmente. Lo que representa un gasto fijo para una familia de dos personas que no posee lavadora, microondas, y plancha pocas prendas, puede convertirse en un pago que casi llega al triple apenas se pasa un kw/h.

Es el caso de una familia que ha promediado entre 80 y un poco más de 90 kw/h, pero que al superar el rango para el subsidio pasó de pagar 8.33 dólares (por 92 kw/h) a cancelar en febrero, 21.00 dólares por 102 kw/h. Esta familia apenas aumentó tres kw/h del rango establecido para el subsidio.

AES El Salvador, que representa a las empresas distribuidoras de electricidad CAESS, CLESA, EEO y DEUSEM, registran a unas 600 mil familias que consumen un promedio menor a 99 kw/h.

Según detalla Karina Orellana, directora comercial de AES, estos hogares tienen un promedio de cuatro personas, y son quienes consumen el mínimo.

Explicó que si bien la estadística es fluctuante, en este rango de consumo mínimo hay un grupo de entre 20 a 21 mil clientes que pueden elevar su nivel de consumo por una festividad familiar o eventualidad.

Las empresas sostienen que en el caso de las personas que aumentan el rango de consumo, tienen que pagar el doble (ante el retiro de los 11.87 dólares de subsidio), pero ante los aumentos de la tarifa eléctrica, como pasó en enero.

Explicaron que en época seca el precio de la tarifa eléctrica sube. No obstante, ésta, por orden de la Ley de Energía, debe de modificarse cada tres meses.

En enero anterior, los consumidores de más de 99 kw/h por mes vieron en su factura el aumento en la factura eléctrica, ya que subió entre 8 y 8.4%.

A inicios de 2001, el presidente del Grupo AES El Salvador, Abraham Bichara, aseguró que quienes consumen menos de 99 kw/h, que enmarcó en un 65% de hogares con energía, no serían afectados.

"Es importante destacar que a la gente que consume menos de 99 kilovatios hora, su factura prácticamente sigue igual. Ellos no reciben afectamiento", argumentó entonces Bichara.

Vinculante a otro subsidio

Y aunque las empresas que comercializan los servicios de electricidad se mantienen alejados del tema de la reacionalización del subsidio al gas, los fluctuantes precios en la tarifa eléctrica y los hábitos de consumo de los salvadoreños determinarán el éxito del proyecto impulsado por el Ejecutivo.

La racionalización iniciará en abril, y aunque esta semana inició la carnetización de quienes comparten medidores, propietarios de pequeños negocios y aquellos que no poseen electricidad, la confusión y las críticas, tanto de los beneficiados y los políticos están a la orden del día.

Hasta el secretario de comunicaciones del FMLN, Roberto Lorenzana, advirtió que si "no se ejecuta correctamente, dañaría al pueblo salvadoreño, a sectores populares" y obviamente a su partido.

Las prórrogas se han debido a que en un primer momento se dijo que los consumidores de menos de 99 kw/h recibirían en devolución $8.00. De 100 a 200 kw/h obtendrían $4.00, pero al final se determinó que todos los que consumen hasta 200 kw/h, recibirán $8.50. Queda demostrado que si se hubiese optado por los 99 kw/h, sólo 600 mil familias, serían las beneficiadas con el subsidio al gas.

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EDH-El país puja por ser "socio para el crecimiento"

 Katlen Urquilla.28  de Febrero. Tomado de El Diario de Hoy.

Uno de los pactos que el gobierno de Estados Unidos podría sellar con El Salvador para impulsar el despegue económico, sería mediante el programa "Socio para el crecimiento".

Así lo han adelantado las autoridades salvadoreñas que han expresado la necesidad de que el país sea elegido para ese programa y los funcionarios estadounidenses que han venido en días recientes para preparar la visita del presidente Barack Obama.

La preocupación de EE.UU. por el bajo crecimiento del país sería uno de los motores para meterlo a ese programa. De hecho, las cifras oficiales indican que de Centroamérica, El Salvador es el que menos creció el año pasado: menos del 1%.

El Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occcidental de los EE.UU., Arturo Valenzuela, anunció en su visita más reciente al país que la Casa Blanca analiza implementar dentro de un proyecto global que tiene para El Salvador un nuevo programa denominado "Socio para el Crecimiento".

Pero Valenzuela no especificó ni fecha de ejecución, ni los recursos a los que el país podría acceder. Los pormenores no están claros todavía.

¿Qué posibilidad tiene El Salvador de ser elegido? No se sabe con certeza, pero según las autoridades salvadoreñas, es el único país de América que estaría en la mira de Estados Unidos y sería uno de cuatro en todo el mundo para acceder a ese plan.

La Cancillería explicó la semana pasada que el programa "Socio para el crecimiento" se trata de un plan social que irá aparejado al reforzamiento de la seguridad en la región, al empleo y la educación para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia y las pandillas.

