El abogado Francisco Bertrand Galindo h., quien fungió como ministro de Seguridad y de Gobernación, explica algunas implicaciones si en el país se anulara el perdón de crímenes
Escrito por Katlen Urquilla. Domingo 29 de Noviembre. Tomado de El Diario de Hoy.
El 20 aniversario de la muerte de los sacerdotes jesuitas que fue recordado con un homenaje póstumo ofrecido por el presidente Mauricio Funes y la reapertura que España ha hecho del caso, ha vuelto a poner en boga la discusión de qué tan viable o no es la derogación de la Ley de Amnistía, aprobada en 1993.
Y un especialista en derecho penal como Francisco Bertrand Galindo explica cuáles serían las implicaciones que tendría si se llegara a derogar esa legislación, cuyo fin fue perdonar los crímenes de la guerra, tanto para el Ejército como para la guerrilla.
En ese sentido, Bertrand Galindo opina que es preciso que se conozca a los culpables, pero no es recomendable que se juzguen hechos del pasado porque eso violaría la Constitución.
¿Es viable derogar la Ley de Amnistía?
La derogatoria es un acto legislativo y la Asamblea tiene plenas facultades para derogarla, pero la pregunta es, ¿cuál es el efecto que produce derogar la ley?.
La regla general en el derecho es que la norma jurídica rige hacia el futuro, y para que pueda regir hacia el pasado, que se le llama norma retroactiva, sólo puede ser en materia de orden público y sólo puede hacerlo cuando es favorable a la persona que cometió un delito.
Entonces, si se deroga una ley la pregunta es si produjo los efectos en su momento, si benefició a las personas que cometieron delitos en la época del conflicto?, entonces, una derogatoria no puede retrotraer las penas de cuando se cometieron los delitos.
Aunque pueden derogarla, porque eso es totalmente posible, difícilmente puede tener eficacia jurídica para efecto de castigar a las personas que cometieron delitos que fueron beneficiados por la ley de amnistía. Si la idea es revivir los casos jurídicamente, eso es inconstitucional.
¿Hay alguna experiencia en otro país en el que hayan derogado una Ley de Amnistía?
Esto sucedió en países que han tenido esta misma discusión como en Chile. Ellos llegaron a una solución en la que estaban claros que la derogatoria no produce eficacia jurídica, entonces se fueron por el lado de la investigación en aquellos delitos que son de ocurrencia continuada como por ejemplo los desaparecidos.
Se supone que cada día que pasa se está cometiendo el delito y cuando se deroga la ley allí sí se puede investigar; una vez que se demuestre que la persona murió en el periodo del conflicto, entonces queda sin efecto toda la investigación.
En el caso chileno los que querían que se derogara alegaban que el gobierno militar que dio la ley no tenía facultades jurídicas para darla. Allí ya no estaríamos hablando de una derogatoria sino de una declaratoria de nulidad, pero en el marco de la legislación salvadoreña esa figura no existe.
La única manera en la que puede progresar una ley como ésta hacia el pasado es declararla nula, es decir, declararla inconstitucional.
En el país hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional (de la CSJ) que declara que la ley es constitucional, entonces sería difícil pensar que la misma Sala pueda decir que una ley es nula.
Usted dice que es viable, pero ¿es conveniente?
No sé, ese ya no es un criterio jurídico, yo personalmente creo que tenemos que centrarnos en el análisis de la eficacia jurídica de la derogatoria. Por ejemplo, el doctor Fabio Castillo (del FMLN) decía en un programa que él considera que no es constitucional la derogatoria porque estaría violentando los derechos adquiridos a todos los beneficiarios de la ley.
Derogar la ley no produce un efecto jurídico factible, porque no podemos venir y quitarle el beneficio que ya se les dio a las personas con la ley, porque eso sería hacer retroactivo los efectos de la derogatoria y es inconstitucional. ¿Qué implica el derecho adquirido en el caso de esta Ley de Amnistía?
En materia penal, una vez que se da una ley que le beneficie, no puede venir otra ley a decir que ya no lo beneficia.
