Contra Punto-Crímenes de lesa humanidad siguen impunes en El Salvador - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).22 de Enero. Tomado de Contra Punto.

A 19 años de la firma de los acuerdos de paz y a un año de la disculpa del presidente Funes
San José, 14 de enero del 2011. El Estado salvadoreño no ha avanzado en la investigación de los graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 1992. Esta inacción es un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
El próximo lunes, 16 de enero, se conmemorará el 19° aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, los cuales pusieron fin a una lucha armada que cobró 75.000 víctimas, según datos de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL). Igualmente se cumplirá un año de la disculpa pública que ofreció el Presidente de la República, Mauricio Funes, en nombre del Estado salvadoreño a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas o promovidas por agentes estatales durante el conflicto.
En esa ocasión el mandatario asumió “como objetivo estratégico de la gestión gubernamental la dignificación de las víctimas, sin la cual este acto no tendría sentido y sumaría una nueva frustración”. No obstante, hasta hoy no se han investigado los hechos ocurridos en aquellos años y los responsables permanecen en absoluta impunidad. Tampoco se ha cumplido con otras medidas estructurales tendientes a brindar satisfacción a las víctimas y a garantizar la no repetición de hechos graves sucedidos durante los 12 años de lucha armada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido. Por ello, una de las principales medidas de reparación que debe asumir el Estado es la realización de una investigación seria y efectiva de los hechos, así como la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH ordenaron al Estado salvadoreño cumplir con esta obligación en casos emblemáticos, como el asesinato de Monseñor Romero ocurrido en 1980, el de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras, en 1989, y la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz, en 1982. No obstante, el Estado no ha acatado los mandatos obligatorios de los órganos internacionales.
Además, en el 2000, la CIDH ordenó a El Salvador derogar la llamada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz,  que rige desde 1993. Esta norma sigue siendo un obstáculo para la obtención de justicia en este tipo de crímenes. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña estableció en el año 2000 que la ley no es aplicable a graves violaciones a derechos humanos; sin embargo, aún no se ha investigado ningún caso.
CEJIL insta al Estado para que cumpla con sus obligaciones y honre el compromiso asumido por el presidente Funes hace un año. El Salvador debe establecer como una prioridad la dignificación de las víctimas y la reparación del daño causado. Las instituciones estatales están obligadas a garantizar que se logre conocer la verdad en estos casos y que se sancione a los responsables.

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