¿Qué ganancia sacaría el país con ese programa? Según el presidente Mauricio Funes (en declaraciones del pasado 18 de febrero) servirá para "superar la pobreza, la exclusión social, el lento crecimiento del país y el problema de la seguridad".

Según han explicado en el Gobierno, dicho programa iría aparejado a la posibilidad de que autoricen otro Fomilenio y a la iniciativa "Bridge".

Funes explicó que "ese va a ser el contenido fundamental de la alianza para el crecimiento" que abordará con Obama, a quien le dejará la ampliación de los detalles de esa iniciativa.

En el Ejecutivo indicaron en días pasados que los fondos de la iniciativa "Bridge" a los que accedan, serán utilizados en "áreas estratégicas" como: transporte público, inversión en aeropuertos, puertos y construcción de infraestructura vial.

Tras la visita de Valenzuela, el canciller Hugo Martínez comentó que para afinar los proyectos en los que invertirían los recursos del programa "Socio para el crecimiento", en caso de que el país sea elegido, crearían un equipo formado por representantes de ambas naciones.

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El Faro-¿Quiénes son nuestros reos? - ElFaro.net

 A pesar de que las autoridades llevan años diciendo que desde las cárceles se ordenan muchos crímenes, nadie ha querido saber hasta ahora quiénes son los que están en las prisiones salvadoreñas. Nadie consideró que eso fuera necesario para diseñar políticas públicas y gobernar los penales. Ni siquiera hay certeza del número exacto de internos porque apenas ahora, por primera vez, se está elaborando un censo de población penitenciaria. En estas condiciones, la pregunta es pertinente: ¿Para qué sirve un carcelero ciego?

José Luis Sanz, Carlos Martínez y Roberto Valencia.28  de Febrero. Tomado de El Faro.

 

En la cárcel sucede seguido que un reo te mira fijamente a los ojos y defiende su inocencia; sucede que otro te asegura que le detuvieron por error; sucede que un tercero, la mirada clavada también, jura y perjura que sigue preso porque su caso se traspapeló. En El Salvador, el caos administrativo y las décadas de desprecio social y político hacia los privados de libertad hacen realidad todo eso. En las prisiones salvadoreñas cientos de reclusos se esconden bajo una identidad falsa y ha pasado que un hombre permaneció encerrado nueve años después de haber sido declarado inocente. Ni siquiera hay certeza del número exacto de reclusos que literalmente se amontonan en los penales. Las cifras oficiales son tan endebles que ni los miembros del gabinete de Gobierno ponen las manos en el fuego por ellas.

Cuando en los primeros días de enero el reo Jesús Rivas Salazar desapareció de la Penitenciaría Central La Esperanza (Mariona), el ministro de Defensa, David Munguía Payés, incapaz de creer que el perímetro de seguridad instalado por sus soldados hubiera fallado, echó balones fuera: “Ahí dentro no hay control, no hay forma de saber si se fugó. Pudo haber faltado desde hace un mes y ahora se dan cuenta”. El general, que en este gobierno tiene funciones similares a las del ministro de Seguridad, llamaba incompetentes a los carceleros del Estado.

Douglas Moreno, director general de Centros Penales desde junio de 2009, guardó silencio y encajó el golpe. La ausencia de Rivas Salazar se detectó la mañana del miércoles 5, pero las mismas autoridades del penal dan por hecho que el joven de 19 años no se fugó durante la noche de la celda de hormigón en la que convivía con más de 40 reos, sino que no llegó a entrar en ella. El cerco militar pudo haber fallado, pero también lo hizo el recuento de reclusos de la noche anterior. El martes 4, el penal salvadoreño que más reos alberga se había ido a dormir sin saber que le faltaba al menos un hombre.

En teoría, tanto en Mariona como en el resto de cárceles del país, cada noche un custodio cuenta uno por uno a los presos que entran en cada celda y coteja cifras con las tablas del debería, ayudado por un coordinador de planta: un reo elegido por el resto como su representante. “Eso es en teoría”, dice Manfred Chelenbarguer, jefe de operaciones de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). En la práctica, los reos suelen tener más peso del que parece en la labor de recuento, según confirman diferentes ONG que trabajan desde hace años con reclusos. Los encargados de celda o los coordinadores de planta son los únicos responsables de comprobar que las celdas están vacías antes de que comience el recuento, y en el caso de que las cifras finales no cuadren es poco habitual que el procedimiento se repita completamente. Para una segunda revisión se suele confiar en la palabra de los internos.

“Cuenten de nuevo: ¿cuántos?”, pregunta un custodio. Desde dentro de la celda, una voz responde: “44”. Si esta cifra corrige el error anterior es probable que se transforme en número a lapicero sobre una libreta y el asunto quede zanjado. La escena la relata Marvin Amaya, director ejecutivo de la ONG Confraternidad Carcelaria de El Salvador, quien asegura que muchas noches ese 44 bajo el brazo del custodio seguirá una cadena de rutina que acabará haciéndolo oficial. Ese 44, salido de la boca de los mismos internos, será parte de una sumatoria que aparecerá en documentos sellados y que casi todos consideraremos verdad.

