¿Son las condiciones actuales de la realidad económica nacional las adecuadas para hacer una subida de impuestos? Y, por más vueltas que se le dé al asunto, la respuesta realista y congruente que se le debe dar a esa última pregunta es no.
Escrito por Editorial
Desde el inicio de la actual Administración, el tema de la subida de impuestos ha andado rondando constantemente en el ambiente. Ya en 2009 se hizo el primer aumento impositivo, con efectos previsibles: escaso incremento de recursos recaudados. Ahora se viene hablando de una reforma mayor, a la cual se le ha buscado otra vestimenta: pacto fiscal. Pero, desde luego, el verdadero problema no es de forma, sino de fondo. Y la pregunta clave también hay que ubicarla donde está. Dicha pregunta no es: ¿Cuánto dinero necesita el Gobierno para financiar sus programas? La pregunta del millón es: ¿Son las condiciones actuales de la realidad económica nacional las adecuadas para hacer una subida de impuestos? Y, por más vueltas que se le dé al asunto, la respuesta realista y congruente que se le debe dar a esa última pregunta es no.
A partir de ahí deben tomarse las medidas convenientes para contar con más recursos disponibles, teniendo en cuenta, por una parte, las demandas y condiciones de la realidad; y por otra, el imperativo de asegurar una sana gestión pública. Por eso, ahora más que nunca, se impone poner en práctica la efectiva disciplina del gasto, lo cual es algo que a ningún gobierno le gusta hacer, porque implica reorganizaciones y contenciones, en vez de liberalidades y cuentas alegres. Estamos seguros de que si se activara en serio la voluntad del autocontrol en el gasto y se garantice el mejoramiento comprobable de la efectividad en la ejecución de los proyectos públicos, el camino estaría mucho más allanado para buscar la oportunidad de un redimensionamiento impositivo. Y es que resulta prácticamente imposible que la gente se avenga al sacrificio de pagar más impuestos cuando estos entrarán en una cañería dañada y sospechosa.
Según enseña en todas partes la experiencia, sólo el crecimiento económico suficiente y sostenido incrementa de la misma manera los ingresos públicos. Cuando no hay un crecimiento de tales características –como ocurre en nuestro país desde hace años–, seguir bolseando a la gente se vuelve un proceder contraproducente y generador de más inseguridad.
Todos deberíamos estar empeñados –y en primer lugar los responsables de la conducción nacional– en respondernos seriamente otra pregunta clave, que es una cadena de preguntas: ¿Por qué no crecemos como deberíamos, cuando otros lo están logrando en los entornos? ¿Qué estímulos necesitamos para vitalizar la inversión y motivar la innovación empresarial? ¿Qué moldes y esquemas hay que superar o transformar para no continuar estancados? Algo, o un conjunto de “algos”, nos mantiene en esta situación que se vuelve cada vez más complicada.
Hay que generar los incentivos que permitan ser verdaderamente competitivos, de una manera realista y actual. Y si, por ejemplo, nuestros vecinos dan importantes facilidades y estímulos para la inversión en áreas específicas, como el turismo para el caso, nosotros tenemos que buscar las formas y las fórmulas para ser más atractivos que ellos. Debemos salir de una vez por todas de esa trampa perversa de creer que el país les hace un favor a los que invierten, cuando es al contrario. Por persistir en la obsesión en agenciarse para el erario ganancias que no han llegado a producirse está como está el proyecto del Puerto de La Unión, que hay que concesionar cuanto antes, pero de una manera inteligente y visionaria, porque ahora se trata de salir de los corralitos locales y regionales para saltar al mundo, como hacen todos los que se desarrollan de veras.
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