Si a una persona se le ha condenado a cinco años y dentro de un año viene una ley que dice que ese delito sólo tiene seis meses de pena, la persona puede pedir que le rebajen la pena para seis meses, y si el año siguiente dieran otra ley que dijera que la pena vuelve a ser de cinco años, ya no pueden hacerle pagar la pena que faltaba, porque eso sería hacerla retroactiva en su contra, y en materia penal sólo se puede hacer retroactiva cuando le beneficia a la persona que está siendo juzgada.
Entonces, de que deroguen la ley lo pueden hacer, pero en mi análisis el efecto jurídico sería nulo y si alguien intenta aplicar un efecto retroactivo sería inconstitucional.
En el caso que derogaran la Ley de Amnistía, ¿cuáles serían las implicaciones políticas que podrían haber?
Eso mandaría un gesto que significaría que se van a cerrar los casos por una vía que no es jurídica, pero por otro lado generaría una serie de dificultades, porque pondría a varios líderes actuales del país y líderes del pasado, que estarían sujetos a investigación o captura aunque, finalmente, saldrían libres, porque el efecto sería ineficiente jurídicamente. Pero mientras tanto, esto se puede dar para una serie de persecuciones, investigaciones y capturas mientras se van resolviendo los casos.
¿Sería como reabrir viejas heridas?
Sí, pero pienso que hay que separar lo que es conocer los casos, de juzgar los casos. Lo que creo es que para efecto de respetar la memoria de las víctimas sería bueno que se supieran los casos y quiénes son sus culpables, tanto de un lado como del otro. Pero de eso a violentar la Constitución y venir a implantarles penas que ya jurídicamente no proceden, hay una gran diferencia.
¿Y no cree que algo así pueda provocar ingobernabilidad o inestabilidad política?
No sabría decirlo, porque eso depende de qué tan consolidadas estén las instituciones. Si realmente están sólidas deberían poder soportar un proceso como éste, como ha pasado en Argentina, en Chile y como está por pasar en España, porque allí son instituciones más sólidas.
No podría decir cuál es el nivel de fortaleza de las instituciones salvadoreñas, porque las hemos visto bien débil; sólo hay que ver cómo se han tardado en elegir magistrados, nombrar Fiscal General, es decir, hay muchos problemas institucionales como para pensar que tenemos la fortaleza para meternos en ese tema. Eso dependerá de la fuerza política que tengan las instituciones del país.
¿Cómo ve que España reabra el caso por el asesinato de los jesuitas, donde el otro año van a declarar varios militares?
Cualquier discusión que se haga sobre cualquiera de los crímenes que sucedieron en la guerra como la muerte de los jesuitas, el de monseñor (Arnulfo) Romero, obviamente eso revive viejas heridas, pero una cosa es divulgar la verdad y otra cosa es meternos en juicios que, en el caso de nuestra legislación, son improcedentes.
La legislación española es otra cosa y ellos están juzgando porque en el caso de los sacerdotes jesuitas eran españoles, pero que una disposición que ellos den allá tenga efecto jurídico en El Salvador, eso no lo veo posible. Eso está fuera del control del país, porque están juzgando intereses de ciudadanos españoles. Cualquier resolución que ellos den allá, en El Salvador sería inaplicable por la existencia de la Ley de Amnistía.
Si no hay implicación jurídica, ¿puede ser política?
En el caso de la resolución de un juzgado español tiene pleno efecto fuera de El Salvador, por ejemplo, si condenan u ordenan captura para uno de los oficiales involucrados en la muerte de los jesuitas, la orden no tiene validez dentro de El Salvador; el gobierno salvadoreño está limitado, no puede ser irrespetuoso de la soberanía de otros Estados.
Y qué opina de las recientes declaraciones del Ministro de Defensa, David Munguía Payés, en las que dice que no sólo la Fuerza Armada debe pedir perdón por los hechos del pasado, sino todos los involucrados en la guerra
Si vamos a entrar en el proceso de que la sociedad conozca a los responsables de los magnicidios en la guerra, eso tiene que ser para todos. La sociedad necesita saber quién mató a pensadores de derecha igual que merece saber quiénes mataron a los jesuitas, a monseñor Romero; esto deber ser para ambos lados, no sólo para uno.
Las explicaciones también las tienen que dar los grupos guerrilleros, no es posible que sólo se le imponga la fuerza al Estado salvadoreño... atrocidades han existido por los dos lados.
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