En las últimas semanas, los salvadoreños hemos sido víctimas de una rebelión política, un desastre natural, un pleito comercial y de dos degradaciones internacionales. A los dos primeros ya nos referimos en este mismo espacio, pero los capítulos no están cerrados; tampoco, el referente al tercero. Por de pronto, abordaremos los dos últimos; es decir, a las calificaciones de Moody's y de Transparencia Internacional; ambas relacionadas con marcadas falencias institucionales y una reprochable cultura de opacidad.
Escrito por Juan Héctor Vidal. Lunes 23 de Noviembre. Tomado de La Prensa Grafica.
Que El Salvador haya desmejorado 17 escalones en la evaluación que periódicamente realiza TI no es un asunto trivial. Ello solo refleja la presencia de una práctica creciente de malos manejos de los recursos públicos y la impunidad de un delito que, como la corrupción, afecta a los más pobres, la actividad económica basada en la ética empresarial y a la misma democracia.
La Subsecretaría de Transparencia que ha sido creada para lidiar con estos problemas es un paso en la dirección correcta, como también la iniciativa de dotar de mayor fuerza coercitiva al Tribunal de Ética Gubernamental. Pero igualmente se necesita una Fiscalía y una Corte de Cuentas independientes y que cambien su permisivo esquema para investigar y sancionar a los corruptos. Bajo las circunstancias en que se encuentra el país por los estragos del huracán Ida, ha salido nuevamente a la luz pública la preocupación de los países amigos para que la ayuda no se desvíe. Esto hace pensar que la transparencia conque se la maneje puede incidir en la cooperación que necesitamos en la fase de reconstrucción.
El que el país haya perdido su grado de inversión tampoco es un asunto menor. Esto nos coloca en una posición muy comprometida en momentos en que estamos atravesando por una precaria situación fiscal, en parte por la retracción de la actividad económica, pero también por un proceso acumulativo de compromisos fiscales, cuyo abultado monto solo se compara con la falta de transparencia con que se han manejado los recursos.
La pérdida del grado de inversión sugiere que los títulos de deuda emitidos por El Salvador se pueden convertir en chatarra financiera, en circunstancias en que muchos países con mejores credenciales andan en una búsqueda feroz de recursos escasos en los mercados internacionales.
Un daño colateral podría ser una caída sensible en el precio de los títulos ya emitidos. Es más, aunque la adquisición de una deuda depreciada sería un buen negocio transitorio, tampoco se tienen recursos para ello. En los tiempos modernos, Argentina pasó hace unos años por situaciones parecidas, con resultados catastróficos, hasta el punto de haber rogado a Chávez para que le ayudara a salir del apuro.
Consecuentemente, acudir a los mercados internacionales para colocar deuda será mucho más costoso en el futuro, mientras que recuperar el grado de inversión requerirá un enorme esfuerzo interno. Desafortunadamente, los ajustes fiscales necesarios para contribuir a esos propósitos constituyen un tema espinoso, en tanto que el gobierno tampoco parece muy preparado para entrar en un proceso de reducción de gasto corriente, por lo menos para liberar un poco recursos para la inversión y, de paso, convencer a los empresarios de que también está haciendo su propia tarea.
No sabemos exactamente si detrás de la última calificación de Moody's hay también un excesivo celo por recuperar el prestigio que perdieron las calificadoras de riesgo internacionalmente más reconocidas, por su aparente fracaso en enviar una alerta temprana sobre el colapso del sector inmobiliario en Estados Unidos. Pero en esto, igual que la percepción de que el país se está volviendo más corrupto, la faena corresponde a los salvadoreños.
En este sentido, deberíamos sincerarnos y pensar en la responsabilidad que tenemos para que la calificación del país en el índice de competitividad global no siga desmejorando, debido al mal manejo fiscal y a la corrupción.
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