El Salvador de rodillas

Llama la atención que el rector de la UCA, José M. Tojeira, propusiera integrar la mitad de las fuerzas militares en el cuerpo policial; que monseñor Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, avalara el uso de la Fuerza Armada para combatir la delincuencia; y que el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Óscar Luna, estuviera de acuerdo con sacar a la calle al ejército para apoyar a la Policía Nacional Civil. Estos tres planteamientos y el temor con que vive la población sugieren que El Salvador está de rodillas frente a la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción.

Escrito por Rafael Ernesto Góchez.Sábado 21 de Noviembre. Tomado de La Prensa Grafica.

Igualmente revelador es el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, donde el PNUD destaca que la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los centroamericanos y un obstáculo para que su desarrollo sea sostenible. Ya que las personas y comunidades ven restringidas sus condiciones y opciones de vida debido a las amenazas contra su seguridad.

Centroamérica y en especial los países del “Triángulo Norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras) es la región más violenta del mundo. Contabilizando más de 79,000 asesinatos durante 2003-2008. Además e infortunadamente, las tasas en cuestión han tendido a aumentar. El narcotráfico, el crimen organizado y las maras son los tres actores principales de delitos. Estas elevadas tasas de criminalidad se deben básicamente a la sobreposición de graves desajustes en varios subsistemas sociales (familiar, laboral, económico, político, cultural e institucional).

Este informe del PNUD plantea que el problema de la inseguridad ciudadana sí tiene solución y que dicha solución es viable, reconociendo que las estrategias parciales que se basan en nociones exclusivamente coercitivas o preventivas, que no consideran la coherencia del sistema de justicia y la estructura de valores de civilidad, han fracasado. El quid de la cuestión está en implementar una estrategia nacional que articule seguridad ciudadana y desarrollo humano.

Dentro de este marco, el planteamiento del representante de la UCA, Iglesia católica y PDDH se puede interpretar como un reflejo de la desesperación y el desamparo en que viven los salvadoreños. Lo delicado que personas con tanta credibilidad hagan este tipo de planteamientos es que estos pueden ser malinterpretados o animar a los tomadores de decisión a “jugar con fuego”. El riesgo de implementar medidas de esta naturaleza es que algunos ejecutores opten por saltarse los “estorbos” del Estado de derecho.

Por popular que sea sacar al ejército a las calles, el verdadero desafío es adoptar medidas que provean seguridad para todos, con justicia para todos. Es decir, conviene partir del axioma que el sistema democrático de libertades sí puede solucionar el problema y reforzar a la vez el Estado de derecho. Por ello, se recalca que es mejor prevenir que curar y que la realidad nacional exige hacer efectiva y mejorar la función coercitiva del Estado.

En síntesis, se necesita más Estado, coordinación interinstitucional y cooperación pública, social y privada para la prevención, coerción y reinserción. Óptimo sería que la UCA, Iglesia católica y PDDH elaboraran una propuesta viable para: (1) favorecer la inclusión y cohesión social a escala local, y (2) fortalecer la gestión y operación de la PNC. Si la decisión presidencial de involucrar al ejército en seguridad pública riñera con el marco constitucional (artículos 212 y 168), estas tres organizaciones deberían hacer valer su peso moral a favor de la institucionalidad y gobernabilidad democrática en el país.