EDH-Asamblea suma dos propuestas ley ordenamiento

 Gobierno propone que sector privado y académicos integren consejo asesor; los ediles piden más representación en la ley.Las actividades agrícolas también serían reguladas con la aprobación de la ley de ordenamiento territorial. Esta definiría las zonas que se usarán para tales fines.

Mirella Cáceres.29 de Octubre. Tomado de El Diario de Hoy.

 

Dos nuevas versiones de anteproyecto de ley de ordenamiento territorial han llegado a la Asamblea Legislativa, una desde la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures) y otra de la Casa Presidencial. Se convierten en la número 49 y 50, que deberán ser analizadas por los diputados.

Es como comenzar de nuevo en ese largo camino de discusiones y amplias consultas que lleva ya casi cuatro años, sin que se tenga certeza de cuándo el país tendrá una normativa que diga qué lugar se podrá vivir, producir, cultivar o los recursos que se han de proteger.

Hasta la fecha ninguna de las 48 propuestas anteriores ha prosperado. Escollos de distinta dimensión se le han encontrado en el camino, unos provenientes de los mismos partidos representados en la Asamblea, otros de diferentes sectores sociales del país.

Las recién llegadas al Congreso no son la excepción. Las bancadas del FMLN, PCN, ARENA y Gana ya hicieron sus primeras lecturas y difieren en sus puntos de vista sobre algunos puntos.

Por ejemplo, el partido oficial no acepta la propuesta del gobierno de incluir a la empresa privada y organizaciones relacionadas con la materia en la integración de una instancia intermedia.

Este ente intermedio también lo integrarían representantes del gobierno, de cinco alcaldías, de organizaciones no gubernamentales involucradas en la temática y de universidades que ofrezcan carreras relacionadas.

Esta instancia respondería a un Consejo Consultivo de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, cuyas decisiones no serían vinculantes, sino que serían una especie de asesoría.

Mario Ponce, presidente de la comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, dice no verle ningún problema en la construcción de estas instancias ni en que tengan representación del sector privado, pues al fin y al cabo son ellos los que construyen e invierten en proyectos de desarrollo.

FMLN y PCN difieren en este punto. Es más, el partido en el gobierno no oculta su aprobación a la propuesta de Comures.

"La de Comures nos gusta más porque se acerca a la que estaba en la Asamblea, es una propuesta que ha escuchado nuestras opiniones", dice la diputada efemelenista Daisy Villalobos de Cruz.

Por el contrario, Villalobos cuestiona que la del gobierno central tome en cuenta al sector privado, pues éstos no pueden ser "juez ni parte" en una normativa.

"Desde el principio dijimos al Ejecutivo que no vamos a permitir la participación de la empresa privada porque no puede ser juez y parte, no puede ser que quienes construyen tienen que estar en una ley que pretenda poner orden a la construcción", protesta la farabundista.

ARENA no ha variado su posición sobre esta normativa y tampoco parece entusiasmarle los últimos dos planteamientos del gobierno central y de los alcaldes agremiados.

"Han habido veinte propuestas, yo ya no me meto, ya di mi aporte y voy a esperar a que se pongan de acuerdo, hasta que no lleguen a un documento final y concluyente", reaccionó el tricolor Mario Valiente.

El arenero sigue creyendo que al estar discutiendo una normativa de este tipo es como estar poniendo la "carreta delante de los bueyes". "Antes de una ley debe haber un propósito y para que haya un propósito debe haber un plan. ¿Y dónde está el plan general nacional? No existe", critica.

Pese a las protesta ARENA y el resto de partidos analizarán las propuestas junto a representantes de las carteras de Medio Ambiente, de Vivienda, Comures, la Secretaría Técnica, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (Conades) y el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana (Coamss).

consenso al final de año

Este equipo interinstitucional se reunirá la próxima semana para iniciar el estudio de los dos documentos, los que a juicio de Mario Ponce, tienen un 75% de similitud a la propuesta legislativa que ya venían enriqueciendo con insumos aportados por distintos sectores como la construcción, la empresa privada y Fusades.

Ponce dice que hay unos 20 artículos que tendrán que estudiar. Villalobos explica que unos de los puntos en los que tendrán que ponerse de acuerdo al "socializar" ambas propuestas es el régimen sancionatorio.

La esencia de la propuesta de Comures, se basa, según Ponce y Villalobos, en que haya más representación de alcaldes en los comités municipales y departamentales, así como en el CNODT.

Villalobos cree justa la petición de los ediles, pues son ellos los que lideran los municipios.

Ponce también apoya la petición de los alcaldes y la manera en que el gobierno plantea trabajar con ellos. "El ente intermedio propuesto por el gobierno es que su principal atribución será armonizar los resultados, las estrategias nacionales con las estrategias locales y que los lineamientos de la política nacional", dice.

Guillermo Galván, subsecretario Desarrollo Territorial, dice que en la propuesta gubernamental, los gobiernos municipales y la población local tienen poder de decisión y participación en la planificación de sus proyectos de desarrollo local (vea nota aparte).

El partido Gana no se casa con ninguna de las propuestas y tampoco adelanta señalamientos negativos o positivos sobre ellas, pero sí reconoce que es válido incorporar una mayor representación de alcaldes en los comités de ordenamiento que sugiere la ley.

César García, diputado de Gana y directivo del Congreso, niega que haya entrampamiento en la discusión del anteproyecto, aunque reconoce "desacuerdos" sobre algunos puntos.

"La estructuración del organismo que va a manejar esta ley es importante ponernos de acuerdo todas las fracciones porque hay desacuerdos pero creo que la voluntad va a prevalecer y sacar esta ley que urge para el país", afirma García.

La figura del Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (CNODT) que planteaban borradores anteriores, fue muy criticado por el PDC y ARENA, así como de otros sectores del país como Fusades.

Pedecistas y areneros protestaron por las "amplias facultades" que se le daban al Consejo, pues señalaron, al encargarse de elaborar y aprobar los planes de desarrollo territorial, podía decidir de manera arbitraria sobre el uso de la tierra, algo que dijeron, era atentatorio a la propiedad privada, un derecho ciudadano que se asienta en la Carta Magna.

Pese a los cuestionamientos los diputados consultados confían en que lograrán obtener un proyecto producto del consenso que vea la luz este año o inicios del otro.

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