El sistema de acreditación diseñado por el MINED es bueno y necesario. Podría además ser factible si se alargan los plazos y se adoptan algunas medidas complementarias.
Escrito por Joaquín Samayoa.27 de Octubre. Tomado de La Prensa Gráfica.
El Ministerio de Educación ha anunciado que, a partir del próximo año, los centros privados de educación básica y media deberán someterse a un riguroso sistema de acreditación que sustituye al sistema de categorización impulsado por el gobierno anterior, proceso que podría desembocar en el cierre de aquellos colegios que no logren cumplir en los plazos otorgados con los mínimos establecidos para cada criterio en la nueva normativa.
Una de las principales asociaciones de colegios privados ha externado su desacuerdo con la disposición del MINED por considerarla inconsulta y perjudicial para los colegios pequeños que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con los nuevos requerimientos que ha establecido el MINED para autorizar su funcionamiento. Es importante entender que son esas y no otras las objeciones, porque de ello depende que sea fácil o imposible negociar y llegar a una solución de compromiso entre el gobierno y el sector privado, el cual atiende poco más del 10% de la matrícula en educación básica y más del 25% de la matrícula en el nivel de bachillerato.
De entrada hay que señalar que el MINED cuenta con sólido respaldo jurídico para realizar este tipo de intervención fiscalizadora de los colegios privados. Hay que reconocer que es una intervención necesaria para proteger el derecho de todos los niños a una educación de buena calidad; pero ya que mencionamos ese derecho debe advertirse que es necesario someter también a las escuelas públicas a un proceso igualmente riguroso de acreditación, y que lo más sensato habría sido que el MINED empezara ordenando esas escuelas, pues su calidad es, en conjunto, inferior a la de los centros privados y además sobre ellas el gobierno tiene responsabilidad de ejecución y no únicamente de regulación y supervisión.
Desde el punto de vista técnico, el sistema de acreditación diseñado por el MINED es bastante razonable. Establece criterios relevantes y estándares e indicadores claros para la evaluación de los centros educativos. Si hacemos acopio de los hallazgos más consistentes de la investigación educativa, tendríamos que argumentar que debiera darse una mayor ponderación al criterio de la capacidad y desempeño de los maestros, pero el principal problema no está en los criterios ni en la ponderación, sino en los mecanismos de verificación y en los plazos que se han establecido para el cumplimiento de los requerimientos mínimos.
Una considerable cantidad de los indicadores que van apareados con cada criterio evaluativo no pueden ser adecuadamente verificados mediante un solo día de visita de un inspector a cada centro educativo. Pero la cosa es todavía más problemática. Si aceptamos que las escuelas públicas deben ser medidas con la misma vara, aun ese insuficiente mínimo de un día de visita requeriría un ejército de inspectores muy bien entrenados para cubrir más de 5 mil escuelas y colegios.
Por otra parte, los requerimientos para la acreditación conllevan inversiones en adecuación de infraestructura y adquisición de mobiliario y equipo, además de algunas contrataciones adicionales de consultores, educadores y personal de apoyo. Para muchos colegios es imposible cumplir con esos requerimientos en momentos de difícil acceso a créditos bancarios y dadas las restricciones existentes para el incremento de colegiaturas.
El sistema de acreditación diseñado por el MINED es bueno y necesario. Podría además ser factible si se alargan los plazos y se adoptan algunas medidas complementarias. Ya que, de todas formas, no es posible hacerlo todo de una vez, conviene programar en un período mínimo de tres años las evaluaciones iniciales, comenzando con los colegios que en el sistema anterior estaban ubicados en las categorías más bajas, de forma que tengan más tiempo para hacer los cambios y mejoras que se estimen necesarios. Paralelamente, debe pensarse la forma de ayudarles a enfrentar la carga financiera mediante créditos blandos y una mayor flexibilidad en las normativas para el establecimiento de las cuotas de matrícula y escolaridad.
Ya que el gobierno debe ejercer no solo autoridad sino también liderazgo, debe estar listo para asumir un fuerte incremento en la inversión pública para mejorar sus escuelas y para absorber la matrícula que, por efecto del encarecimiento de la educación privada, se desplazará inevitablemente hacia el sector público.
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