Fiscales: El Salvador no buscó ideólogos de matanza de jesuitas
Por JORGE SAINZ. Jueves 26 de Noviembre. Tomado de Salvadoreños en el Mundo.
Dos antiguos fiscales salvadoreños declararon el jueves ante un juez español que sufrieron presiones del poder judicial y del ejército para no perseguir a las autores intelectuales de la matanza de seis sacerdotes católicos jesuitas en El Salvador, hace ahora 20 años.
Henry Campos, actual viceministro de Justicia y Seguridad del gobierno salvadoreño, y Sidney Blanco, magistrado de la Corte Suprema del país centroamericano, trabajaron en 1991 como fiscales y, posteriormente como acusación particular, en el juicio contra varios militares por su implicación en los asesinatos.
La mayoría de los acusados entonces fueron absueltos o condenados a penas menores.
Campos y Blanco testificaron a puerta cerrada durante más de dos horas en Madrid ante el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el proceso judicial, reabierto ahora en España, contra 14 militares salvadoreños acusados de participar en la muerte de los seis sacerdotes católicos jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos empleadas del hogar en la Universidad Centroamericana (UCA).
"Fue un juicio controlado (el de 1991), que pretendió hacer responsables a los intermediarios, absolviendo a ejecutores y excluyendo a los autores intelectuales", dijo Campos a la salida de los juzgados.
"Hemos planteado ante el juez los obstáculos que se presentaron y la coordinación que pudo existir por parte de las instituciones del estado (salvadoreño) para limitar la investigación", añadió Blanco.
El propio Blanco relató que las fuerzas armadas salvadoreñas negaron información durante el proceso y, en ocasiones, confabularon testigos militares para mentir.
Los seis jesuitas y dos empleadas domésticas fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados que irrumpieron en el campus de la UCA en San Salvador durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Entre los fallecidos, se encontraba el padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, y uno de los principales representantes de la corriente cristiana de la teología de la liberación en América Latina.
Hace unos meses, el Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco) y a la Asociación Pro Derechos Humanos de España promovieron la querella en la Audiencia Nacional para reabrir el caso de los jesuitas.
De momento, el magistrado Velasco ha incorporado hasta 13.000 folios al sumario, entre los que se incluyen papeles desclasificados de la CIA y los departamentos de Estado y de Defensa estadounidenses que podrían arrojar luz y nuevas claves sobre la matanza.
El juez también citó a declarar a los 14 procesados el próximo febrero, bien en Madrid bien por videoconferencia. Supuestamente Velasco tiene localizados los domicilios de 12 de ellos.
Entre los acusados están el ex ministro de Defensa Humberto Larios y el general René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto en esa época.
Campos, viceministro de Justicia y Seguridad, señaló que El Salvador tiene voluntad de colaborar en el proceso judicial español, pero recordó que les corresponde a las instancias judiciales y no al gobierno tratar con estos asuntos.
"El gobierno tiene la voluntad de colaborar, pero hay que ajustarse a las realidades del país y la fiscalía es un órgano independiente", señaló.
"Lo que sí ha sido claro el gobierno en general y el presidente Mauricio Funes es que los jesuitas fueron personas asesinadas durante la guerra y merecen todo el reconocimiento como víctimas y como constructores de una academia que buscaba la paz", agregó.
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