Si la seguridad no se pone en la ruta del control y del orden, los costos nacionales irán siendo cada vez mayores, independientemente de lo que se haga en otras áreas.
Escrito por Editorial.Jueves 26 de Noviembre. Tomado de La Prensa Grafica.
Ante el azote constante y hasta la fecha imparable de la delincuencia en el país es a todas luces evidente que la institucionalidad ha sido sobrepasada por la ola del crimen, que, en cuanto a homicidios, dejará este año seguramente más de 4,000 víctimas, lo que es un récord siniestro. El fenómeno no es de hoy, desde luego; pero en 2009 se ha disparado con fuerza inusitada, como si la acumulación de la ineficiencia institucional le estuviera enviando cada vez más estímulos. Ante ello, la pregunta obligada, que debería de ser la clave del esfuerzo para hallar respuestas, es muy simple y al mismo tiempo muy dramática: ¿Qué hacer?
Como hemos venido sosteniendo de manera reiterada, el problema básico de tratamiento puede sintetizarse en una frase: la autoridad está a la defensiva y el crimen está a la ofensiva. Esto, por supuesto, es lo contrario de lo que debe ser la lógica natural de las cosas. En otras palabras, en lo que a seguridad se refiere, vivimos en un mundo al revés; de ahí que haya tanta y tan comprensible frustración ciudadana al respecto. El ánimo de la ciudadanía está por ello sensible al máximo, como pudo verse con la reacción autodefensiva sin análisis ante el rumor sobre una ofensiva marera, que circuló por correo electrónico hace algunas semanas.
El desafío inmediato, urgente e impostergable consiste, pues, en poner a la autoridad orgánicamente a la ofensiva frente a la delincuencia en todas sus formas, y hacerlo conforme a un plan y una estrategia completos y definidos. En tanto no se pongan en práctica ese plan y esa estrategia, se seguirán dando palos de ciego.
Hay que integrar iniciativas
Frente a tal estado de cosas, van surgiendo iniciativas que podrían ser parte de una consideración integral e integradora de la problemática que se vive, pero que en forma aislada y en bruto generan inquietudes que podrían ser evitadas de haber un trabajo mucho más depurado al respecto. La intensificación del rol de la Fuerza Armada en apoyo de la Seguridad Pública es una medida importante, que se apuntalaría si hubiera un verdadero régimen de veda de armas y se institucionalizara en debida forma el acuartelamiento policial. Medidas como ésas darían mucho más de sí si no se manejaran como disparos al aire, sino como componentes del plan integral al que venimos refiriéndonos, que debe abarcar desde luego un fundamental componente de prevención.
El riesgo delincuencial se ha venido convirtiendo –por la falta ya endémica de tratamientos adecuados y efectivos– en una vulnerabilidad nacional de primer orden, que es un lastre insoportable para la vida ciudadana, y para cualquier esfuerzo de desarrollo. Si la seguridad no se pone en la ruta del control y del orden, los costos nacionales irán siendo cada vez mayores, independientemente de lo que se haga en otras áreas.
Hemos perdido años en políticas minimalistas que no han dado resultados ajustados a la magnitud del problema; y es hora de cambiar de rumbo, porque de no hacerlo llegará momento, y será muy pronto, en que todos los esfuerzos posibles estarán rebasados de antemano por la fuerza del mal estructural que origina todas estas consecuencias.
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