Escrito por Juan José Dalton / Tomás Andréu. Noviembre de 2009. Tomado de Contra Punto.
Histórico: El ejército estaría dispuesto a asumir sus “errores” cometidos durante el conflicto armado que vivió El Salvador, no solo eso, el ministro de Defensa invita a todos los involucradas a hacer lo mismo.
SAN SALVADOR - La Fuerza Armada de El Salvador (FAES), estaría dispuesta a pedir perdón por lo crímenes cometidos durante el conflicto armado que vivió ese país, entre 1980 y 1992, expresó el actual ministro de Defensa, general David Munguía Payés, quien se convierte en el primer alto oficial, y participante en el conflicto, que hace tal ofrecimiento.
Las atrocidades cometidas por el ejército salvadoreño durante el conflicto armado hacia la población civil, opositores e intelectuales, serían reconocidas por la FAES, dijo Munguía Payes: “la Fuerza Armada está dispuesta a pedir perdón por los errores que cometió”.
Nunca ningún alto oficial de la FAES, en anteriores gobiernos, reconoció públicamente que la fuerza armada haya cometido “errores”, mucho menos crímenes durante la guerra civil. Crímenes que hasta el momento en El Salvador no han sido juzgados debido a que está vigente una amnistía general desde 1993, la cual impide que los crímenes de guerra sean juzgados.
La nueva posición de la entidad castrense responde al cambio de gobierno ocurrido en junio pasado, cuando tomó las riendas del gobierno salvadoreño, por primera vez en la historia un gobierno de izquierda, encabezado por el periodista Mauricio Funes.
El ministro de Defensa, no obstante, también fue enfático en señalar que no sólo la FAES debe pedir perdón, sino también aquellas entidades y protagonistas de la guerra que se vieron involucrados en el conflicto, que dejó la muerte de al menos 75 mil personas y unos 8 mil desaparecidos.
Las palabras del ministro involucran a la ex insurgencia y actual partido político en el poder, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que el pasado 15 de marzo ganó las elecciones presidenciales y hoy es el partido de gobierno.
“También todas aquellas instituciones, actores políticos, actores nacionales e internacionales que participaron en la guerra y que también cometieron errores, porque también cometieron crímenes, deben de pedir perdón, no solamente nosotros”, remató el ministro en la entrevista.
Reconocimiento a las víctimas
Las palabras de ministro Munguía Payés se originan luego que el gobierno de El Salvador otorgara una condecoración póstuma a los seis sacerdotes jesuitas (cinco de ellos de origen español) que fueron asesinados por el ejército en el recinto universitario donde vivían y ejercían su vida académica y crítica.
El asesinato fue cometido durante la ofensiva “Hasta el Tope” del FMLN en 1989. El crimen fue ordenado por altos mandos del ejército y ejecutado por efectivos del Batallón Atlacatl, entrenado en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia.
El mandatario Mauricio Funes entregó la máxima distinción que concede El Salvador, denominada Orden José Matías Delgado, Gran Cruz Placa de Oro, a familiares y amigos de los seis sacerdotes jesuitas que hace 20 años fueron asesinados por el ejército. Las palabras del presidente en el discurso fueron fuertes, pues desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y la Ley General de Amnistía firmada en 1993, sin la participación del FMLN, dejó en impunidad el crimen contra los jesuitas y otros tantos ocurridos en la guerra.
“Poner, (la condecoración póstuma) en las manos de los familiares y compañeros (de los jesuitas), significa para mí, retirar un velo espeso de oscuridad y mentiras, para dejar entrar, la luz de la justicia y la verdad, significa levantar la alfombra polvosa de la hipocresía y empezar a limpiar la casa de nuestra historia reciente”, dijo el presidente en su discurso.
