Contra Punto-Insubordinación y muerte cruzada - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 Por Simón Pachano.02 de Octubre. Tomado de Contra Punto.

Crónica de los sucesos previos que desbocaron en la crisis política que embarga a Ecuador

QUITO - Sin señales previas de aviso, al gobierno de Rafael Correa se le presentó un problema que, sin duda, configura la situación más delicada de sus casi cuatro años de gestión. La tropa y los mandos medios de la Policía Nacional iniciaron acciones de protesta por la eliminación de las condecoraciones y bonos por los años de servicio, establecida en la nueva Ley de Servicio Público. La toma de cuarteles y la ocupación de la pista del aeropuerto de Quito configuran una insubordinación y no pueden interpretarse únicamente como los eventos propios de una protesta de carácter gremial.
La respuesta gubernamental fue la más desacertada entre todas las que se podían escoger. En lugar de obligar a que el comando policial retomara el control y de delegar esta tarea al ministro del Interior, el Presidente acudió personalmente al principal cuartel policial. Su intención, expresada en el discurso que fue transmitido en directo por los medios audiovisuales, era desactivar la insubordinación por medio de una combinación de persuasión e imposición de la autoridad presidencial. El resultado fue claramente negativo y se expresó en la salida abrupta del Presidente entre abucheos y agresiones de los policías y sus familiares y en el posterior secuestro del primer mandatario en las instalaciones del hospital policial. Con ello se agudizó el conflicto ya que el fracaso del diálogo directo –que debió ser el último recurso después de que fracasaran los otros- deja a la fuerza como la única posibilidad de solución.
Todo esto se habría evitado si el gobierno y sus diputados no hubieran eludido el debate antes de la aprobación de la ley. Sin embargo, afectados por lo que se ha dado en llamar “el síndrome de Montecristi” (en alusión a la insistencia en continuar con las prácticas desarrolladas en la Asamblea Constituyente cuando contaban con la mayoría absoluta), el presidente y los miembros de su bancada creyeron que podrían imponer la ley de Servicio Público sin mayores obstáculos. Por ello, la reacción policial, a la que se han sumado los empleados públicos, les tomó por sorpresa y sin capacidad de respuesta.
Por otra parte, hasta mediados de la tarde no se conocía con claridad la posición de las fuerzas militares que también se ven afectadas por las disposiciones mencionadas. Un grupo de la Fuerza Aérea se tomó la pista del aeropuerto de Quito, sin que se produzca como contraparte una declaración de los altos mandos. Es probable que ello obedezca a su sometimiento a las autoridades civiles o, por el contrario, a que hay deliberación dentro de las filas militares sin que exista un acuerdo que permita expresar una posición de conjunto.
Paralelamente pero sin relación directa con estos hechos, desde la noche previa a la insubordinación policial se divulgaron rumores sobre la posible disolución de la Asamblea por parte del presidente de la República, acudiendo al mecanismo conocido como la “muerte cruzada”. Este era un mensaje a sus propios asambleístas, que no acogieron en su totalidad los vetos realizados por el Presidente a una de las leyes que estaban en proceso. Se afirmaba que el decreto correspondiente estaba en estudio para promulgarlo el primer lunes de octubre. El siguiente paso debería ser la convocatoria a elecciones generales.
Por azar, los dos hechos se juntaron y es posible que la solución para la insubordinación se encuentre en la utilización de la muerte cruzada. La aplicación de esa medida significa la terminación del mandato de los asambleístas y del Presidente, pero este último se queda en su cargo hasta ser reemplazado por quien resulte elegido (que puede ser él mismo) y asume además la facultad legislativa. Por tanto se trata de una medida que es claramente favorable para el jefe de gobierno. Adicionalmente, Rafael Correa contaría con un elemento a su favor, que es la inexistencia de partidos y movimientos políticos legalmente reconocidos, ya que su inscripción quedó anulada por una de las disposiciones transitorias de la Constitución.
En consecuencia, previamente a la convocatoria a elecciones sería necesario contar con un período aún indeterminado pero no menor a tres meses para la inscripción de los partidos y los movimientos. A este habría que añadir el que corresponde al proceso electoral, que no sería menor a cuatro meses, de manera que Rafael Correa podría disponer de todos los poderes durante más de medio año.
Sin embargo, esta posibilidad o incluso la simple continuación del status quo previo –después de un acuerdo con los sublevados o, por el contrario, a partir de su sometimiento y el correspondiente castigo- dependen de la manera en que se resuelva el secuestro del mandatario. Esa es una incógnita que se mantiene hasta el momento de escribir este artículo.

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