La fragilidad de la información del sistema penitenciario salvadoreño ha sido por años un secreto a voces, y va mucho más allá del recuento de presos. “En varias ocasiones hemos constatado que la Dirección de Centros Penales no tiene el control de las cárceles, y desconfiamos de sus datos por la experiencia que hemos tenido de ver el desorden en que muchos penales se manejan”, afirma Gerardo Alegría, procurador adjunto de derechos civiles de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Cuando habla de datos, Alegría se refiere tanto a cifras básicas como el número de personas privadas de libertad, su estado de salud, o su perfil delictivo como a los indicadores que, se supone, deben servir para el análisis de la sanidad y eficiencia del mismo sistema: ¿Cuál es el perfil sicosocial de los internos? ¿Cuántos de ellos elevan su grado de escolaridad durante su estancia en prisión? ¿Qué porcentaje de casos goza de beneficios por buena conducta? ¿Cuál es el nivel de reincidencia, de reingreso a las cárceles?

Son datos que Douglas Moreno no tiene. Tampoco los tuvo nunca su predecesor, Gilbert Cáceres. Ni Jaime Roberto Vilanova Chicas, ni Ástor Escalante, ni Rodolfo Garay Pineda, quien estuvo en el cargo 15 años, entre 1989 y 2004. Aunque todos hayan presentado periódicamente informes y memorias con un puñado de cifras aproximadas y estimaciones, esos datos, en realidad, no existen.

La mayoría de información de la red penitenciaria se basa en el contenido de los expedientes únicos que, por ley, se abren cada vez que una persona entra a reclusión en una cárcel. El artículo 88 de la Ley Penitenciaria establece que el expediente debe incluir datos generales del reo y su familia, características físicas, sentencia o datos del proceso en marcha contra él, antecedentes delictivos y perfiles socioeconómico y sicológico, entre otros aspectos. De la actualiz ación periódica de esos expedientes en poder de cada penal, y de su sistematización, deberían salir los indicadores y las conclusiones a partir de las cuales el Estado elabora y evalúa su política carcelaria.

Entre 2003 y 2004 hubo un intento por carnetizar a la población interna, pero el esfuerzo quedó rápidamente desfasado y se vio superado por el aumento del número de presos. En la última década, en que la población reclusa ha pasado de las 6 mil 800 personas de 2000 a los casi 25 mil de la actualidad, nunca ha habido en el sistema penitenciario salvadoreño una tecla que pulsar para que aparezcan esos indicadores, ni un equipo humano preparado y suficiente para convertir en información útil las toneladas de papel –fichas, informes, diligencias, anexos– que se acumulan en los despachos y bodegas de las 19 cárceles del país.

Ástor Escalante, quien estuvo al frente de Centros Penales entre diciembre de 2004 y diciembre de 2006 y después fue viceministro de Seguridad hasta 2009, resta trascendencia al tema y asegura que tanto él como los anteriores directores generales tuvieron la información “básica” a su disposición, “suficiente para tomar decisiones importantes”. Admite que la falta de recursos, tanto de infraestructura como de personal, impedía mantener actualizados todos los expedientes, pero insiste en que ello no le impedía hacer su trabajo, que parece vincular directamente a la seguridad y estabilidad del sistema. “Lo que sabes cuando estás en el cargo te permite desactivar algunos conflictos… o disminuir el número de delitos que se cometen desde la cárceles… momentáneamente”.

Douglas Moreno, el hombre que tiene ahora la papa caliente de las cárceles en sus manos, le contradice. Asegura que, en su despacho de la colonia Guadalupe de San Salvador, ha estado casi ciego: “La información que había no servía... la consecuencia es que violamos totalmente la ley (penitenciaria), que nos manda clasificar a los internos según sus perfiles. ¿Cómo vamos a hacer eso si no hay información para construir esos perfiles?”.

Cuando la actual administración tomó posesión en junio de 2009, en el penal de Mariona –por poner solo un ejemplo–, miles de esos expedientes estaban apilados en el suelo de un pasillo, a unos metros del patio en el que cada día parqueaba su furgoneta el director del penal, que no podía evitar verlos al caminar hacia su despacho. Ahí, en un rincón, desordenados, se mezclaban los historiales de quienes estaban en el penal y de otros que, tras cumplir su pena, ya lo habían abandonado. Algunos pertenecían a reclusos muertos hacía seis años. Muchos de los expedientes, según asegura José Luis Rodríguez, responsable de las estadísticas de la DGCP, estaban incompletos y no incluían siquiera copia de la sentencia del reo.

¿Información? ¿Para qué?

