Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.23 de Febrero. Tomado de Diario Co Latino.
Once ex funcionarios del gobierno anterior fueron sancionados por destruir la Finca El Espino durante la fallida construcción del Boulevard “Diego de Holguín”. La lista de condenados la encabezan Hugo Barrera y Carlos Guerrero, ex titulares del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN).
Estos ex funcionarios permitieron que una empresa constructora talara sin autorización 38 mil 958 árboles y cafetos en un área natural protegida del último pulmón de San Salvador, crimen por el que una cámara de la Corte de Cuentas de la República les impuso varias multas que juntas suman 9 mil 518 dólares.
La sanción es insuficiente por, al menos, dos razones. La primera es que el monto de la multa es risible, pues si dividimos los 9 mil 518 dólares entre los 38 mil 958 árboles derribados tenemos que Barrera, Guerrero y compañía pagarán 24 centavos de dólar por cada árbol cortado; y la segunda es que estos criminales ambientales no sólo deben ser multados, sino también procesados penalmente.
Sobre la primera razón, es bueno comentar la reciente sentencia de un juzgado ecuatoriano que condenó a la transnacional Texaco-Chevron a pagar 8 mil 200 millones de dólares (6 mil 100 millones de euros) por daños irreparables en la Amazonía.
A pesar de los poderosos lobbies de la petrolera estadounidense, que intentaron deslegitimar al Estado ecuatoriano ante el Congreso y Senado estadounidense, el valiente juez Nicolás Zambrano resolvió en favor de las comunidades amazónicas afectadas, cuya demanda había sido rechazada por tribunales de Texas y Nueva York.
La histórica resolución de la Corte Provincial de Sucumbíos (en el nororiente ecuatoriano), que no tiene precedentes en América Latina, debería inspirar juicios contra petroleras, mineras, gaseras de demás transnacionales extractivas que deterioran el ambiente en todas partes del planeta.
Y sobre la segunda razón vale recordar que contaminar el medioambiente es un ilícito perseguible penalmente, susceptible de investigación fiscal y enjuiciamiento en los tribunales de justicia. Es decir, los depredadores del ecosistema son tan criminales como los asesinos, narcotraficantes y extorsionistas.
Los mayores de estos delincuentes ambientales están en las altas esferas empresariales y estatales: constructores que destruyen bosques, industriales que tiran sus desechos a los ríos y funcionarios (ministros, diputados, jueces y alcaldes) que permiten por acción u omisión el deterioro ecológico.
Esto es importante recalcarlo porque desde los sectores dominantes se plantea que quienes atentan contra la sostenibilidad ambiental son las familias pobres que talan árboles para leña o madera, lavan en los ríos o quebradas y cazan las escasas especies animales para alimentar a sus hijos.
Ojalá que, como en Ecuador, en El Salvador pronto se procese a los criminales ambientales responsables de que el 90% de los afluentes del país estén contaminados, que sólo tengamos el 2% del bosque original y de las condiciones que nos catapultaron como el país más vulnerable del mundo, con el 87.5% del territorio nacional como zona riesgo y el 95% de la población en peligro de sufrir desastres.
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