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2009/11/23

General Ponce habría dado la orden para asesinar a los jesuitas

 

Redacción ContraPunto. Lunes 23 de Noviembre.

“En ningún momento, en ningún lugar he dado al coronel Benavides la orden de asesinar a los jesuitas y no dejar testigos […] No me puedo imaginar quién se inventó esa historia”, dijo Ponce en una entrevista a una televisión de España.

SAN SALVADOR – Documentos desclasificados que serán entregados en los próximos días al juez español, Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, sitúan al general retirado René Emilio Ponce, como quien habría ordenado el asesinato del rector de la Universidad Centroamericana (UCA) , Ignacio Ellacuría, el 16 de noviembre de 1989, hace 20 años.

Pero no sólo ello. Ordenó además “no dejar testigos”. Esta orden la cumplieron a cabalidad el grupo de soldados que ejecutaron la masacre: mataron además de a Ellacuría, a otros cinco sacerdotes jesuitas y a dos de sus empleadas, que era el personal que se encontraba en la residencia de los padres jesuitas ubicado al interior de la UCA.

El diario madrileño El Mundo publicó la semana pasada que, de acuerdo a documentos secretos recientemente desclasificados por el gobierno estadounidense, a los que tuvo acceso, la inteligencia norteamericana supo de antemano que la cúpula militar salvadoreña planeaba asesinar a los jesuitas.

Y este domingo 22 de noviembre el periódico ha divulgado más detalles explosivos de aquellos documentos desclasificados: la existencia de un manuscrito en el que queda establecido que, en una reunión de la cúpula militar salvadoreña, llevada a cabo a partir de las 20 horas del 15 de noviembre de 1989, el General (ahora en retiro) René Emilio Ponce dio la orden de asesinar al padre Ignacio Ellacuría, por entonces rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en una operación que no había que dejar testigos.

En esa reunión participaron, según lo describe el acta, el comandante de la Fuerzas Aérea Salvadoreña, General Juan Rafael Bustillo; el General René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor del Ejército; el General Juan Orlando Zepeda, el Coronel Inocente Orlando Montano, viceministro de Seguridad Pública; el Coronel Francisco Elena Fuentes, comandante de la Primera Brigada de Infantería.

Todos ellos son descritos en el documento como el “Grupo Decisorio”, aunque es posible que hubiera habido más militares en la sala.

“Hay que proceder a su eliminación (de Ellacuría) sin testigos”, le habría dicho Ponce al que redactó el documento, quien se identifica únicamente como “yo”.

El Mundo dice que ha consultado con expertos y ubican a ese “yo” como al Coronel Montano. Sin embargo, al leer el manuscrito, se ve que Montano es uno de los tres que participan en el diálogo, los otros dos son el general Ponce y el “yo” misterioso.

- Coronel Montano: ¿Sabe que el padre Ellacuría está en la UCA?

- Yo: ¡No!

- Coronel Montano: Ya regresó de España!!

- Gral Ponce: Hay que proceder a su eliminación, sin testigos.

- Yo: No tengo a gente especial para cumplir la misión; solamente el Atlacatl, pero se lo llevan!

En este punto, según el documento, Ponce le contraordenó a un tal Coronel León que hasta mañana mande a recoger a la gente del Atlacatl. Y Ponce giró más instrucciones:

- Ponce: Que el Cnel. Camilo Hernández planifique la operación. Él tiene experiencia en esos trabajos!!!

El Atlacatl era el batallón entrenado en contrainsurgente en los Estados Unidos, y de esa unidad salió el comando que asesinó a los jesuitas.

Esa acta publicada por El Mundo es parte de la documentación que será presentada el martes próximo al juez Velasco, que abrió la querella hace un año a petición de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), y el Centro por la Justicia y la Responsabilidad (CJA, siglas en inglés), de Estados Unidos.

La abogada española Almudena Bernabeu, que representa a los querellantes, dijo antes de publicarse lo de Ponce, que todos esos documentos aportan información novedosa que no se tenía antes, y a partir de la cual pudieran surgir más acusados hasta ahora alejados del caso. “Sí, es posible que sí (surjan más involucrados)”, dijo Almudena desde Madrid, en entrevista telefónica con ContraPunto.

“(Los documentos) aportan elementos importantes, contundentes”, dijo Bernabeu a ContraPunto, sin entrar en detalles del contenido de los informes, por razones obvias.

De encontrarse culpables los militares que habrían participado en el complot para asesinar a los jesuitas, y otras personas que pudieran surgir en el proceso, ellos serán requeridos por la justicia española, para encarcelarlos en ese país. España y El Salvador poseen acuerdos de extradición.

Otra cosa será si el sistema judicial salvadoreño pone o no obstáculos para cumplir con una eventual petición de extradición por parte de la justicia española.

No fui yo
En mayo de este año, el general Ponce concedió una entrevista a la televisora española RTVE, y en ella, el militar dijo que por años él y su familia han cargado injustamente con la acusación de que él fue el que dio la orden para asesinar a los jesuitas, una versión que ya habían planteado en 1993 la Comisión de la Verdad, establecida en ese año fruto de los Acuerdos de Paz de 1992, y que buscaba investigar los asesinatos con motivación política ocurridos durante los años de guerra civil en El Salvador.

“Durante 19 años tanto mi familia como yo hemos estado sufriendo este ataque injustamente. Porque yo en ningún momento, en ningún lugar, he dado al coronel Benavides la orden de asesinar a los jesuitas y no dejar testigos.

La justicia salvadoreña llevó a juicio en septiembre de 1991 a 14 militares acusados de participar en la masacre. Pero solo fueron condenados dos: el Coronel Guillermo Alfredo Benavides, bajo cuyo mando estaba el Batallón Atlacatl, y el Teniente Yussy René Mendoza.

Sin embargo, una Ley de Amnistía, decretada 1993, los dejó en libertad en abril de ese año.

A la pregunta de por qué fue el comando militar a matar a los religiosos de la UCA, Ponce responde:

“Yo creo que esa es una buena pregunta que le podrían hacer al coronel Benavides. Cada año que hay ataques públicos contra nosotros yo he dicho: Que diga el coronel Benavides públicamente si yo le he dado esa orden. Yo no tengo la menor idea de por qué tomó esa decisión”.

2 comentarios:

  1. Este sr y sus compinches se tienen bien merecido un severo castigo. Sin embargo es innegable que el castigo y la verdad deben de ser procesadas en nuestro pais y no en otro. Hay algo de poco soberano en dejar que sean fuerzas foraneas las que nos ayuden a hacer justicia. Pero por el momento observemos como los asesinos impunes de hace unas decadas se desviven al ver perder su asumida intocabilidad.

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