Juan Francisco Durán Turcios es pandillero de la Mara Salvatrucha que el 17 de abril de 2000 entró al penal de San Vicente mientras se le procesaba en un juzgado de Usulután por lesiones graves y en otro de Zacatecoluca por violación. En los meses siguientes rebotó a los penales de Usulután e Ilobasco. En este último participó en una riña en julio de 2001 y un expediente fiscal por lesiones se unió a su historial.

En realidad, en el momento de la trifulca Durán ya debía haber estado libre. Dos meses antes, en mayo, había sido absuelto tanto del delito de lesiones como del de violación, pero el segundo juez no dio orden de libertad, desconocedor del fallo del primero. Tampoco el juez de vigilancia asignado a su caso cruzó las dos sentencias. Tal vez nunca las recibió. Y en Ilobasco, si es que se recibieron, nunca se incorporaron a su expediente único. Tras la riña, Durán fue trasladado a Sensuntepeque y de allí a la cárcel de Apanteos. Ya era septiembre.

El expediente por lesiones fue archivado por la Fiscalía el 9 de enero de 2002 pero, de nuevo, nadie notificó al centro penal ni levantó una voz por el caso. El hombre tenía ya 21 meses preso, a pesar de haber sido absuelto de todos los cargos.

Durán fue trasladado al penal de Ciudad Barrios en 2004, con cuatro años de cárcel a sus espaldas, y allí debió lograr que alguien le escuchara, porque entre 2006 y 2007 de esa cárcel salieron hasta cuatro solicitudes de información al tribunal de Zacatecoluca, todas sin respuesta. Durán sumaba siete años en prisión. El caso reposó hasta que las nuevas autoridades del penal lo retomaron en enero de 2010 y, después de cinco meses de gestiones, lograron reunir las sentencias y resoluciones que aclaraban lo sucedido. Juan Francisco Durán Turcios fue liberado el 19 de mayo de 2010. Nueve años después de ser declarado inocente.

Según el expediente de la PDDH, a Durán le llamaron en la cárcel “loco y mentiroso” por reclamar durante años atención a su caso. Ahora Centros Penales y la PDDH se disputan el mérito de haber descubierto y gestionado su libertad. Nueve años después.

La ceguera institucional tiene efecto todos los días en lo que a la luz del día sucede en los patios carcelarios. En la era de Facebook, los familiares de reos de Mariona tienen su propio canal en Youtube en el que denuncian con videos grabados por los mismos reclusos, las malas condiciones de vida en el penal, pero hasta hace unas semanas los expedientes únicos de los internos no tenían ni siquiera foto. En su lugar, tras las páginas reservadas para los datos procesales del reo, dos hojas de papel recogían una especie de detallado test visual en el que algún funcionario de prisiones había marcado pequeños cuadros con una x: ¿Orejas? Grandes o pequeñas. ¿Cejas? Arqueadas, delgadas o pobladas. ¿Color de ojos? Azules, verdes, negros, marrones, café… ¿Forma del rostro? ¿Cabello? ¿Frente? ¿Boca? ¿Pómulos?

Guillermo García, que cumplió pena en la década de los 90 en Mariona y hoy preside la Asociación de Ex Internos Penitenciarios, relata cómo es la vida en ese mundo de expedientes sin fotografías. Dice que por años ha sido una práctica habitual que, sobre todo en las cárceles más pobladas, los reclusos se presenten unos en lugar de otros a ciertas diligencias procesales o a ruedas de reconocimiento. “Me llaman a mí y acudes tú. Así, engaño al juez, o al testigo y a la víctima”.

Incluso si descartamos la posibilidad de que haya corrupción y complicidad de los custodios, ningún guardia va a recordar rostro y nombre de 2 mil o 5 mil internos. Y por sobrecarga de trabajo no se acostumbra a cotejar las huellas dactilares del reo, olvidadas en el papel de su expediente. De todos modos, aun en el caso de que alguien encontrara el expediente correcto en una montaña de papeles, ningún funcionario en todo el sistema penitenciario tenía la formación necesaria para cotejar huellas a simple vista.

“A los internos se les ha manejado como simples números”, dice Marvin Amaya. Números que fallan y cuyo nombre, hasta el momento, no ha importado demasiado al sistema de justicia. Amaya asegura que es muy habitual que delincuentes de bajo perfil den nombres falsos a la Policía en el momento de la detención, a fin de mantener limpia su hoja de antecedentes o de encarar su proceso judicial y el posible encierro sin la sobrecarga de la reincidencia.

A finales de 2010, Centros Penales detectó a 170 reos con nombres falsos en Mariona. Los casos afloraron casi por casualidad: en el proceso de reordenamiento de los expedientes únicos y en un intento por retomar buenas prácticas, el equipo técnico del penal pidió al Ministerio de Educación la lista de los últimos titulados en primaria, secundaria y bachillerato a fin de incorporar sus diplomas de estudio al historial carcelario. Los expedientes de 170 no aparecieron. Literalmente no existían en el registro del penal. Interesados en conservar el título y sabedores de que Educación y Centros Penales no cruzan desde hace años sus listas, para los diplomas los reos sí habían dado sus nombres verdaderos.

