LPG-Cuando hay una gran tragedia se disparan las alarmas

 No es posible que continuemos así, cuando en el mismo entorno centroamericano hay ejemplos de funcionamiento normal y eficiente.

Escrito por Editorial.24 de Febrero. Tomado de La Prensa Gráfica.

 

El tremendo accidente ocurrido en la carretera a Santa Ana el pasado lunes creó de inmediato una enorme conmoción nacional. Un conjunto de imprudencias y descuidos generaron el choque múltiple, con multitud de heridos y una cantidad de 16 muertos, hasta la fecha. La tragedia ocurrió en las primeras horas de la mañana, cuando muchísima gente hace uso del transporte público para conducirse a sus trabajos. La temeridad de los conductores, la competencia agresiva entre unidades, el mal estado de éstas y la fatalidad como hilo conductor dejaron ese saldo de destrucción, que grafica de manera dramática la tendencia al aumento en los accidentes automovilísticos; y es seguidilla, porque ayer hubo en el interior del país dos accidentes más de unidades del servicio público, con 22 lesionados.

Igual que pasó con la tragedia del microbús incendiado en Mejicanos por obra de las maras, en esta ocasión las reacciones inmediatas no se han hecho esperar. De parte del Gobierno, la reacción fue agregar requisitos mecánicos y de conducta por parte de los conductores de las unidades del servicio de transporte público para que los empresarios reciban el incremento en el subsidio que se les otorga. En el caso del microbús quemado, si bien hubo iniciativas para darle un tratamiento más eficaz al problema de las maras, en los hechos muy poco se ha visto al respecto.

Ir reaccionando al vaivén de los hechos que se suceden en el tiempo no es, evidentemente, un procedimiento efectivo para encarar problemas tan complejos y estructurales como los señalados. En el tema del transporte público hay un desorden empresarial básico que neutraliza cualquier esfuerzo para enderezar el torcido sistema imperante, cuya perversión arrancó de aquellos años en los que el reparto de permisos de línea se volvió piñata entre allegados, compinches y simpatizantes. Eso, que comenzó allá por los años sesenta, se ha venido complicando hasta los límites actuales, en los que tenemos una situación prácticamente incontrolable, de la cual la población acaba siendo, como siempre, la víctima principal.

Que el sistema del transporte público requiere transformaciones de fondo es una verdad que, como tal, no admite discusión. El punto clave está en cómo enfrentar dicha cuestión, que además de ser de gran complejidad es de alta sensibilidad, porque se refiere a un servicio básico para la ciudadanía, del cual no se puede prescindir. Lo crítico es la confluencia de varios factores verdaderamente espinosos: la obsolescencia misma del sistema, el incremento creciente de los costos de operación, la imposibilidad política de adecuar las tarifas a los costos reales, el manejo tradicionalmente arbitrario de los subsidios, entre otros. Hasta la fecha nadie ha dado muestras de saber lidiar con una problemática semejante, y por eso seguimos como estamos.

Este es un caso especialmente delicado, porque se trata de desmontar un esquema de intereses que se han venido fosilizando y pervirtiendo en el tiempo, y a la vez de generar un nuevo sistema en el que puedan recogerse los intereses empresariales legítimos y a la vez garantizar un servicio moderno, seguro, suficiente y sostenible. En estos momentos, ni siquiera las paradas de buses funcionan, y los conductores de cada unidad hacen, literalmente, lo que les da la gana. No es posible que continuemos así, cuando en el mismo entorno centroamericano hay ejemplos de funcionamiento normal y eficiente. Y no es cuestión de reaccionar a lo que caiga cuando hay tragedias terribles, sino de entrarle de lleno a una problemática que ya no da más de sí.

Cuando hay una gran tragedia se disparan las alarmas