Sin superintendente y sin Consejo Directivo. Esa es la situación de la entidad pública que debe velar por la institucionalidad de la economía de mercado, pero al Gobierno parece no importarle
29 de Enero. Tomado de El Diario de Hoy.
Ni café ni agua ni azúcar... no hay nada en la Superintendencia de Competencia. Las compras mensuales no se han podido efectuar por falta de efectivo en caja chica, comentó un empleado.
Claro, ese problema resulta insignificante si toma en cuenta que desde hace siete meses la institución no cuenta con un titular que la represente, y desde hace casi un mes tampoco hay Consejo Directivo.
El último superintendente que pasó por la institución fue José Enrique Argumedo, quien fungió en su cargo durante un año, pero cuando ya había tomado "el sartén por el mango", fue trasladado al Centro Nacional de Registros (CNR), en donde ocupa el cargo de director ejecutivo desde el 2 de junio de 2010.
Desde esa fecha, los cinco miembros el Consejo Directivo se quedaron a la espera de que el Gobierno de la República nombrara a un nuevo funcionario, algo que a la fecha no ha ocurrido.
Cansados de esperar, algunos directivos decidieron "tirar la toalla", pero otros prefirieron esperar a que vencieran sus contratos, en diciembre de 2010.
Para esa fecha, ya sólo quedaban tres directivos, uno de los cuales había asumido el cargo de Superintendente en funciones. El Consejo hizo todo lo posible por avanzar en los casos, pero no lograron la meta, pues si se observa en el portal de la institución, en algunos se lee: en trámite, con letra en rojo.
Una fuente cercana a la Superintendencia considera que la situación es preocupante porque todas las instituciones necesitan un titular, un representante legal, que además de firmar y autorizar cuestiones administrativas, también dirija el rumbo de navegación.
Sin embargo, la mayor preocupación es el hecho de que la Superintendencia tiene algunos casos pendientes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), específicamente en la sala de lo Contencioso y de lo Constitucional, y "los plazos están contando y pueden estar notificando y no hay quien responda porque algunas decisiones y respuestas son de exclusiva atribución del Consejo Directivo, de los cuales no hay ni uno. Entonces en este momento no hay un titular que responda por la oficina, no hay quien tome decisiones", agregó la fuente.
Lo anterior provoca un estado de "indefensión" frente a los grandes casos que está peleando la Superintendencia, como el de las telefónicas, harineras y petroleras, juicios que no se deberían perder. En su opinión, en lugar de resquebrajar la institución se debería fortalecer y dotarla de mejores herramientas, "porque desde su creación y con el poco presupuesto que tiene, ha hecho bastante y no sería bueno que a estas alturas cayera en un estado de aletargamiento", comentó.
Para Rafael Lemus, quien perteneció al Consejo Directivo, hasta diciembre pasado, es casi increíble que no se haya nombrado a los nuevos funcionarios, lo cual sin duda llevará a la institución al debilitamiento.
El ex directivo dice que también es preocupante que desde la actual administración de Gobierno, no se ha abierto ningún nuevo caso de investigación.
"Después de año y medio, lo que encontramos es una institución debilitada y además acéfala, cuando se debería fortalecer con el propósito de que la economía de mercado funcione mejor", afirmó.
El nombramiento, tanto del funcionario, como del Consejo, se encuentra en manos del presidente de la República, Mauricio Funes, quien a pesar de conocer de la situación desde el año pasado, aún no ha comentado cuando tomará una decisión al respecto.
Mientras tanto, los empleados, no tienen más remedio que trabajar sin ninguna dirección, y por si fuera poco, los contratos de algunos servicios ya comienzan a vencer, como el de la bodega de documentos, que esta semana tuvo que ser desocupada.
Por suerte, el pago de los salarios de los 38 empleados no se ha visto afectado, porque son contratos que se renuevan cada año.
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