Dirección de Investigación Judicial y Dirección de Investigación Profesional de la CSJ iniciarán averiguaciones para determinar si hubo circunstancias amañadas para evitar audiencia inicial.
Escrito por Jessica Ávalos/Ricardo Flores.28 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica.
“Esos son temas (plazas, deducir responsabilidades) que los trabajadores lo han planteado ahora, pero se va a agendar ya con el Consejo Consultivo de Corte Plena, el día que se inicie la negociación.”
Florentín Meléndez, magistrado de la CSJ
“No ha habido tráfico de influencias , ha sido un proceso normal. Por eso estamos tranquilos, nadie influenció sobre nadie. la misma Fiscalía tiene responsabilidad de que e término venciera”
Rafael Trejo, abogado defensor
judicial
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió ayer abrir una investigación contra los jueces, colaboradores de juzgados y abogados que intervinieron en el proceso que culminó en la liberación de tres sindicalistas procesados por agredir a dos fiscales frente al Juzgado Primero de Paz de Mejicanos.
La Dirección de Investigación Judicial de la Corte se encargará de iniciar las averiguaciones sobre los procedimientos realizados por el juez suplente de Instrucción de Mejicanos y sus colaboradores, quienes conocieron las diligencias iniciales. La Dirección de Investigación Profesional de la CSJ, en tanto, investigará las actuaciones de los defensores.
Rosa Daisy Amaya, Juan Demetrio Recinos y Napoleón Campos, los tres sindicalistas del Órgano Judicial, salieron libres el miércoles en la tarde, luego de que se les venció el plazo de 72 horas de detención provisional sin que les realizaran una audiencia inicial.
“Algunos magistrados mostraron resistencia a que se investigue, pero hay quienes consideran necesario que se esclarezca qué fue lo que pasó porque hay muchos elementos que han quedado sueltos”, informó una fuente de la Corte que participó en la reunión en que se acordó iniciar las averiguaciones.
La Fiscalía responsabiliza directamente al Juzgado de Instrucción de Mejicanos por haber entregado tarde el expediente para la realización de la audiencia inicial. El oficio llegó al Juzgado Segundo de Paz, donde se debía realizar dicha audiencia, 15 minutos antes de que venciera el plazo de detención provisional.
La FGR considera que el juzgado de Instrucción obstaculizó el proceso porque el martes realizó una audiencia “innecesaria” para determinar qué instancia debía conocer la acusación contra los tres sindicalistas detenidos.
El ministerio público acusó también a los abogados defensores de los sindicalistas de obstruir la diligencia, porque se retiraron del juzgado de Paz en el momento que vieron ingresar el oficio que faltaba para celebrar la audiencia.
Rafael Trejo, uno de los defensores, aseguró ayer que no les preocupa que se les investigue porque consideran que han actuado sin malicia y que ninguno de sus recursos han sido amañados.
“Todo mundo sabía que el término estaba por vencerse . No ha habido tráfico de influencias, ha sido un proceso normal. Por eso estamos tranquilos porque sabemos que nadie ha influenciado sobre nadie. La misma Fiscalía tiene la responsabilidad de que el término venciera”, señaló Trejo.
Según él, se retiraron del juzgado cuando llegó el oficio para definir la estrategia que usarían para sacar a los huelguistas.
La Fiscalía había adelantado que prepararía un informe de las supuestas anomalías para que el fiscal general, Romeo Barahona, decidiera si lo remitía a la Corte.
El máximo tribunal decidió verificar las circunstancias que rodearon la liberación de los sindicalistas, antes de conocer dicho informe. Sin embargo, después de una semana de finalizada la huelga, el pleno de la Corte no ha establecido qué sanciones impondrá a los sindicalistas que promovieron la huelga ni ha decidido a cuántos les descontará por los cinco días que no trabajaron.
Lejos de decidir sanciones, los magistrados han estado buscando acercamientos y escuchando informes financieros sobre el monto que podrían otorgarle a los sindicalistas después de que provocaron la suspensión de 1,495 audiencias y vistas públicas.
Respuestas pendientes
El presidente de la Corte, Belarmino Jaime, anticipó el fin de semana pasado que los sindicalistas habían dañado el sistema de cámaras de los edificios administrativos y que podía haber expedientes dañados o cosas extraviadas.
A estas alturas, la Corte tampoco ha presentado un balance de daños ni ha cuantificado las pérdidas ocasionadas por el paro de labores.
Los magistrados tampoco se han pronunciado sobre la denuncias que hicieron los sindicalistas de magistrados que, al igual que varios dirigentes sindicales, han utilizado la Corte para emplear a familiares.
Los magistrados Florentín Meléndez y Miguel Trejo se reunieron de nuevo ayer con los sindicalistas y establecieron una agenda de trabajo (ver nota secundaria). En esa reunión, no supieron esclarecer interrogantes como, por ejemplo, la deducción de responsabilidad.
“Esos son temas (las plazas, deducir responsabilidades) que los trabajadores lo han planteado ahora, pero se va a agendar ya con el Consejo Consultivo de Corte Plena, el día que se inicie la negociación. Ahora únicamente hemos aprobado la agenda del primer día, esos puntos serán tomados en cuenta por mis colegas”, declaró Meléndez.
Para este día está previsto que se realice la audiencia inicial, que se frustró el miércoles pasado, en el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos. Según los sindicalistas, los tres huelguistas liberados sí se presentarán a la diligencia.
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