Uno de los requerimientos democráticos del sistema electoral es llevar las urnas lo más cerca posible a toda la población votante, pues facilita el ejercicio de un derecho constitucional: el sufragio.
Escrito por Eduardo A. Urquilla.Sábado 21 de Noviembre. Tomado de La Prensa Grafica.
Por ello, el voto residencial debe ser un elemento natural de dicho sistema; pertenecerle al cuerpo electoral; no encontrar objeción de ningún partido político o sector social, y gozar del apoyo gubernamental.
Somos el único país en el mundo con un modelo domiciliar de votación en 239 municipios, que representan el 95.79% del cuerpo electoral. Eso causa perjuicio u obstáculo en el ejercicio del sufragio, y provoca señalamientos que dañan la característica libre del voto, por el factor transporte de los partidos políticos el día de las elecciones.
Después de algunas experiencias fallidas, el TSE ejecutó en las elecciones de 2006 el Plan Piloto de Voto Residencial en siete municipios. Los electores votaron en sectores cercanos a su residencia, lográndose con ello una participación que superaría el promedio nacional. En Carolina, por ejemplo, tres de cuatro ciudadanos inscritos ejercieron el sufragio. En las elecciones de 2009, el departamento de Cuscatlán –primer departamento en desarrollar esa modalidad de votación– obtuvo los mejores resultados de participación. No hay duda de que ese mecanismo contiene aspectos fundamentales que legitiman los procesos electorales.
Como magistrado del TSE, he conocido la metodología para ejecutar el voto residencial en las elecciones relacionadas –a un costo de más de dos millones de dólares–, la que estuvo fundada en mucho trabajo para evaluar “las características geográficas, topográficas... infraestructura, asentamientos de núcleos poblacionales, y vías de acceso” del país (Memoria Especial Elecciones 2009, TSE). Esa metodología aplicada a los 262 municipios costaría varias decenas de millones de dólares. Por eso, y con el propósito de mejorar el voto residencial a escala nacional para las elecciones de 2012, el TSE solicitó apoyo al Sistema de Naciones Unidas en el país, para desarrollar un diagnóstico con el fin de obtener recomendaciones “sobre el mejor camino a seguir”.
Bajo la responsabilidad de una misión presidida por el experto electoral señor Horacio Boneo, el Sistema de Naciones Unidas ha respondido con el informe Implementación del Voto Residencial en El Salvador. Dicho informe establece un procedimiento para relacionar los electores con los centros de votación, aprovechando la nueva expedición del DUI en 2010; y utiliza dos instrumentos tecnológicos nuevos: el Censo de Población de 2007 y el levantamiento de la infraestructura educativa de 2008, ambas con sus respectivas aplicaciones informáticas. Para la Misión de Naciones Unidas su propuesta resulta sostenible, y requeriría “un costo sumamente reducido” para las elecciones de 2012.
Con esas ideas-bases, queda ahora que todos cumplamos la tarea. En lo inmediato, de parte de la actual administración del TSE (2009-2014) hay que elaborar el catálogo de centros escolares que potencialmente estén en capacidad para servir de centros de votación. Para solo esta fase, inflar un presupuesto a 14 millones de dólares, además de ser un agravio a la inteligencia, es a simple vista una declaración de guerra contra el voto residencial a escala nacional. Estimo que el proyecto del voto residencial es un buen ejemplo para que los salvadoreños respondamos “con creatividad a los retos de la modernización”, y que sobre la base de una actuación responsable de los actores políticos y sociales del país, estoy seguro de que podemos dar un buen aporte a la salud del proceso democratizador. Como diría el Dr. David Escobar Galindo: Démosle crédito al país: la democracia funciona (artículo de opinión de LA PRENSA GRÁFICA, 20 de octubre de 2009, pág. 14).
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