La Fiscalía anunció ayer que procesará penalmente no solo a los huelguistas que atacaron a dos fiscales sino que irán contra los sindicalistas que han causado la liberación de decenas de reos y la suspensión de mil audiencias.
Escrito por Jessica Ávalos/Fernando Romero/Ricardo Flores.21 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica.
“El momento de la reivindicación laboral ya trascendió a conductas tipificadas como delitos. No vamos a permitirlo.”
Romeo Barahona, fiscal general de la República
judicial
Agredieron a una auxiliar fiscal y rompieron dos requerimientos. Ese fue el motivo por el cual, según la Fiscalía General de la República (FGR), fueron detenidos ayer los sindicalistas del Órgano Judicial Napoleón Campos Mendoza, de 40 años de edad, y Rosa Daisy Amaya, de 34, en las afueras del Juzgado Primero de Paz de Mejicanos.
Además de detener a Campos Mendoza y a Amaya, la Policía Nacional Civil (PNC) desalojó a otro grupo de huelguistas que se había tomado este tribunal de Paz y que pretendía impedir que se celebraran audiencias iniciales, que han sido llevadas a cabo por el juez Jorge Candray desde el miércoles pasado, quien no atendió el paro de sindicalistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Vamos a sentar un precedente. Si no respetan a la Fiscalía, no van a respetar a nadie. Se van a dar cuenta de que la Fiscalía está para investigar los delitos y ellos (los sindicalistas) están en flagrante delito. Vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias”, advirtió Miguel Ángel Iraheta, jefe fiscal de Mejicanos, frente a las instalaciones del juzgado de Paz, por el percance que sufrió la fiscal.
Minutos después de brindar esas declaraciones, un sindicalista se abalanzó sobre él y se generó una persecución en el pasaje Universitario de la colonia Universitaria de Mejicanos, que terminó en una trifulca. Algunos sindicalistas intercambiaron golpes con los policías que estaban presentes, pero la fuerza policial solo pudo detener a un sindicalista más: Juan Félix Demetrio Cruz, de 39 años.
Este hecho se convirtió en el detonante para que, después de cuatro días de paro consecutivo, la FGR se decidiera a procesar a los sindicalistas, al menos a tres de ellos, por los delitos de agresión y destrucción e inutilización de documentos, así como desórdenes públicos agravados.
El fiscal general, Romeo Barahona, al conocer sobre lo ocurrido en Mejicanos, manifestó: “Yo le puedo decir a la población y a las víctimas que la intolerancia (de los sindicalistas) por sus reivindicaciones laborales ya trascendió a hechos constitutivos de delito. Como Fiscalía, no nos queda otra opción que cumplir y hacer cumplir la ley. No vamos a permitir ese tipo de acciones”.
Barahona aseguró que la FGR va a proceder penalmente contra los detenidos. Luego, advirtió de acusar a los demás sindicalistas y sus dirigentes de otros delitos, incluidos los desórdenes públicos, como lo indicó el auditor fiscal, Ovidio Portillo, el martes pasado.
“El momento de la reivindicación laboral ya trascendió a conductas tipificadas como delitos. No descartamos abrir expedientes (a los dirigentes sindicalistas)”, reiteró.
La huelga ya dejó en suspenso un total de 1,008 audiencias en más de un 95% de los tribunales del país. Y para detrimento de la justicia, desde el lunes se ha liberado a 87 supuestos delincuentes ya que su plazo de detención antes de que un juez conozca su causa (72 horas) venció. La Fiscalía también reportó ayer un total de 29 levantamientos de cadáveres en todo el país desde que inició la huelga.
Aun con disturbios, reos liberados, problemas con los cadáveres y diligencias suspendidas, los 15 magistrados de la CSJ no lograron ponerse de acuerdo ayer de forma oficial para poner fin a la huelga en el Órgano Judicial.
Por su parte, los sindicalistas dijeron mantenerse firmes en su posición de no flexibilizar las medidas de presión, por lo que no van a permitir que el Instituto de Medicina Legal reanude su labor.
La Corte Plena quedó en suspenso porque, según los dirigentes sindicales, el presidente de la CSJ, Belarmino Jaime, tenía una reunión de urgencia con el presidente de la República, Mauricio Funes.
Asimismo, fuentes judiciales dijeron que las varias propuestas de las que se habló ayer en la Corte Plena fueron, por ejemplo, que en caso de haber un aumento será a partir de julio, cuando ya se cuente con las economías de salarios, también que a los sindicalistas se les hagan efectivos los descuentos, así como que exista una regulación para la actividad sindical. Todo ello, preliminarmente, a cambio de que los huelguistas permitan la entrada y funciones a Medicina Legal, así como a los distintos tribunales de justicia del país.
Pormenores del incidente
“Que viva la clase trabajadora”, gritaba ayer Juan Demetrio Cruz, en el momento en que con dos esposas en mano era trasladado a la delegación policial de Mejicanos. Él es el tercer sindicalista que será procesado por la Fiscalía.
Los sindicatos exigían la detención del jefe fiscal Iraheta, porque señalaban que él había provocado al sindicalista detenido.
El juez Candray ha sido el único que se ha atrevido a solicitar la intervención policial para realizar audiencias. Según el agente de la PNC de Mejicanos Osmín Cortez, el juzgador pidió el desalojo mucho antes del primer incidente.
Dos trabajadores que estaban laborando con normalidad abandonaron el juzgado después del enfrentamiento. Otros, en cambio, decidieron quedarse para continuar con diligencias programadas. “Yo estoy aquí por mi gusto. Nadie me tiene obligado”, dijo uno de ellos. Los huelguistas abuchearon.
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