El aumento cercano a $8 en el precio del gas causaría un amplio impacto político según distintas fracciones políticas, a pesar de que el 70% de la población seguiría con la asistencia.
Escrito por Sigfredo Ramírez.24 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica.
“Hay dos cosas a resolver: el contrabando y que solamente se le quite el subsidio a las personas con mayores ingresos del país.”
Roberto Lorenzana, diputado del FMLN en Comisión de Economía.
“La clase media es la más afectada, pero al final todos lo seremos porque todos vamos a pagar por lo menos .40.”
Roberto d’Aubuisson, diputado de ARENA en Comisión de Economía.
“El mecanismo de devolución del subsidio al gas propano es el que me preocupa, y es el que quiero revisar.”
Mauricio Funes, presidente de la República.
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El Gabinete Económico sigue debatiendo el plan de focalización del subsidio al gas propano esta semana, a la luz de las quejas por parte de la población sobre el impacto en el costo de la vida, y el costo político que podría conllevar la implementación de la medida para el partido en el gobierno.
“Hay un costo político a evaluar, no podríamos decir que tan alto, pero si se implementa de manera incorrecta desfavorece y los afectados van a tomar una postura política en contra”, afirmó Roberto Lorenzana, diputado del FMLN en la Comisión de Economía del Congreso.
El presidente de la República, Mauricio Funes, ha planteado que se está analizando el mecanismo para entregar el aporte económico a siete de cada 10 familias del país, y cómo se incluirá a la población con menores ingresos.
Este ha sido uno de los ejes de discusión entre los diputados de la Comisión de Economía en la Asamblea Legislativa.
El mecanismo que se contempla es que los consumidores paguen el precio real del tambo de gas –alrededor de $13 a $15 en su presentación de 25 libras– en las tiendas y que las personas vayan a traer la remuneración del subsidio a bancos, puntos exprés y cajas de crédito con el recibo de la luz de cada mes como comprobante de que son beneficiarios
Según el Ministerio de Economía (MINEC), que diseñó el nuevo esquema del subsidio, el consumidor no gastaría más en transporte porque aprovecharía pagar su factura de electricidad y que le remuneren el subsidio al mismo tiempo.
Sin embargo, desde la derecha política se sigue creyendo que el procedimiento será ineficiente y le generará dolores de cabeza a la población. “Se le está recargando costos a la gente, no van a recibir $8 sino que les van a quitar $10, porque van a invertir para irlos a reclamar”, precisó Roberto d'Aubuisson, diputado por ARENA.
Por otro lado, el sector privado ya ha llegado a acuerdos con el Gobierno para focalizar el gas, y tanto las distribuidoras de electricidad imprimirán el subsidio sin costo para el Estado y los bancos privados cobrarán un precio preferencial de $0.50 por transacción a las autoridades, en lugar de $1.50.
Impacto en clase media
El proyecto que eliminaría el subsidio generalizado al gas propano –y que según estadísticas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) se beneficia el segmento de la población con mayores ingresos– es todavía uno de los compromisos asumidos por el Gobierno con el Banco Mundial.
La medida se contempla ante la precaria situación fiscal en la que se encuentra el Estado salvadoreño, donde se vuelve imperioso tomar medidas para racionalizar el gasto.
El Gobierno desembolsó $145 millones en 2010 solo en subsidio al gas y para 2011 con la focalización se prevé un ahorro cercano a los $60 millones.
Según las estimaciones del MINEC, solo perderían la asistencia estatal los segmentos de mayores ingresos de la población y parte de la clase media, a la cual se le reduciría el subsidio a la mitad.
Pero Lorenzana destacó que se está realizando “un esfuerzo de persuasión” para que se incluya a más población.
Sin embargo, con las proyecciones actuales de beneficiarios, el proyecto ni siquiera entra en el concepto de focalización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que contempla que la racionalización de un subsidio tiene que ser cuanto menos el 50% de la población.
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