En el accidente del lunes pasado en el kilómetro 42 de la autopista Santa Ana-San Salvador, hubo 16 muertos y 106 heridos. Nadie ha sido indemnizado y a algunos parientes de las víctimas mortales les han ofrecido $300 de indemnización, bajo la presión de lo toman o se quedan sin nada.
28 de Febrero. Tomado de La Página.
Julio Orellana de 40 años de edad, se dirigía hacia su trabajo en San Salvador en un autobús de la ruta 202, placas AB 80-264 , de la empresa Carol, cuando encontró la muerte, el lunes pasado. En ese mismo accidente en el que se vieron involucrados cuatro buses y una rastra, murieron 16 personas y resultaron alrededor de 106 heridos.
Orellana fue enterrado el martes y tres días después, cuando sus vecinos y parientes se encontraban rezándole, llegaron tres hombres uno de los cuales se identificó como abogado y dijo haber llegado en nombre de los empresarios. El abogado pidió hablar con los parientes más cercanos y directo al grano les expresó que llegaba a ofrecer una ayuda solidaria.
El abogado les explicó que la culpa del accidente era Moris Ramos, el conductor, pero que como había fallecido en el mismo accidente, no había forma de inculparlo, por lo que la empresa iba a actuar de manera solidaria.
El supuesto abogado les ofreció $300, lo que para la familia le pareció una burla, pero el representante de la empresa insistió en que si el caso llegaba a los tribunales y se obligaba a la empresa a pagar, lo más que podía ordenar el juez era un pago solidario de $400, los cuales podía pagar en cuotas de $100.
Según el abogado la empresa no tenía la obligación de pagar, pero solidariamente había decidido ofrecerles $300 a los parientes de las víctimas que fallecieron en la unidad, ya que de los 16 muertos, nueve eran pasajeros del bus AB 80-264.
Al final, cuando la familia le manifestó el malestar, el abogado se retiró diciéndoles que otros parientes de víctimas ya habían aceptado la cantidad ofrecida. Les advirtió que si no aceptaban eso, se podían quedar sin nada.
Los mismos hombres habían llegado a la vivienda de los parientes de Oswaldo Nolasco para ofrecer la misma cantidad, pero igualmente fueron rechazados.
“Nosotros preferimos que no nos den nada, a que nos den una miseria, mi primo no valía $300, con su muerte ha quedado desamparada una familia, es vergonzozo que nos vengan a ofrecer una miseria”, dijo un pariente.
Agregó que han sido visitados por un fiscal, quien les ha tomado declaraciones, y les prometió llevar el caso a los tribunales y lograr una indemnización justa. Asimismo les explicó que el proceso puede durar varios meses y que al final podría lograrse cantidades risibles.
Hasta los parientes no han sido llamados a los tribunales y se han enterado que lo único que ha ocurrido es que al morir el motorista se hizo una petición fiscal para absolverlo definitivamente, pues no hay responsable material.
El abogado Carlos Ramírez, consultado por DIARIO LA PÁGINA, señaló que la Fiscalía ya debe de tener abierto el proceso contra el empresario y haber abierto el proceso de resarcimiento de daños.
Aclaró que el proceso puede durar meses y tener varios caminos de solución, desde que haya una indemnización justa, hasta que el propietario del bus se declare en bancarrota y no pague.
Recordó que hace cuatro año en un fatal accidente ocurrido en la carretera de Metapán a Texistepeque, hubo un accidente donde hubo más de 20 muertos. Luego de más de un año de estar el caso en el tribunal, el propietario tuvo que indemnizar a los parientes con $200 a cada uno. La mayoría de parientes, por dignidad, no fueron a cobrar ese dinero.
“Es un arma de doble fila, porque no hay una ley que especifique como serán los procesos de indemnización, mucho menos que regule cuantías. Lo que hace falta con urgencia es una Ley de Daños a Terceros”, dijo el profesional.
Hay dinero
El viernes pasado, el presidente de AEAS, Genaro Ramírez, señaló que los empresarios tienen dinero para responder solidariamente en estos casos; sin embargo la solidaridad alcanza para ofrecer un poco más de un salario mínimo para responder por una vida.
DIARIO LA PÁGINA confirmó que varios empresarios de la ruta 201 (Santa Ana-San Salvador) y 202 (San Salvador-Ahuachapán) realizan una colecta para ayudar a los propietarios de los autobuses accidentados; sin embargo la colecta es para ayudarles a pagar abogados y resarcir los daños a las unidades, no para tener un fondo para indeminizar a los parientes de los muertos, mucho menos para los lesionados, muchos de los cuales aún están hospitalizados y algunos quedaran con graves consecuencias. Al menos dos quedarán minusválidos, al haber sufrido daños irreparables en sus columnas.
Hasta ahora la empresa Carol se ha acercado a los parientes de las víctimas mortales, no a los lesionados y sus familiares. Tampoco lo han hecho los empresarios de las otras unidades involucradas, en las que también hubo muertos y heridos.
Carlos Martínez, cuyo hermano sufrió la quebradura del fémury fracturas en la cadera, asegura que los médicos le han dicho que su pariente podrá volver a caminar hasta dentro de un año, con terapia intensiva. “Mi hermano es albañil, eso implica que pasará un año, por lo menos, sin poder trabajar y levar dinero a su esposa y dos hijos, pero ahora nadie responde por él, los dueños del bus no aparecen, ni sabemos quienes son”, dice.
La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, aseguró que ese accidente le cuesta al Estado más de $200 mil, en gastos por las atenciones y medicamentos durante la emergencia y la postemergencia. Esa cantidad se eleva con los tratamientos posteriores.
El abogado Herbert Blanco, señala que lso empresarios de buses están obligados a responder por todas las víctimas, por lo que la Fiscalía debe abrir un proceso contra el propietario, que incluso le lleve a confiscar las unidades de su propiedad, para obtener el dinero para las indemnizaciones.
“Ofrecerle $300 a los parientes de un ser muerto es una burla, desgraciadamente las leyes salvadoreñas lo permiten”, dice Blanco, al reconocer que incluso, tras un proceso en los tribunales, el propietario del bus hasta puede salir como víctima y dejar de pagar a los dolientes.
Si los parientes aceptaran las indemnizaciones, el fatal accidente, le costaría a los empresarios $4,800; es decir siete meses y medio de subsidio del estado por unidad... Cosas veredes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.