LPG-Corte procesa a 1,000 abogados por sobornos y fraude

 CSJ investiga esa cantidad de denuncias por esas y otras faltas. Hay 49 abogados que ya fueron suspendidos o inhabilitados.

Escrito por Jessica Ávalos.25 de Febrero. Tomado de La Prensa Gráfica. 

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) investiga la conducta de 1,018 abogados, incluidos algunos notarios, por la supuesta comisión de faltas que van desde la mala conducta e incumplimiento de obligaciones hasta sobornos, fraude, negligencia y falsificación de documentos y datos.

Solo el año pasado ingresaron 179 nuevas denuncias a la Dirección de Investigación Profesional de la Corte, que es la dependencia encargada de acumular los procesos en contra de los graduados en derecho. Esos 179 expedientes se vinieron a sumar a algunos más antiguos, como por ejemplo a los que se acumulan desde 1992.

La Corte ya suspendió o inhabilitó a 49 abogados. La diferencia entre una y otra sanción es que la inhabilitación es indefinida y aplica para infracciones muy graves; mientras que la suspensión es temporal y después de que se vence un plazo, los suspendidos automáticamente vuelven a ejercer sin necesidad de demostrar su inocencia de las faltas leves que se les imputaban.

Hay ocho denuncias que ya tienen más de 10 años de estar estancadas en el máximo tribunal, y otros 391 casos con más de cinco años en trámite. Casi la mitad de los casos que están en proceso de investigación están atascados por falta de decisión de Corte Plena, la máxima autoridad de la Corte, integrada por los 15 magistrados, ya que se encuentran en la etapa final con un proyecto de sentencia que solo requiere el visto bueno de al menos ocho magistrados.

Son 361 denuncias, que ya tienen un proyecto de sentencia para definir la absolución o condena de los abogados denunciados y otros 162 casos que no han logrado ser depuradas de la agenda del pleno, según consta en un informe de Investigación Profesional con datos hasta el 12 de enero pasado.

Y no solo hay mora en investigar a abogados. La Dirección de Investigación Judicial, que recibe las denuncias contra jueces y magistrados, acumulaba hasta abril del año pasado cerca de 1,000 expedientes no depurados.

Tanto la Sección de Investigación Profesional como la de Investigación Judicial cuentan con una certificación internacional que, en teoría, los acredita desde 2005 como dependencias con orden y eficacia. No obstante, las dos dependencias tienen como denominador común la mora.

Los magistrados removieron al ex jefe de Investigación Judicial Mateo Álvarez el año pasado, con la excusa del entrampamiento excesivo de casos sin resolver. Sin embargo, en un informe presentado a inicios de este año al pleno, evidenció que hay 305 procesos engavetados, porque que no han logran consenso del pleno.

Uno de los casos que han conocido recientemente y en el que sí hubo acuerdo es el de Luis Ventura, ex juez de Primera Instancia de La Libertad, quien fue destituido tras haber sido condenado a prisión por liberar a narcotraficantes. Los magistrados, aun sabiendo que Ventura evadió la justicia porque esperó que la pena venciera para regresar al país, firmaron el acuerdo para que el ex juez volviera a ejercer como abogado, pues solo estaba suspendido y no inhabilitado por la anterior Corte. El razonamiento que usaron fue que las suspensiones no son de carácter indefinido.

Saturación

Las estadísticas de la Sección de Investigación Profesional evidencian, por otra parte, que se ha disparado la oferta de abogados en los últimos años. Actualmente hay 21,578 profesionales del derecho autorizados y 681 que se encuentran en trámite de serlo.

“Nosotros no tenemos problema en que se investigue a esa cantidad de abogados. Si un abogado comete un delito, que se le apliquen las sanciones. No nos complicamos. No hemos venido a defender a nadie, pero sí pedimos que se permita la sana competencia en el gremio”, pidió ayer el coordinador general de la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD), asociación que se presentó a la Corte a exigir que reprogramen el examen para la autorización de notarios, el cual no se realiza desde 2007 (ver nota secundaria).

UNAJUD reconoce que la excesiva demanda de abogados influye en que algunos profesionales del derecho incurran en faltas, pero cree que ese no debe ser factor por el que la Corte Suprema obstaculice la autorización de nuevos notarios o de futuros abogados.

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