Militarismo criollo, monseñor Romero y los padres jesuitas
El Salvador es un país que registra en su historia un largo perfil de dominación militar, como la dictadura de principios del siglo XIX del general Maximiliano Hernández Martínez, que terminó reprimiendo una revuelta de campesinos e indígenas en 1932. “La matanza” como algunos le llaman, dejó según estudiosos, entre 10 mil y 30 mil muertos, en su mayoría campesinos e indígenas; de esa forma la dictadura militar quedó inaugurada hasta la firma de los Acuerdo de Paz en 1992 en Chapultepec, México, entre gobierno y guerrilla.
Desde antes que se firmaran los Acuerdos de Paz en El Salvador, la ley, el orden y la justicia estaba dictaminada por el ejército. Un civil sospechoso de insurgente era asesinado, desaparecido o torturado. Las garantías de los derechos humanos eran nulas, por las calles amanecían cadáveres con señales de tormento.
El accionar de los militares contó con el visto bueno de los sectores acaudalados del país. Lo importante era detener el “oleaje del comunismo” que sería “exportado” de países como Cuba y de Nicaragua.
Un hecho que aceleró la guerra civil en El Salvador, fue el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien pedía a los ricos y militares el cese de la represión hacia la población civil.
El informe de la Comisión de la Verdad, emitido en 1993 luego de la firma de los Acuerdos de Paz, estableció que fue el ex mayor Roberto D'Aubuisson, fundador del partido de derecha, (ahora oposición) Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fue el actor intelectual del asesinato. Para la ejecución estuvo respaldado por militares de su seguridad, actuando como escuadrones de la muerte, enfatiza el informe.
El informe de la Comisión de la Verdad evidencia la participación de militares en asesinatos y desaparecimientos forzados. En el caso de Monseñor Romero concluye lo siguiente: “que el Mayor Roberto D´Aubuisson dio la orden de asesinar a Monseñor Romero, que los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron participación activa en el plan, que el motorista del ex capitán Saravia, Amado Antonio Garay transportó al francotirador que dio muerte al religioso”.
El pasado 7 de noviembre, el actual gobierno asumió, por primera vez, la responsabilidad en el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980 y se comprometió a realizar las investigaciones y reparaciones del mismo, además de iniciar un diálogo nacional sobre la controvertida Ley de Amnistía General.
"Declaramos nuestro compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de nuestras posibilidades" las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboradas en el año 2000 en relación con el asesinato del religioso por escuadrones de la muerte de la ultraderecha, dijo en Washington el Director General de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales.
Durante los gobiernos del partido ARENA, este se negó a seguir las recomendaciones de la CIDH, justificando que sería “abrir viejas heridas” y que El Salvador no estaba para esos desgastes.
La condecoración póstuma entregada a los familiares de los jesuitas asesinados por ejército, ha empezado a crear debate en la opinión pública, si debe derogarse la Ley General de Amnistía, algo que para el ministro Munguía Payés es únicamente “responsabilidad de la Asamblea Legislativa de El Salvador”.
En España existe un proceso abierto en la Audiencia Nacional Española desde hace un año en contra de 14 militares salvadoreños por el asesinato de los seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras.
Entre los acusados están el ex ministro de la Defensa y general retirado, René Emilio Ponce, así como su segundo al mando, Juan Orlando Zepeda y el entonces jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo, entre otros que suman 14 militares ya en retiro. Inicialmente aparecía también señalado el ex presidente Alfredo Cristiani, como encubridor, pero el juez Velasco lo excluyó hasta que en el proceso se logre comprobar que tuvo algún nivel de participación en la masacre.
El Informe de la Comisión de la Verdad, preparado con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirma que las violaciones a los derechos humanos durante la guerra, fueron cometidas en su totalidad por miembros del ejército y sus aliados paramilitares y escuadrones de la muerte, con el apoyo de sectores económicos del país, por su parte, el FMLN cometió un 5% de esas violaciones. En total, la guerra en El Salvador dejó más de 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos, la población al respecto, pide la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el conflicto.
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