LPG-Editorial-La institucionalidad tiene la responsabilidad de preservar el orden

Hemos venido insistiendo en el imperativo de asegurar más consistencia en el esfuerzo institucional, sobre todo cuando hay sospechas bastante fundadas de que todos estos movimientos de reclamo social están activados por hilos de interés político.

Escrito por Editorial.24 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica. 

 

En los últimos días se ha visto un recrudecimiento de la protesta social desde los ámbitos sindicales del sector público, con acciones de calle y de toma de instalaciones públicas. El caso más grave hasta ahora es el que se ha dado en el Órgano Judicial, pues ha implicado la paralización de funciones básicas, como la atención forense, el cumplimiento de los plazos para audiencias y la retención legal de delincuentes. Durante varios días, ha imperado una retórica beligerante, tanto de parte de los que impulsan el movimiento como de parte de las autoridades responsables; y, entretanto, la ciudadanía, como siempre, es la víctima principal de todos estos desórdenes.

A partir del sábado, la PNC emprendió la recuperación de instalaciones, comenzando por las de Medicina Legal. También se ha hecho en el Centro Judicial “Isidro Menéndez”. Y, en la línea de buscar soluciones al conflicto, hay iniciativas en marcha para pasar a la conformación de una mesa negociadora. El propósito detonador de todas estas acciones de protesta es la exigencia de aumentos salariales, en un momento financieramente muy complejo en el que el Gobierno insiste en que no hay fondos disponibles para ello.

Pero si, por ejemplo, en el caso del Seguro Social se argumentó lo mismo en un principio y luego se concedió un aumento más costoso que la demanda inicial de los trabajadores, se deja abierta la puerta para impulsar otras reclamaciones como las que ahora vemos. Es indispensable asegurar la coherencia institucional, en esto como en todo; y lo que vemos, en contraste, es un ir y venir de opiniones y de acciones institucionales, como si no hubiera líneas claras de autoridad y de trabajo.

Hemos venido insistiendo en el imperativo de asegurar más consistencia en el esfuerzo institucional, sobre todo cuando hay sospechas bastante fundadas de que todos estos movimientos de reclamo social están activados por hilos de interés político. La institucionalidad tendría que ser más acuciosa y eficiente para garantizarle a la ciudadanía que no habrá quebranto de sus legítimos derechos y al proceso democrático que no se darán trastornos perturbadores del mismo, en un momento de expectativas electorales que están en vías de intensificarse.

Es muy perturbador que las autoridades dejen hacer antes de tomar medidas para enfrentar los conflictos, de cualquier naturaleza o dimensión que estos sean. Si eso ocurre, no sólo se abre la puerta para cualquier forma de arbitrariedad sino que se debilita a ritmo creciente la confianza en el imperio de la ley, que es la base insustituible del Estado de Derecho. No se olvide la probada enseñanza de la sabiduría popular que dice que violencia engendra violencia. No hay que dejar que ninguna forma de violencia se imponga al normal desenvolvimiento institucional, porque si ello se da la inseguridad se va apoderando de todo.

De la experiencia vivida hasta hoy en lo referente al conflicto dentro del Órgano Judicial hay cosas que causan sorpresa, como mínimo. Por ejemplo, el hecho de que, aun ante un problema de tal envergadura, la cúpula judicial mantenga al rojo vivo su incomprensible disputa interna. Y el que nadie se haga cargo de la orden de recuperación que realiza la PNC, como si se tratara de una decisión fantasmal. Es evidente que se requieren actitudes y posiciones más serias, para que la institucionalidad responda en todo sentido a la responsabilidad preventiva y correctiva que le ha otorgado la ciudadanía.

La institucionalidad tiene la responsabilidad de preservar el orden