Es solo parte del anecdotario de una red de instituciones –centros penales, juzgados, consejos criminológicos, PDDH…– desbordada por el volumen de trabajo y por inercias de negligencia e ilegalidad. Aunque tanto las autoridades del penal como el juez de vigilancia penitenciaria asignado deberían promover de oficio la evaluación de posibles beneficios penitenciarios para los presos que cumplen la mitad o dos terceras partes de su condena, en la práctica los plazos duermen hasta que alguien decide sacarlos del letargo.

Marvin Amaya asegura que, al menos hasta la depuración realizada el año pasado, numerosos funcionarios de prisiones cobraban a los reclusos a cambio de abrirles paso burocrático a la fase de confianza. Defensores de derechos humanos, reos y autoridades coinciden en que hay abogados que se lucran prestando servicios jurídicos que no consisten más que en hacer el reclamo formal de los derechos de personas sepultadas bajo el papeleo del sistema.

Aída Santos de Escobar, directora del Consejo Nacional de Seguridad Pública y por años jueza de ejecución de penas a menores, acepta la displicencia de los jueces. “Cuando el juez de vigilancia penitenciaria tiene acceso a un reo es porque el interno logró un abogado que le moviera el caso, cuando en realidad el juez debería ver de oficio cuándo el reo ha cumplido la mitad o las dos terceras partes de pena”, dice.

Gerardo Alegría, de la PDDH, es más rotundo: “Yo pongo en duda si en este país los jueces juzgan realmente a quien creen que están juzgando o si ponen en libertad a quien deberían poner en libertad.”

Las primeras luces

En una oficina de San Salvador, el encargado de estadísticas de Centros Penales, José Luis Rodríguez, teclea un nombre y en la pantalla aparece la fotografía de un hombre robusto, con un pequeño bigote y dos letras tatuadas en la frente. Debajo se lee parte de la ficha de un preso. Aunque el expediente no está completo, la novedad es que se trata de información tomada en tiempo real del registro del penal de Mariona.

Desde finales de 2010 la DGCP está informatizando e interconectando las bases de datos de todas las cárceles del país. Un equipo de unas 40 personas se desplaza a cada penal, quita el polvo de expedientes, digita su contenido en una computadora, registra los vacíos de información y toma a los reos correspondientes una fotografía digital y nuevas huellas dactilares, esta vez con un sistema de reconocimiento electrónico que Centros Penales compró en 2007 pero que no había usado hasta ahora.

De momento solo han alcanzado a sistematizar los datos de ocho centros –Apanteos, Ilopango, Mariona, San Miguel, San Vicente, Sensuntepeque, La Unión y Usulután–, pero la intención es incorporar a toda la población penitenciaria en pocos meses, hasta completar sus expedientes. Con ello, las autoridades esperan matar una bandada de pájaros de un tiro: podrán tener cifras actualizadas de la población reclusa y su perfil; podrán evaluar la idoneidad y el funcionamiento de los planes educativos o de trabajo carcelario; podrán detectar los internos que han cumplido los plazos que permiten optar a beneficios penitenciarios, o que han cumplido los dos años de detención provisional que fija como límite la ley. Con ello esperan poder aliviar en parte la saturación de las cárceles.

Rodríguez reconoce que no todo va sobre ruedas. Pese a la informatización del sistema, su equipo mantiene la rutina de llamar cada noche uno a uno a todos los penales para que reporten el recuento de presos, y en aquellos que ya están en red es habitual que la cifra no coincida con la que esos mismos penales han tecleado en sus computadoras. En el sistema carcelario pervive un sensible clima de ineficiencia y sospecha.

Sin embargo, con dos tercios de la población reclusa incorporada a la base estadística, ya se vislumbran algunos datos parciales que en algún momento se completarán y se pretende que estén en actualización constante. Un 67.7% de nuestros presos adultos tiene menos de 35 años; solo un 17% tiene estudios de bachillerato y un 1% completó la universidad; un 6% son analfabetos; el 21.7% purga pena por homicidio; y, en contra de lo que cabría esperar, las cifras preliminares hablan de solo un 6% de reincidencia.

Falta saber cómo afectará a estos números el conteo en el resto de penales, especialmente aquellos que concentran a los casi 9 mil pandilleros presos y que podrían alterar dramáticamente algunas variables. Aun así, si damos por bueno ese perfil preliminar, con una población reclusa muy joven y que en abrumadora mayoría cumple su primera condena, parece inevitable preguntarse por las posibilidades de reinserción que permite o promueve el sistema penitenciario. Lo que de nuevo nos lleva al círculo vicioso de la información disponible sobre cada reo.

