Editorial. Miercoles 25 de Noviembre. Tomado de Diario Co Latino.
La próxima semana, el ejecutivo presentará ante la Asamblea Legislativa, la reforma fiscal, que busca fundamentalmente disminuir la evasión fiscal, y, atacar el contrabando.
Es cierto además, que se contemplan algunos nuevos impuestos, como el que se cargaría a los intereses de los ahorros bancarios, arriba de los cinco o diez mil dólares. Es decir, para la clase media que no logra ahorros para mantener su nivel de vida, seguramente no serán afectados, mucho menos los sectores populares que ni con las remesas puedan tener ahorros, gracias, por cierto, a la dolarización que encareció la vida en este país, como si fuéramos de primer mundo.
Hay propuestas de impuesto, además, para la primera matrícula de vehículos nuevos, pero no todo tipo de vehículo, según tenemos entendido.
El gobierno del Presidente Mauricio Funes, llevó a discusión dicho tema a diferentes sectores: movimiento social, sector sindical y los empresarios.
En los primeros dos, tenemos entendido, dieron sus aportes, y hasta donde tenemos entendido le han dado el visto bueno.
El sector que se ha planteado contrario es el sector empresarial, aunque, digamos no todos, pues hay otros, como los licoreros o cerveceros, que no se oponen, en lo que no están de acuerdo es en la visión gubernamental que desde la óptica de cada uno de ellos, les afecta a unos y beneficia al otro, pero, en lo fundamental no se oponen, es decir, en la urgencia de aplicar una nueva tasa.
Otros, sencillamente se oponen. Y los que se oponen dicen que, la crisis actual no debería llevar al gobierno a ninguna reforma fiscal, pues, desde su lógica, iría en detrimento del crecimiento empresarial.
Aunque, esos mismos empresarios son los que dicen que, en tiempos de bonanza tampoco es oportuno aplicar reformas fiscales, pues, ello va en detrimento del desarrollo empresarial y por ende de la economía nacional. Es decir, los empresarios que hoy se oponen son los mismos que dicen no a las reformas fiscales, independientemente, de la situación económica que vive el país.
O sea, pues, el gobierno difícilmente logrará el visto bueno de los empresarios.
En tal sentido, lo más pertinente es que el Ejecutivo traslade la discusión a la Asamblea Legislativa, la cual, esperamos, haga un estudio en el tiempo prudencial y que acompañen al actual gobierno para procurar más ingresos al fisco, que permitan no sólo afrontar las obligaciones crediticias internacionales, sino, lo más importante, la inversión social.
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