Escrito por Julián Mansilla.27 de Febrero.Tomado de La Página.
Hace algunos días, el periódico El país de Madrid publicó un interesante informe sobre el presente de dos ex mandatarios españoles: Felipe González y José María Aznar. Los dos dejaron el poder siendo hombres jóvenes aún, con buena parte de su vida activa por delante. De acuerdo con las leyes españolas, los ex presidentes –que, por supuesto, cobran una pensión vitalicia- están obligados a no trabajar para ninguna empresa privada en los dos años posteriores a abandonar el poder. Sin embargo, para muchos el plazo es relativamente corto, ya que –en función de la información que manejan- cuentan con una situación decididamente privilegiada. Incluso, José Luis Rodríguez Zapatero les propuso a ambos incorporarse a un consejo asesor del gobierno, de modo de que fuera el Estado el que aprovechara su experiencia y sus conocimientos. Pero tanto uno como el otro, sucesivamente, declinaron la propuesta y actualmente trabajan para empresas privadas. No es ilegal, claro, ya que la ley sólo los obligaba a dos años de espera. Pero, ¿es legítimo que lo hagan?
No es sencillo dar una respuesta concluyente, pero me propongo ofrecer un camino para pensar el tema. Es indudable que los conocimientos y la experiencia en administración les pertenecen y pueden hacer con eso lo que les plazca. Sin embargo, el capital más decisivo que ofrecen y que más seduce a las empresas –el de la información sensible que manejan y el acceso a personajes influyentes de todo el mundo- definitivamente no es de su propiedad. Los presidentes acceden a esas ventajas en tanto son representantes de la sociedad que los ha elegido para ese cargo, de modo que ellos son sólo depositarios de la confianza de todos los ciudadanos. Pero no son, de ninguna manera, los propietarios como individuos de las prerrogativas que el poder genera. En cuanto dejan sus cargos, deben renunciar a toda aquella información a los que sólo tuvieron acceso por orden de la sociedad y no por derecho propio. Es una diferencia enorme que, por lo general, pocos comprenden. Y muy pocos respetan.
La información, se sabe, es un capital fundamental en cualquier sociedad. Su circulación es compleja, sinuosa, no siempre predecible. ¿Debe tener propietarios? Es decir, ¿es lícito que haya apropiadores aventajados de la información? A priori, hay una parte de la respuesta que tiene que ver con la realidad: es inevitable que determinados personajes –grandes empresarios, líderes de algunas corporaciones- manejen una cuota importante de información sensible. Pero en realidad, el grueso de la información sobre el destino de un país debe pertenecer a su sociedad civil. Y es ella la que, como en el caso de los presidentes españoles, delega en sus representantes la obligación de manejarla por un tiempo. Pero insisto con estos dos conceptos: la delega, pero no la resigna y lo hace por un tiempo, por el plazo que dura el mandato, pero no para siempre.
En estos días, el debate sobre el Pacto Fiscal ha provocado múltiples reacciones. Para aquellos que seguimos la información de El Salvador a la distancia, no parece haber nada nuevo. El gobierno tantea cuál es su margen de acción y de inmediato, el establishment le responde con todo su poderío reclamando la presencia de ANEP en la discusión. Personalmente, considero que los representantes de las empresas privadas no pueden estar ausentes en esta cuestión, pero lo que me preocupa es otra cosa. Como suele suceder en El Salvador, cada tema parece pertenecer a una corporación. Si se habla de seguridad, sólo resulta importante la voz de las fuerzas armadas. Si se trata del casamiento homosexual, todos los micrófonos apuntan a la Iglesia. Y ahora, por supuesto, como se trata de reglas de juego de la economía, lo único que parece fundamental es saber qué dicen los empresarios. Pero en realidad, la única voz que siempre debe estar en el centro de la escena es la de la sociedad civil. Son los ciudadanos los que operan como contrapeso de las presiones corporativas. Son los ciudadanos los que deben decidir cómo quieren ser protegidos, con quién quieren tener derecho o no a casarse, o cómo quieren que se distribuyan las obligaciones impositivas. Y después de que la sociedad civil soberanamente lo decide, se lo comunica a las corporaciones. Las fuerzas armadas, por supuesto, pueden opinar acerca de cuáles son los mejores criterios en seguridad, pero al fin y al cabo deben acatar las órdenes de la sociedad para la cual trabajan. La Iglesia puede hacer público su criterio en todos los temas que le competen, pero es siempre la sociedad la que rige la vida civil. Y en este punto que actualmente se discute, los empresarios pueden opinar. Pero es la sociedad la que dispone, en última instancia, del derecho a determinar cuáles son las obligaciones que le corresponden a cada sector de la economía.
Confieso que escribo esto y me aburro: siento que debería resultar una obviedad. Sin embargo, ¿dónde está la sociedad civil salvadoreña? ¿Cuándo se decidirá a ser un contrapeso de las corporaciones y de los partidos políticos? ¿De qué manera comenzará a construir una agenda propia de temas y preocupaciones comunes, independiente de la que imponen los políticos y los empresarios? Y es entonces, cuando vuelvo a pensar en el periodismo. Debo reconocer que hace tiempo que no creo que el periodismo pueda ostentar la condición de cuarto poder. Para evitar que algunos periodistas se enojen, aclaro de antemano la cuestión: aun cuando haya grandes periodistas decididos a investigar honestamente, el destino de la actividad periodística siempre estará regida por los intereses de los propietarios de los medios. Pero a pesar de eso, existen espacios para que los periodistas contribuyan a que la sociedad civil imponga su agenda. De todos modos, no es sencillo. Es indispensable, para eso, que los responsables de la generación de noticias comprendan que su relación con la información es semejante a la que deben tener con ella los gobernantes: no son los dueños de la información; son sólo los depositarios de la sociedad para manejarla.
En ese sentido, la siempre discutida cuestión de los off the records, parece mucho más sencilla: la información nunca es un capital de un periodista, sino de la sociedad. Y los off the records sirven sólo para cuidar a la fuente de un dato, pero no para ocultar las noticias. He conocido a decenas de periodistas equivocados: muchos creen que guardar información los hace poderosos. Y lamentablemente, algo de razón parecen tener, de acuerdo a lo que ocurre en la realidad: las corporaciones siempre valoran a los periodistas que acumulan saberes en lugar de ofrecérselos a los ciudadanos. De este modo, algunos periodistas se convierten en lobbistas, representantes de diversos intereses, traficantes de influencias. Forman parte del poder, en lugar de controlarlo. Algunos, al llegar a eso, siguen trabajando en medios; otros, no. Pero recorren caminos semejantes; operan del mismo modo. Es más, creen que llegar a ser parte del poder es una forma de consagración. Y de este modo, seguramente, cuando dispongan de una información sensible, antes de hacérsela conocer a la sociedad para la cual trabajan, consultarán con diversos factores de poder antes de hacerlo. Y entonces, el off the record pierde sentido: ya no protege a una fuerte sino a los intereses de una corporación.
Félipe González y Aznar pueden quedarse tranquilos: no hacen nada contra la ley. Los periodistas y editores representantes de intereses ajenos a la sociedad, también. Pero es la sociedad la que debe castigar a aquéllos y a éstos. Son los ciudadanos los que deben hacer respetar su derecho a acceder a la información. Pero no porque sea sólo un derecho constitucional, sino porque la información sobre lo que ocurre en el país le pertenece. Y esa soberanía no admite negociaciones con empresarios.
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