Gerardo Alegría recuerda que cuando una persona ingresa a un penal se debería establecer para ella, de inmediato, un programa de rehabilitación. Para hacerlo es necesario evaluar al reo, sus delitos, sus condiciones de vida, las probables causas para delinquir, conocer su contexto social y diseñar el plan de readaptación. “Que haya una estrategia para tratar a cada persona, de manera individualizada, no solo según el delito que cometió”, aclara Alegría. Las evaluaciones deberían tomar en cuenta si el reo se sometió a un tratamiento y lo cumplió, si tiene algún desorden siquiátrico…

Sin embargo, como prueban una vez más los vacíos en sus expedientes penitenciarios, la mayoría de reos del país pasan lustros sin sentarse delante de un sicólogo. “Si estás tranquilo y no das problemas, no ves a un sicólogo hasta que cumples las dos terceras”, dice Marvin Amaya.

Sobre las posibilidades de construir planes de reinserción diseñados a la medida, Douglas Moreno prefiere reírse un poco y volver a lanzar preguntas: “¿Cómo voy a culpar a los consejos técnicos si ellos dependían de autoridades generales? ¿Cómo iban a recopilar esa información 12 o 13 personas en penales con miles de internos?”

Zacatecoluca, el penal de máxima seguridad y uno de los más modernos del país, tiene un sicólogo para unos 370 internos. Mariona tiene tres, pero han de atender a más de 5,300 reclusos. Aunque desde hace algunas semanas está abierto un proceso de selección y contratación de 150 personas entre sicólogos, trabajadores sociales y abogados para conformar nuevos equipos técnicos en los penales, llenar esas plazas está resultando más difícil de lo esperado. Se trata de un trabajo complejo que exige un alto nivel de especialización. Y muchos de los que podrían hacerlo tienen miedo de trabajar en las cárceles.

Ante la evidencia, Ástor Escalante hace un intento de autocrítica: “El sistema penitenciario jamás ha sido un punto de agenda de país, y nunca ha tenido los recursos suficientes para hacer un adecuado trabajo de reinserción, nunca”, pero insiste: “La pregunta es qué información requerís del sistema penitenciario para tomar según qué decisiones. Yo, con la información que el sistema tiene en la actualidad, podría tomar decisiones”.

Total, se podría inferir de su respuesta, para tener a la gente encerrada no necesitas saber quiénes son.

¿Quiénes son nuestros reos? - ElFaro.net

El Faro-CD olvida el caso Kattán y arranca para las elecciones - ElFaro.net

 El partido político que en sus Estatutos obliga a sus miembros a actuar con honradez, transparencia y con apego a la verdad ha dejado abierto un caso de supuesta corrupción que mancha directamente a su secretario general, y por el cual nunca hubo un pronunciamiento público.

Gabriel Labrador Aragón.28  de Febrero. Tomado de El Faro.

 

El partido Cambio Democrático (CD) cree que un señalamiento de corrupción sobre su líder, Óscar Kattán, no tiene importancia y que no es obstáculo para arrancar su carrera para las elecciones legislativas y municipales de 2012. Borrón y cuenta nueva. El partido que “quiere hacer las cosas distintas al resto de partidos”, como han dicho sus dirigentes, quiere enterrar el caso porque cree que “ya nadie se acuerda de eso”.

“Aun con el riesgo de que a los ojos de la ciudadanía el capítulo no esté cerrado, nosotros hemos decidido voltear la página como partido”, dijo el único diputado del CD, Douglas Avilés, al cuestionarle si creía conveniente ignorar los señalamientos de corrupción contra el secretario general de su partido. ¿No tienen miedo de que se les señale junto a un posible corrupto? "Yo no le doy mayor importancia a eso, son más importantes los intereses del pueblo. Más de alguno se va a ir a su casa enojado. Que se vaya”, dice Antonio Morales Erlich, otro dirigente del CD.

Avilés y otros miembros de la Comisión Política y del Consejo Nacional (integrado por los 14 representantes de los departamentos del país) confirmaron que hace una semana se decidió voltear la página, arropar a Kattán, y mantenerlo en la silla de la secretaría general del partido.

“No nos preocupa que al secretario general se le hagan esos señalamientos, son cosas sin importancia. Hemos llegado a la decisión de halar todos en la misma dirección y eso es lo que vamos a hacer”, dijo Stanley Rodríguez, presidente del Consejo Nacional, y director departamental por La Libertad.

En noviembre, Kattán fue acusado en público por el ex diputado del CD Juan Pablo Durán de ofrecerle una plaza fantasma en la Asamblea Legislativa a cambio de que se separara del partido de centro izquierda. Como prueba, Durán hizo escuchar en diversos espacios públicos audio que se supone se grabó a escondidas a mediados de 2010 durante una reunión entre Kattán, Durán y otros personajes no identificados.

Kattán había sido designado por el Consejo Nacional del CD para que anunciara a Juan Pablo Durán, hasta entonces encargado de la secretaría de desarrollo territorial, que debía separarse por el bien del partido. En la grabación se escucha una voz parecida a la de Kattán ofrecer a Durán una plaza por $2,125 mensuales hasta el 30 de abril de 2012. La oferta, según la grabación, tenía como objetivo asegurarle ingresos económicos y no dejarlo sin nada.

