Luis Mario Rodríguez R.03 de Octubre. Tomado de El Diario de Hoy.
Nuevamente es la sociedad civil la que se organiza para influir, en esta ocasión, sobre las reformas que requiere nuestro sistema político. De no intervenir, era muy probable que no se hubiera llegado hasta donde hoy estamos con la posibilidad de contar con un tipo distinto de sistema electoral. De hecho, fue un ciudadano y no los partidos políticos, el que consecuente con el rol que ha desempeñado durante largos años como funcionario y académico en materia de sistemas electorales, quien presentó la demanda que desató la sentencia pronunciada recientemente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En países como Costa Rica, la sociedad civil ha sido capaz de retrasar la aprobación por parte del Congreso de la República de acuerdos comerciales que según las organizaciones ciudadanas, afectarían la economía costarricense. En Venezuela fueron los jóvenes quienes hace dos años se plantaron frente al régimen para evitar la reforma constitucional que permitía la reelección indefinida del Presidente de la República. Los estudiantes en Chile obligaron a la ex Presidenta Bachelet, a implementar una reforma educativa que mejorara la calidad y los subsidios estatales a favor de aquellos con pocas posibilidades económicas. En Honduras los ciudadanos se dividieron por el golpe de Estado contra "Mel" Zelaya, pero legitimaron la democracia votando masivamente en las elecciones donde resultó electo el Presidente Porfirio Lobo. En definitiva, sólo con personas informadas, conscientes de su responsabilidad como ciudadanos y con una cultura política cada vez más sólida, las sociedades avanzan hacia una democracia en la que los políticos hacen lo que sus representados les piden.
La conformación de una coalición de organizaciones de la sociedad civil para la reforma política en El Salvador, integrada por entidades como el MIRE, FUNDE, la Iniciativa Social para la Democracia, la Concertación Democrática Nacional, entre otras, toma mayor relevancia en un contexto en el que jurídicamente, la reforma política ha encontrado un cauce que puede finalmente llevarle a su implementación para las elecciones de 2012. La orientación que estas organizaciones puedan proveer a la ciudadanía acerca de la importancia que representa la modificación de nuestro sistema electoral a otro según los intereses de nación, privilegiando la gobernabilidad, la representatividad, la contraloría social y el fortalecimiento del sistema de partidos, según el tipo de sistema electoral que se elija, se traduce en un ejercicio democrático de primer orden, porque sólo así los salvadoreños pueden entender que es necesario dar un paso más para fortalecer el sistema político.
En El Salvador de los Ochenta, o en aquellos años donde el poder estaba cooptado por los gobiernos militares, era impensable un rol activo por parte de la sociedad civil. Pronunciarse públicamente o dar a conocer un simple panfleto en contra del "estatus quo", representaba un enorme riesgo no sólo para quien tuvo la iniciativa, sino para su grupo familiar, sus amigos y la organización a la que pertenecía. La libertad de expresión, a diferencia de hoy en día, era privilegio de unos pocos y los que se atrevían a reivindicarla, con propósitos revolucionarios o simplemente idealistas para producir cambios estructurales en los diferentes ámbitos de la vida nacional, estaban condenados a vivir en la clandestinidad. Cuarenta años después, nuestro país es considerado como uno de los más respetuosos de la diversidad de pensamientos que se expresan por los medios de comunicación o en manifestaciones públicas. Éste quizás constituye uno de los avances más importantes del proceso democrático salvadoreño y al que la mayoría de sectores y actores le dispensan un respetuoso tributo, cuidando que no se retroceda ni un milímetro de lo conquistado.
Por esta razón, lo ideal es que surjan más iniciativas ciudadanas como la de la coalición por la reforma política. Faltan quienes abiertamente acompañen a "Sí a la vida" y se opongan al aborto, a la desnaturalización del matrimonio, al arrebato que se quiere hacer del derecho de corrección de los hijos, a la corrupción y falta de transparencia, a la ausencia de un adecuado sistema que promueva el respeto al medio ambiente. Igual se extrañan movimientos ciudadanos que por su parte promuevan con mayor fuerza la cultura, las tradiciones y costumbres nacionales, iniciativas en pro de la niñez, la mujer, los jóvenes y los adultos mayores.
A mayor involucramiento de la sociedad civil, más eficiencia de la administración pública y los políticos; cuanto más diminuta la presencia ciudadana en los asuntos de país, menos compromiso de los gobernantes con el cumplimiento de sus promesas electorales y planes de gobierno. En El Salvador existen suficientes esfuerzos ciudadanos que ni buscan protagonismo ni esperan una remuneración por los servicios sociales que desarrollan. Esas iniciativas deben darse a conocer y en la medida de lo posible, deben recibir apoyo del Estado y del sector privado en el marco de un programa de responsabilidad empresarial.
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