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2009/11/14

Represas ¿para quién son los recursos del territorio?

Escrito por Ileana Gómez. Noviembre de 2009. Tomado de Contra Punto.

Es la oportunidad del cambio de paradigmas para pensar en el futuro desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo 

SAN SALVADOR - Cientos de ciudadanos de la zona norte del país cerraron durante varias horas la carretera troncal del norte, exigiendo ser recibidos por el gobierno para plantear su rechazo a la construcción de la represa El Cimarrón. El secretario de Asuntos Estratégicos y las autoridades de Medio Ambiente los han recibido y escuchado, pero las declaraciones del presidente dejan duda respecto a cual es la posición final del gobierno, que no descarta su construcción aunque el ministro de Ambiente afirmara en un foro público que esta administración no tiene en agenda a El Cimarrón.

Esta represa ha estado en los planes gubernamentales desde los años cincuenta, cuando se planificó la construcción de represas  para satisfacer las necesidades del proyecto de desarrollo industrial de El Salvador en aquellos años. En los noventa la CEL empieza los estudios de prefactibilidad frente al fuerte rechazo de los habitantes de la zona que se organizaron en la Comisión Cimarrón formada en entonces por el Comité Ambiental de Chalatenango, con la cual se logran una serie de diálogos entre pobladores, organizaciones locales, MARN y técnicos de CEL, que por lo menos permitió que las partes expusieran sus puntos de vista frente a la construcción de la represa. El movimiento liderado por CACH logró un gran éxito cuando el Tribunal Centroamericano del Agua falló en contra de la construcción de la represa, a pesar de no ser un organismo vinculante esta sentencia fortaleció la capacidad de incidencia de las organizaciones de base y su capacidad de argumentar y reivindicar derechos. La represa se fue al letargo debido a la resistencia organizada de la población, pero también porque el gobierno no logró conseguir fondos para un proyecto tan controversial.

En cambio sí se logran fondos para construir la represa El Chaparral en una zona más aislada, con altos niveles de pobreza y débil organización social. Sin embargo, diversas organizaciones ambientalistas, líderes religiosos y pobladores afectados llegan a formar un creciente movimiento de resistencia frente al proyecto. Este movimiento está vinculado al movimiento anti represas, un movimiento social más amplio al nivel de América Latina que surge como estrategia para bloquear, o por lo menos retrasar, las líneas de avance de las políticas neoliberales, reivindicando  los derechos humanos de las poblaciones afectadas, la perdida de los medios de vida de los campesinos más pobres y grupos indígenas; otros actores dentro del movimiento también reclaman los impactos ambientales que esto supone, la perdida de ecosistemas y del patrimonio cultural. Se cuestiona el hecho de que estos proyectos están en función de satisfacer las necesidades de las minorías de poder económico para favorecer las tendencias privatizadoras,  y el énfasis en la consolidación de la interconexión eléctrica centroamericana para satisfacer las demandas del mercado. Los movimientos anti represas no consideran que este tipo de megaproyectos sean motores del desarrollo local, por eso buscan defender sus territorios para seguir sus proyectos de vida. La trágica historia de varias represas que dio lugar a desalojos violentos, pérdida de tierras, viviendas y malas compensaciones parece darles la razón.

El Gobierno actual heredó estos conflictos sobre los cuales tiene que dar pasos concretos para manejarlos de una forma diferente, no puede actuar sobre la marcha respondiendo a cada brote de protesta, hay que crear canales institucionalizados reconocidos y legítimos  para dialogar con los afectados, tomar decisiones sobre la base de las necesidades nacionales pero sin pasar por alto las necesidades de los territorios más pobres que suelen ser los espacios donde se realizan los megaproyectos. La decisión de una represa debe enlazarse con las políticas de desarrollo territorial y desarrollo energético.

De hecho, la construcción de El Chaparral  ha contemplado la realización de una serie de acciones compensatorias. La CEL ha construido escuelas, viviendas y vías de acceso. Este tipo de compensaciones son importantes porque actúan protegiendo el conjunto de derechos de los ciudadanos para garantizar sus medios de vida.  También se ha producido una modificación institucional dentro de CEL que en los últimos años ha creado mecanismos para vincularse con la población y sus organizaciones. En el caso de Chalatenango la mayoría de Asociaciones de Desarrollo Local de la zona del embalse coordina actividades con la CEL para la realización de obras comunitarias. La CEL es un actor territorial, tan activo como las Unidades de Salud o la misma PNC, esa cercanía debería darle una nueva perspectiva de su forma de aportar al territorio como una entidad crítica para impulsar su desarrollo.

Más allá de las compensaciones hay que considerar que los megaproyectos suponen cambios importantes en los territorios y que por el  momento no hay estrategias de desarrollo territorial, ni planes de ordenamiento vigentes que puedan actuar sobre los impactos ambientales, económicos y sociales, tampoco tenemos una política energética que sea el producto de una visión compartida de país hacia el futuro. La Política energética es más que una matriz basada en cálculos que proyectan cuanta energía necesitamos al futuro  de acuerdo a pautas de consumo que no son sostenibles, la política energética es una mirada integral a la producción de energía sobre la base de la protección de los recursos, de la educación al consumidor en el uso responsable de la energía, del conocimiento de nuestras potencialidades en términos de fuentes energéticas, y del desarrollo de nuevas tecnologías.

Pero si bien el Estado debe revestirse de una visión estratégica e inclusiva para pensar el desarrollo territorial y el desarrollo energético, el movimiento social tendría que ir más allá del discurso del No. Todavía no es claro a que tipo de vida se aspira en el territorio sin la represa o sin el megaproyecto ¿Cuáles son los ejes del bienestar comunitario ¿Cuál es la visión de las comunidades y quiénes la construyen? En El Salvador es la oportunidad del cambio de paradigmas para pensar en el futuro desde abajo hacia arriba, y desde arriba hacia abajo.

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