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2010/10/03

Contra Punto-Mueren menos, pero los planes de seguridad aún no carburan - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 La disminución de los homicidios camina despacio en la búsqueda de una sociedad sin violencia. Los planes de seguridad del gobierno están listos; su efecto está en pañales. 

Por Johana Peña / Fernando de Dios. 03 de Octubre. Tomado de Contra Punto.


SAN SALVADOR – El mes de septiembre cerró con un descenso considerable en la media diaria de homicidios, esa estadística brutal a la que tan acostumbrada está la población salvadoreña y que, a fuerza de ser repetida, ha perdido parte de su verdadero significado.
Según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), durante el mes pasado, la violencia social y la delincuencia organizada “sólo” segaron una media de 7 vidas diarias, lo cual es un avance indiscutible si se compara con los entre 11 y 13 homicidios que se estaban registrando diariamente durante los meses anteriores. En lo que va de año en el país ya se han producido 3,000 homicidios.
La institución policial achaca este descenso de la media diaria a los planes estratégicos puestos en marcha desde el mes de julio, cuyos resultados se están empezando a notar ahora, y al esfuerzo del gobierno en este asunto.
“La tendencia la iniciamos en el mes de julio. Los planes de la policía a partir de este año han iniciado a dar sus efectos. También las medidas que el gobierno tomó en la seguridad”, afirma el subdirector general de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, quien advierte que aún no se puede dar nada por sentado, ya que las cifras apenas empiezan a disminuir.
El ministerio de Justicia y Seguridad Pública, tal como se desprende de las palabras del segundo de abordo, el viceministro Henry Campos, es consciente de que los planes de la PNC son adecuados pero insuficientes. También que es necesario que los instrumentos que se han diseñado para este combate contra la delincuencia y la violencia se pongan en práctica cuanto antes.
Dos de esos instrumentos son la Ley de Proscripción de Pandillas, aprobada por la asamblea hace un mes, y el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, que por ley debería haber entrado en funcionamiento el pasado 23 de septiembre.

La ley ya tiene dientes
Aunque la ley que declara ilegales a las pandillas y otros grupos delictivos entró en vigor el pasado 18 de septiembre, su aplicación se ha estado realizando a medio gas, puesto que la reforma del Artículo 345 del Código Penal, en el que se detallan los aumentos de penas para los cabecillas y colaboradores de dichos colectivos y se delimita a quiénes es aplicable la ley, se aprobó hasta el pasado jueves en el pleno de la Asamblea Legislativa.
Como explicaba a ContraPunto el diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Benito Lara, sin la reforma del 345 “la ley no tiene dientes”, porque es una medida administrativa que necesita del apoyo de la normativa penal para traducirse en procesos judiciales reales.
La reforma de este artículo fue aprobada por la Asamblea a la par que la Ley de Proscripción, pero mientras el presidente Mauricio Funes sancionó la ley frente a las cámaras de todas las cadenas de televisión del país, esta reforma fue observada por el mandatario “porque (los diputados) no habían recogido el crimen organizado, tampoco la responsabilidad de los financistas”, además de no encontrase acorde con las exigencias internacionales, según Henry Campos.
En esas observaciones, Funes pedía penas más duras que las consignadas por los diputados para los cabecillas de las agrupaciones proscritas así como para quien reclute a menores.
Mientras la ley ha estado en vigor sin esa reforma del 345, dice el viceministro Henry Campos, se ha estado aplicando con “con la legislación anterior”, es decir con las penas que contemplaba el Código Penal anteriormente para el delito de agrupaciones ilícitas.
“Pero para nosotros es mucho más viable aplicarla conforme a las recomendaciones que se hicieron, especialmente en la reforma del 345”, acota el funcionario.
En cualquier caso, la Ley de Proscripción de Pandillas sigue planteando serias dudas de aplicación para expertos juristas consultados por ContraPunto, pues no se delimitan claramente cuáles son las coordenadas que deben seguir los fiscales para determinar que un grupo de personas se ha asociado para delinquir.
“¿Cómo probar que dos o tres personas se han asociado para delinquir y cómo caracterizar también a las pandillas?”, se preguntaba la jueza de la Sala de Menores Doris Rivas Galindo cuando fue aprobada la normativa.
Ese sigue siendo el problema con esta ley, que policías y fiscales tendrán que hilar muy fino para construir los procesos, pues existe el riesgo de caer en arbitrariedades y en violar derechos de los ciudadanos, como el de reunión y asociación, alerta la jueza.

El centro de escuchas no tiene fondos
Si la ley contra las pandillas ya es una realidad, muy distinto es el caso del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, que aún no cuenta con los recursos suficientes para ser implementado.
“El centro de escuchas es importante que bien pueda ser aprovechado, pero toma tiempo en cuanto a la obtención de los fondos”, justifica Henry Campos.
El Fiscal General de la República, Romeo Barahona, objetó públicamente que el gobierno no ha incluido los fondos para el centro en su proyecto de presupuestos de 2011, recientemente presentado a la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
Ante las dificultades para encontrar el dinero necesario, Barahona ha pedido una prórroga de seis meses más para poner en marcha del centro, que todos los implicados en la lucha contra el crimen organizado coinciden en calificar como herramienta importantísima.
El presidente Funes volvió a incidir el pasado viernes, en un acto de entrega de 90 vehículos a la PNC, en que el gobierno no dispone de los más de $20 millones necesarios para el montaje del centro y que se están buscando formas alternativas para su financiación, en lo que el presidente pidió implicación al fiscal.
“Él (el fiscal general) debe entender que debemos trabajar de la mano y no sólo aparecer públicamente diciendo ‘es que el presidente no me da el dinero’”, dijo Funes a la prensa.
El presidente también aseguró que había pedido colaboración a la Secretaria de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la reunión que mantuvo recientemente con ella en Washington.
De hecho, la Embajada estadounidense ya había asegurado esa ayuda, con la donación del equipo técnico necesario para el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones.
En cualquier caso, la puesta en funcionamiento de este centro, a cuyo montaje obliga la Ley Especial de Intervención de Telecomunicaciones, aprobada en la Asamblea Legislativa en febrero pasado, no se vislumbra en el horizonte cercano.

Falta aún mucho por hacer
Según el viceministro Henry Campos, las acciones que se están realizando en la lucha contra la violencia y la delincuencia, si bien han producido un descenso en los asesinatos en septiembre, aún son insuficientes, porque existen muchos vacíos en la política nacional de seguridad.
“Hay muchas cosas que faltan, como eficacia y depuración policial, inversión, redistribución, organización; en Centros Penales falta construcción de infraestructura, desarrollo de programas y adquisición de más tecnología, entre otros”, enumera Campos.
También el tema de la prevención es un factor que cojea dentro de todo el sistema.
“Falta la concentración de la inversión en población en riesgo delictivo, para reducir los factores del delito y la violencia. Y sobre todo una mejor coordinación entre las instituciones del sector justicia para realizar un buen trabajo” afirma el funcionario.
Es de esperar que estas cuestiones se solucionen, o al menos se aborden, con la Ley de Prevención y Rehabilitación que ha anunciado el ministerio de Justicia y Seguridad Pública y cuya propuesta se deberá conocer en las próximas semanas.
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