A juicio de Morales Erlich, la voz que se escucha en la grabación sí parece ser de Kattán, pero cree que la conversación pudo haber sido alterada. “Y en todo caso, el ofrecimiento era algo imposible de cumplir”, señaló.

Es posible que Kattán mintiera a Juan Pablo Durán sobre la plaza en la Asamblea Legislativa, dice Morales Erlich, pero asegura que el objetivo principal era sacarlo del partido. “(Lo que ofreció es) un absurdo, no era realista lo que estaba ofreciendo. ¿Que se lo pudo haber enganchado? Sí, pero es problema de ellos dos, para chambre estaba bien. Es como que yo te ofrezca una plaza de Naciones Unidas a las ya, y a vos te van a decir que para qué me creíste (ver entrevista).”

Hoy en día, la dirigencia del instituto está más preocupada en afinar sus candidaturas para las alcaldías y las diputaciones que en aclarar el caso, al menos ante la luz pública. El sábado antepasado, el partido juramentó el Comando Nacional de Campaña pero en el caso Kattán nunca ofrecieron una versión oficial del caso. Un caso que la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) se comprometió a indagar. De hecho, esa instancia aseguró a El Faro que tomaría la grabación como un elemento en la evaluación en el desempeño de Kattán como funcionario al frente del Instituto del Seguro Social (ISSS).

Kattán abandonó esa administración en diciembre, seis semanas después de que la grabación se hiciera pública. El funcionario se excusó en que el Ejecutivo prohibió a los titulares de su gabinete a hacer proselitismo.

Además de pedir el voto para el CD durante la próxima contienda electoral, Kattán se mantendrá en su puesto de secretario general del partido, pero además integrará el equipo del Comando de Campaña en el que administrará las finanzas de la contienda electoral y, correrá como diputado por Sonsonate, confirmaron fuentes del partido.

“Se le dará respaldo unánime como secretario general porque queremos ir a las elecciones y queremos salir lo mejor posible”, dice Douglas Avilés. Y agrega: “La historia se va a encargar de establecer si hicimos lo correcto o si nos equivocamos”.

Los Estatutos del partido Cambio Democrático obligan a sus integrantes a mantener una trayectoria proba. Para ser reconocido como miembro del partido hay que cumplir con todas las Normas de Conducta establecidas en el artículo 10 de los Estatutos. Dos incisos de dicho artículo establecen que la transparencia, la ética y el apego a la verdad son normas indispensables en la conducta privada y pública de cualquiera de sus miembros.

"Los miembros del Partido Cambio Democrático --establece el artículo 10-- se comprometen a regir su conducta pública y privada de acuerdo a las siguientes normas: a) Honradez y transparencia en el manejo de los bienes y dineros públicos; el miembro del Partido mantendrá una clara separación entre su patrimonio privado y el público, si fuere el caso, absteniéndose de aprovecharse de éste para obtener cualquier ventaja personal o para sus familiares y amigos. b) Apego a la verdad; el miembro del Partido deberá esforzarse por decir siempre la verdad, especialmente al pueblo, en su desempeño político".

Dentro del partido, es el Tribunal de Honor el encargado de ventilar las violaciones a los estatutos, principios, valores y objetivos del partido. En noviembre, Kattán dijo a los medios de comunicación que se había sometido ante el Tribunal de Honor para que estos tomaran cualquier decisión al respecto y volvió a decirlo esta semana que fue consultado por El Faro.

Pero Kattán negó una vez más que hubiera presentado pruebas de descargo o argumentos a su favor porque eso, según dijo, habría implicado que aceptaba de alguna manera las acusaciones en su contra. “No voy a dar ningún tipo de comentarios”, insistió esta semana el ex diputado del CD y ex director del ISSS.

El CD pretende que el proceso contra Kattán dentro del Tribunal de Honor, cualquiera que este sea, motive el cierre del caso. Al cuestionar al diputado Avilés si la entrada en la carrera electoral tapará el procedimiento disciplinario contra Kattán, este respondió que no:

--El tribunal está revisando como corresponde el caso y en su momento va a emitir una resolución porque no creo que sería bueno dejar inconcluso eso. No creo que el tribunal lo quiera ni el doctor Kattán lo quiera, porque hemos decidido voltear la página y voltearla bien.

--Diputado, cerrar la página pasa por conminar al Tribunal de Honor a que haga la resolución pública.

– Mira, mira, el tribunal no puede hacer su resolución pública. Estatutariamente es un organismo que se rige bajo una dinámica, y no es un organismo público, es un organismo partidario. Ahora, yo no veo ningún problema en que sus resoluciones sean conocidas públicamente como en otros casos.

