Escrito por Carlos H. Rivas.27 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica.
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“La agresión ha sido continua, yo he vivido en medio de golpes, amenazas, incluso en una ocasión me llevó a El Playón. Fue el 18 de enero de 2004, allá por Opico y sacó su arma, me disparó pero no me cayó la bala”, declaró ante la Fiscalía la señora Ana Marta Rodríguez Llerena de Acosta, al denunciar a su esposo, Mario Acosta Oertel –hasta entonces, vicepresidente del partido ARENA–, por abusos y maltrato.
El hecho de una espantosa crueldad, 30 años de torturas sicológicas, maltrato físico, amenazas de muerte y disparos en la oscuridad de la noche, ilustra los niveles de violencia intrafamiliar en El Salvador, más grave en este caso, porque el involucrado es reconocida figura pública y dirigente del mayor partido de oposición.
El caso, considerado por observadores un “movimiento” de altos dirigentes del partido de derecha, ha tenido cobertura informativa; pero, independientemente de los intereses políticos que podrían estar tras la difusión de la denuncia, lo real es que regularmente la violencia intrafamiliar o doméstica pasa inadvertida, mientras cobra sus víctimas entre las mujeres, y afecta con igual importancia a niños, jóvenes y ancianos.
De 6,320 casos de violencia contra mujeres, registrados en 2010, 4,230 se produjeron en un marco de violencia intrafamiliar (“Segundo Informe Nacional sobre la Situación de Violencia Contra las Mujeres de El Salvador”, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU); cada 5 horas una niña, niño, adolescente o mujer es víctima de violación sexual, según el Instituto de Medicina Legal, y más del 70% son menores de 18 años. Nuestro país, además, ocupa el primer lugar mundial de feminicidios con una tasa de 129.46 por millón de mujeres, informa el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
Esos pocos datos bastan para dimensionar la gravedad del problema, en cuya base están no solo las propias de la estructura social desgastada sino también, y a la vez producto de ella, la falta de valores cristianos y humanos, que a lo largo de nuestra historia los sucesivos gobiernos han sido incapaces de inculcar.
Y aunque algunos, eludiendo la responsabilidad como miembros de la sociedad, pretenden atribuir la violencia intrafamiliar a la “maldad de la naturaleza humana”, a una conducta puramente individual y hasta natural; la verdad es que la violencia doméstica responde a modelos de conducta formados en el seno de la sociedad, por una deficiente educación, y en la formación de los cuales no pequeño ha sido el papel de los medios de comunicación.
Toda nuestra sociedad está sujeta a la violencia. No son casos aislados producto de una simple actitud individual; un elemental conocimiento filosófico y sociológico sugiere que tales conductas son reflejo de la realidad en la cual vivimos y no de una “existencia atormentada” (y si tal existencia fuera la causa, tendríamos que decir que es atormentada por los males sociales, la exclusión, sobre todo, de los sectores más vulnerables y directamente victimizados por la violencia intrafamiliar).
Ya no podemos considerar la violencia intrafamiliar como un problema individual, privado y ajeno a nuestro entorno. Así como la delincuencia, el narcotráfico, la pobreza, la falta de oportunidades de desarrollo económico y social, son lacras sociales que hemos de corregir entre todos, la violencia intrafamiliar debería ser asumida como lo que es, un flagelo que nos lacera a todos, mujeres y hombres, creyentes e incrédulos, evangélicos y católicos, niños, adultos y ancianos; un nefasto producto del ordenamiento económico y social trazado desde la estructura del poder –al cual muy ligado a estado el político denunciado por abuso y maltrato–, y como tal, debería ser abordado.
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