El asesinato de los jesuitas fue premeditado

En la matanza  del 16 de noviembre de 1989 perdieron la vida los jesuitas españoles , Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró; el religioso salvadoreño Joaquín López y López; y el ama de llaves Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 15 años.

Miercoles 25 de Noviembre. Tomado de La Página

El asesinato de los seis jesuitas fue premeditado. Se planificó con tres días de antelación en medio de la ofensiva “hasta el tope” impulsada por el Frente Farabundo Martí parala Liberación Nacional (FMLN).

Lo anterior se desprende  de los  documentos desclasificados de la agencia estadounidense de inteligencia (CIA)  entregados el martes el juez de la audiencia nacional de España, Eloy Velasco.

El juez recibió los documentos de la CIA y la declaración de la experta  estadounidense Terry Karl, de la Universidad de Stanford.

Karl entregó al juez 12 mil  documentos de la CIA desclasificados que demuestran que el crimen fue premeditado, indicaron las fuentes.

La experta es autora de un informe sobre documentación oficial de la CIA y de los servicios secretos españoles que recogían información del Ejército salvadoreño y el plan de asesinato, añadieron.

Según varios medios españoles, los asesinatos se planearon tres días antes de cometerse por altos cargos militares salvadoreños.

  Después de Karl, el jueves declararán en la Audiencia Nacional el ex juez Ricardo Zamora y el ex fiscal Belisario Artiga encargados del caso en El Salvador, y el 30 de noviembre la analista del archivo de seguridad de la Universidad estadounidense George Washington Kate Doyle.

También han sido llamados a declarar el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sidney Blanco y el actual Viceministro de Seguridad, Henry Campos, quienes actuaron como fiscales del caso y luego renunciaron para mostrarse como querellantes.

El diario español El Mundo indicó hace una semana que se espera que con la nueva documentación presentada este martes, el juez pueda "citar a declarar al representante" de los servicios secretos españoles de entonces en El Salvador y a "altos cargos salvadoreños" de la época. El miembro de los servicios secretos españoles destinado en el país entonces, interrogado por El Mundo, respondió que ni él ni Estados Unidos sabían del crimen.

La Audiencia Nacional española admitió en enero una querella presentada por dos organizaciones de derechos humanos por la muerte de los jesuitas españoles e investiga a 14 militares salvadoreños y al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani, denunciado por "encubrir" el crimen.

Los militares deberán presentarse a declarar durante una audiencia en enero del próximo año.

Los acusados

La querella, interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, está dirigida contra los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Helena Fuentes; los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos; los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo; el cabo Ángel Pérez Vasquez y los soldados José Alberto Sierra Ascensio y Óscar Mariano Amaya Grimaldi.
El juez rechazó la imputación del ex presidente Alfredo Cristiani Burkard, pero no descarta procesarlo por encubrimiento.

En la matanza  del 16 de noviembre de 1989 perdieron la vida el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría; y los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, todos de nacionalidad española; el religioso salvadoreño Joaquín López y López; y el ama de llaves Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 15 años.

En El Salvador fueron juzgados nueve militares, entre ellos el director de la Escuela Militar, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, condenado a 30 años de cárcel y liberado en 1993 tras promulgarse la ley de amnistía que perdonó todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).