Los accidentes de tránsito provocados por el transporte colectivo (buses y microbuses) causaron nuevamente luto y dolor en muchas familias. Y claro, dado el impacto y conmoción social, la reprobación ciudadana y la masiva indignación de los salvadoreños, la respuesta del Estado ha sido inmediata con operativos y frases contundentes. ¿Llamarada de tusa?... Está por verse.
Escrito por Gabriel Trillos.27 de Febrero.Tomado de La Prensa Gráfica.
La dictadura de los buseros y microbuseros se extiende a todo nivel. Las calles son el escenario en donde lo ejercen y lo muestran. Pasajeros, peatones y conductores de otros vehículos no me dejarán mentir del día a día de los abusos cometidos. Pero el poder mostrado en la vía pública con la prepotencia con la que se conducen, y la potestad que tienen los dirigentes y protectores de este rubro de mirar a la cara a las cámaras de un medio de comunicación y burlarse de la gente y de las autoridades, viene de la misma negligencia de las instituciones del Estado que son las llamadas a controlar, regular, castigar de manera efectiva, de poner orden. El balance de convivencia, de deberes y derechos, falla cuando se trata del transporte colectivo.
Multarlos no les hace efecto. Ni siquiera pagan, y como se les ha exonerado de las esquelas en otras ocasiones desde la Asamblea Legislativa, entonces no es un castigo válido para ellos. Las multas no les quitan el sueño. Los motoristas siguen siendo enviados por los dueños de las líneas a que hagan cualquier cosa con tal de traer más y más dinero. Un motorista multado es cambiado, en todo caso. La unidad continuará trabajando sin problemas. Y no tener licencia de conducir o tarjeta de circulación tampoco es obstáculo. A un ciudadano común le quitan el carro o las placas. El mismo Estado ha creado un monstruo, incontrolable ahora.
Si en realidad este Gobierno, que está por cumplir sus dos años de operaciones, va a enfrentar de forma diferente el problema, pues deberá ser reconocido y aplaudido, pero hasta el momento solamente se ven frases trilladas y operativos de moda. Película repetida. Habría que identificar una serie de medidas permanentes para ponerle freno a estos abusos.
No solo se trata de ponerles el seguro obligatorio, de crear un fondo para las víctimas o poner una escuela de motoristas. Se trata de que sean obligados a cumplir con todas las responsabilidades que un ciudadano cumple, y que una empresa cumple también y que les hagan respetar el Estado de Derecho.
Los pasajeros son humillados y maltratados a diario. Sus derechos humanos son pulverizados cada vez se suben a un bus o un microbús o desde la parada. Son consumidores defraudados y ultrajados. Los adultos mayores son tirados por la puerta. Las personas con discapacidad son insultadas y son marginadas o en todo caso abusadas porque les cobran doble pasaje. Los buseros son unos de los principales contaminadores del ambiente. Humo y ruido. Provocan daños a la salud. Enfermedades respiratorias. Estrés. No pagan sus deudas con el Estado y dudo mucho de la forma en que pagan sus impuestos, pues no me imagino sobre la base de qué presentan sus declaraciones de ingreso, si no hay forma de saber cuánto dinero obtienen a diario. No dan tiquetes o factura sobre sus servicios. Es una forma de manejar flujo de efectivo tal cual lo hacen las mafias que lavan dinero y evaden tributos. Y así es fácil decir que el negocio no sirve y que están sufriendo para luego recibir millones de dólares de parte del Estado en forma de subsidio o de recibir de parte del Estado créditos como los $500 millones que aún están a la disposición. En fin, el Estado tiene muchas instituciones que se muestran muy firmes en otras actividades y tienen las herramientas para poner orden... ¿Quiere el Estado poner fin a la dictadura?
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