Norma Guevara de Ramirios .25 de Octubre. Tomado de Diario Co Latino.
Inicia en la Asamblea Legislativa el análisis del Presupuesto General de la Nación 2011, el monto de ingresos y gastos asciende a 4,503 millones, quinientos mil dólares, de los cuales 1, 272 millones, seiscientos mil dólares, servirán para pagar deuda pública; esto equivale al 28.3% de todo el presupuesto.
En medio de esas restricciones impuestas por la deuda heredada de administraciones anteriores, lo más sobresaliente es el esfuerzo en gasto social, principalmente para impulsar el nuevo modelo de salud integrada que permitirá extender los servicios a núcleos de población marginada de este servicio; esto significa que el Gobierno del cambio tiene un firme compromiso con el desarrollo social.
Se pone de manifiesto que a los propósitos loables del gobierno central, de emprender una ruta de protección social universal, se anteponen dificultades estructurales como la deuda pública, la dolarización y los efectos de la crisis financiera internacional sobre nuestra economía. Aún sin escapar de estas circunstancias, con el único instrumento de política económica que puede actuar el gobierno, que es su política fiscal y presupuestaria, resulta evidente que se podrán visualizar mejor en el año 2011 los cursos hacia cambios importantes en materia de política social y de seguridad.
Veamos los impactos de esos factores que limitan la acción del gobierno. En materia de deuda pública, los compromisos heredados establecen obligaciones de pago de préstamos y bonos hasta el año 2035, experimentando cada cierto tiempo la acumulación mayor de esos pagos; este 2011 es uno de esos años picos, donde el pago de deuda y de servicio de la deuda alcanzan cifras verdaderamente altas, y refleja además de manera clara el vicio de pagar deuda vieja con deuda nueva.
De los 1,272 millones, seiscientos mil dólares a pagar, $ 653 millones seiscientos mil dólares servirán para pagar los llamados eurobonos que vencen este año, y para ello, el gobierno está autorizado a emitir una cantidad igual de nuevos bonos, con lo que se pagaran bonos con bonos. El resto a pagar es de $ 500 millones, quinientos mil que pagarán intereses y capital de diversos préstamos, con lo cual se llega a una situación en la cual, aún cuando se autoriza al gobierno a contraer nuevos préstamos, es mayor el flujo de dinero que sale que el que entra como desembolsos para disposición de los gastos gubernamentales diversos.
Veamos ahora, de manera conjunta los otros dos factores que están estrechamente unidos, la dolarización y el impacto negativo de la crisis financiera internacional en la economía. Si nuestra economía tuviera moneda propia, el Estado pudiera utilizar la política monetaria como una herramienta anti crisis, pero al carecer de esta herramienta que poseen otros países, el impacto de la crisis internacional se hace mayor porque vamos forzadamente amarrados al vaivén de la apreciación o depreciación del dólar que siendo moneda de los Estados Unidos, es nuestra moneda y nada podemos hacer desde El Salvador para librarnos del juego de los países económicamente más poderosos que la utilizan en su guerra económica; antes bien, nos vemos impactados por la llamada desaceleración (término utilizado para designar un estado largamente recesivo de la economía) con menor capacidad de exportar y traer divisas con base real, y nos vemos afectados además en la capacidad de consumo al disminuir el flujo de remesas que nuestros hermanos envían dado que los países en que residen (Estados Unidos principalmente) se encuentran impactados por la vía del desempleo.
Estas limitaciones reales, determinan que el alcance de las reformas y de las políticas sociales que buscan proteger a las mayorías del impacto más profundo de la crisis, tengan alcance limitado, y por eso es de reconocer el enorme esfuerzo del gobierno en los campos de la educación, la salud, la mitigación de riesgos, las transferencias directas a familias más pobres, el empeño por aumentar el gasto en seguridad pública y prevención de la violencia.
La probidad, la eficiencia y la transparencia se vuelven acompañantes imprescindibles para hacer más con la escasa disponibilidad, y la participación ciudadana, la concertación para enfrentar cada problema, un estilo necesario para acompañar el curso de las políticas, y programar la solución futura de problemas urgentes.
Los municipios dispondrán de un 1% más de los ingresos tributarios (46 millones más que 2010), la educación tendrá 33 millones más que el año pasado; salud tendrá 79 millones más, justicia y seguridad dispondrá de 25 millones más, obras públicas 77 millones más, para destacar los incrementos más significativos que están orientados dar base sólida a la protección social de la población más vulnerables y generar un impacto positivo en la economía.
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