En noviembre del año pasado, El Faro publicó que el Tribunal de Honor había desistido de investigar de oficio a su secretario general. Y pasados tres meses, la situación parece ser la misma con la salvedad de que este sábado, fuentes del Tribunal han asegurado que emitirán una resolución sobre el caso aunque Kattán nunca haya presentado pruebas de descargo. Sin esos elementos, y sin un Tribunal que haya actuado de oficio para investigar, ese ente colegidado dictaminará este sábado.

Pero por el tono de los dirigentes de CD, el dictamen será absolver de toda sospecha de duda a Kattán y así, CD se declarará con la mesa limpia para seguir su camino a elecciones.

José Antonio Hernández, del Tribunal de Honor, confirmó que el sábado habría una resolución pero señaló que eso no implicaba que fuera pública de manera inmediata. Explicó que eso es algo que deberán decidir los tres integrantes del Tribunal. “Es que este es un proceso que hay que llevarlo con sabiduría, con cautela para evitar cualquier tipo de efectos colaterales”, senaló Hernández, pero denegó explicar a qué efectos se refería. Tampoco quiso detallar si Kattán había presentado pruebas a su favor o no. "El proceso fue transparente y las partes están muy entereadas del proceso, así que no es necesario hacerlo público", agregó. Y cuando se cuestionó si al menos por transparencia ante la ciudadanía debían hacerlo público, volvió al discurso que es un tema delicado.

Entre los documentos teóricos que sirven de fundamento y definición para CD hay uno que establece los principios y valores del partido. Es un documento público y en él, este instituto político se concibe basado en cuatro concepciones filosóficas fundamentales. Una de ellas es "la ética como elemento indispensable de la acción política": "... las prácticas políticas de los partidos y de sus miembros han convertido la política en algo percibido como inmoral, sucio y negativo. Esto debe cambiar (...) En Cambio Democrático asumimos la primacía de los valores éticos fundamentales y no estamos dispuestos a sacrificarlos por ganancias partidistas o individuales". El documento puede consultarse en la página web del partido.

Más adelante, el mismo documento, señala: "Y no se trata únicamente de hacer las cosas conforme a normas morales, sino de realizar una actividad pública que lo demuestre".

El diputado Avilés y Hernández coincidieron en que la resolución del Tribunal de Honor con respecto al caso de su secretario general debería de ser pública, aunque también admitieron que es algo que se debe decidir por unanimidad.

La historia de Durán en el CD se remonta a 2006, cuando este último fue expulsado del PDC señalado por acoso sexual que nunca se le probó. Otro tribunal disciplinario fue el encargado, en aquella ocasión, de separarlo.

Durán se incorporó al CD durante la legislatura 2006 – 2009. El partido lo dirigía, en ese momento, Héctor Dada Hirezi. Ese período legislativo el CD contó con tres diputados: Dada Hirezi, Durán y Kattán. Con el triunfo de Funes en 2009, los tres ex legisladores lograron entrar en el primer gobierno de izquierda como funcionarios.

Pero la armonía terminó cuando llegaron las elecciones internas del CD. Había llegado el momento para que alguien sucediera a Dada Hirezi, y él mismo había decidido apartarse del proceso. Durán, quien había sido el encargado de la secretaría de desarrollo territorial “abrió” el partido a una alianza con Tomás Chévez, ex candidato a la presidencia del derechista PCN, y con Óscar Kattán. Esa alianza, según dijo, pretendía llevarlo a él a la secretaría general del partido pero ante el rechazo de algunos dirigentes como Dada Hirezi, cedió su puesto "para evitar conflictos” dentro del partido y entregó la candidatura a Kattán.

Fue entonces que Dada Hirezi lanzó su candidatura con la intención de salvar a su partido y mantener su autenticidad de centro izquierda. Al final, Kattán, apoyado por la gente de Durán, fue elegido secretario general. En el evento en el que fue electo, curiosamente, muchos de los nuevos militantes del CD vitoreaban el apellido de Juan Pablo Durán.

Pero la historia entre Durán y Kattán terminó en noviembre cuando el primero abandonó el CD y acusó públicamente al partido y a Kattán de ofrecerle una plaza en la Asamblea Legislativa para separarlo del instituto.

Durán no fue el único en abandonar el partido. Otros dos dirigentes del CD, Carlos Ventura y Jerónimo Sáa, fueron expulsados el año pasado, pero estos han presentado una apelación ante el Tribunal de Honor y será el Consejo Nacional la instancia que ratificará o revocará dicha resolución.

Pero hay otro caso de posible corrupción en el CD. Un dirigente, Òscar Samayoa, está siendo investigado por la Subsecretaría de Transparencia por viajar a la India en misión oficial de la CEL con $10,000 en viáticos, según reportes periodísticos de diario El Mundo.

Para el diputado Douglas Avilés, el partido CD es un ejemplo a seguir por cómo se ventilan sus asuntos internos ante la opinión política. "¿Es esto bueno para la democracia? Sí. ¿Es esto bueno para un partido político? No lo sé, pero es la decisión que hemos tomado", dijo el legislador, respecto al caso Kattán.

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