Últimamente han ocurrido en el país ciertos eventos que hay que poner en perspectiva. De hecho, se han dado a solo un poco más de un año de un evento electoral muy importante para la consolidación de la democracia, pero que a juzgar por lo que estamos observando en la víspera, puede tornarse sumamente complicado. Todo dependerá de la mesura, la voluntad y el compromiso con que actúen los sectores con mayor gravitación en la vida nacional.
Escrito por Juan Héctor Vidal.31 de Enero.Tomado de La Prensa Gráfica.
La visión de futuro y sobre todo el compromiso con que actúen los empresarios, por ejemplo, resultarán claves para moderar los excesos del poder político y para contribuir a la convivencia armoniosa. La responsabilidad y la ética con que se conduzcan los partidos políticos frente a sus adversarios y el electorado determinarán en gran medida el estado de ánimo del conglomerado. Y en cualquier caso, el compromiso del presidente de la república con el bienestar de todos los salvadoreños será determinante para mantener la esperanza, aislar a los anti sistema y contribuir a mantener una institucionalidad sólida.
Bajo estas condiciones, un movimiento sindical –como el gestado en el Órgano Judicial– probablemente no llegaría al extremo de amenazar con tumbar a un gobierno democrático si no se cumplen sus exigencias. Pero para la ciudadanía –dados los privilegios de que gozan los trabajadores del sector y la cuestionable eficacia con que se aplica la pronta y cumplida justicia– los arrebatos cometidos deslegitiman cualquier lucha reivindicativa, para caer en la ignominia.
Cuando menos, las actitudes belicosas de los sindicalistas se pueden calificar de deleznables y antipatrióticas, cuando se atreven a agredir a autoridades, impedir procesos judiciales contra presuntos delincuentes, distraer recursos al servicio de la seguridad ciudadana y, por sobre todo, cuando llegan al extremo de desafiar el orden establecido. Ante esto, el movimiento se auto descalifica, dando pie para que muchos piensen que actúan guiados por una agenda oscura.
Aun si este no fuera el caso, diría que está fuera de toda posibilidad fiscal, atender las fantasiosas demandas salariales surgidas dentro del sistema judicial y que, como lo anticipamos en otro espacio de opinión, han contagiado a otros sectores como los de salud y educación, que igual demandan de sus servidores una especial vocación de servicio. Sería irresponsable señalar responsables, pero en el caso del sector justicia, no puede ignorarse una posible relación con el conflicto que afloró con la designación de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, cuyas actuaciones han sido consideradas por la mayoría de la población como ejemplarizantes.
Infortunadamente, el comportamiento que se observa en otras instancias no ayuda a moderar las conductas de aquellos que constantemente están atropellando los derechos de los demás. Por ejemplo, qué mensaje manda el primer órgano del Estado cuando decide, en un madrugón, modificar la Constitución para salirle al paso a una de las sentencias de dicha Sala, o cuando esconde a plena luz del día su presupuesto, entre otras razones, para que la ciudadanía no se enterara del derroche de recursos, asociado en buena medida al transfuguismo parlamentario.
Tampoco constituyen un asunto menor, el populismo implícito en las presiones de los partidos mayoritarios para mantener un esquema de subsidios, que a todas luces se ha tornado fiscalmente insostenible, mientras sus posiciones entran en choque con los planteamientos de la empresa privada, que a su vez se agregan a las fisuras existentes entre esta y el gobierno, particularmente en lo concerniente a la reactivación económica, la transparencia y el combate al crimen organizado.
Si estos y otros temas inciden o no en el desarrollo normal de nuestra democracia, es cuestión de perspectivas. Con todo, tampoco hay que pecar de ingenuos. Quedarse por ejemplo en las implicaciones inmediatas de una huelga es caer en un simplismo extremo que, a la larga, puede tener consecuencias insospechadas.
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