Ex fiscales declaran que no se buscó a ideólogos de la masacre de los jesuitas

Ambos señalaron que las fuerzas armadas "confabularon" para que no trascendieran los autores "intelectuales" del crimen.

26 de Noviembre.Tomado de La Página.

Sidney Blanco y Henry Campos Solórzano, dos de los fiscales que participaron en el proceso que se siguió en El Salvador para buscar a los responsables del asesinato en ese país de Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas, cuatro de ellos españoles, en noviembre de 1989 denunciaron este jueves en la Audiencia Nacional que los militares obstruyeron la investigación, llegando incluso a confabular para mentir.

Campos y Blanco señalaron que las fuerzas armadas "confabularon" para que no trascendieran los autores "intelectuales" del crimen.

El viceministro de Justicia y Seguridad Henry Campos, y el magistrado de la Corte Suprema  Sidney Blanco,  renunciaron a seguir como fiscales y se pasaron a la parte querellante.

Blanco dijo  a los periodistas tras prestar su declaración, que hubo  "limitaciones" y "obstáculos hacia arriba" que sufrió el proceso, en el que no se buscó una responsabilidad "intelectual".

Unos obstáculos que, ha explicado, procedieron de la "confabulación" de las fuerzas armadas salvadoreñas, que en ocasiones negaron informaciones y en otras proporcionaron otras erróneas durante la investigación.

En 1991, fueron llevados a juicio nueve militares, aunque sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1993 quedaron en libertad tras la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.

Blanco  insistió en que la investigación no se dirigió "hacia arriba de Benavides", pero descartó apuntar a una posible participación del entonces presidente del país, Alfredo Cristiani.

Por su parte, Campos reiteró  que el juicio realizado en El Salvador estuvo controlado y que se pretendió hacer "responsables a los intermediarios" y excluir a los autores intelectuales.

Campos aseveró que  el  actual presidente, Mauricio Funes, considera que los jesuitas merecen todo el reconocimiento como víctimas y aseguró que existe “voluntad política para colaborar?”con la investigación de la Audiencia Nacional.

14 militares
En España,  el juez Eloy Velasco admitió el pasado mes de enero la querella de la Asociación de Derechos Humanos de España contra 14 militares salvadoreños por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas hace veinte años en El Salvador.

Los militares imputados los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Helena Fuentes; los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos; los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo; el cabo Ángel Pérez Vasquez y los soldados José Alberto Sierra Ascensio y Óscar Mariano Amaya Grimaldi.

Hasta la fecha, ha localizado a 12 de los 14 militares acusados, a los que imputa los delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional tras el ocurrido el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López.

Junto a los jesuitas murieron la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 15 años.

El pasado martes, Velasco escuchó el testimonio de la profesora de la Universidad estadounidense de Stanford Terry Karl, especialista en asuntos latinoamericanos, y el próximo lunes tomará declaración a la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, Kate Doyle.