Casi nada

Las propuestas legales de lo que NO es una reforma fiscal abren frentes irrelevantes, porque van a aportar para que compremos los churritos y van a crear controles sobre controles y burocracia sobre burocracia.

Escrito por Sandra de Barraza. Viernes 20 de Noviembre. Tomado de La Prensa Grafica.     

Las cosas deben llamarse por su nombre. La magnitud de los esfuerzos es importante, pero más son los resultados. Los resultados deben ser relevantes, de lo contrario ¿vale la pena el costo? Estas reglas elementales deberían aplicarse al emitir opinión y valorar el contenido de eso que llaman reforma fiscal.

¿Reforma fiscal? Yo esperaría que cuando esta medida se adopte, se amplíe la base tributaria y también la carga tributaria. Esperaría que formalice ese 70% de economía informal y asegure que todos los que tenemos que pagar lo hagamos. En otros países, la carga es mayor y a nadie se le ocurre dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales por el costo personal, profesional y político que esto genera. Hemos conocido casos que son ejemplares. Pierden oportunidades de tener un cargo público, pierden candidaturas para cargos de elección popular y... tienen la crítica pública a través de los medios de comunicación.

Dice el ministro de Hacienda que se necesita mayor recaudación. Dice también que la mal llamada “reforma fiscal” permitirá recaudar alrededor de $280 millones, ¿$280 millones? Esto equivale a lo que se le asignó al Ministerio de Seguridad Publica para este año y con esto la tasa de homicidios va para arriba o se mantiene estancada. Es el doble de lo que se le asignó al Ministerio de Obras Públicas. Supera en $70 millones el presupuesto del Órgano Judicial. Alcanza para financiar la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación. Con esto se podría financiarse no más que el 60% del presupuesto del Órgano Ejecutivo. Y peor... si se logra contaríamos con el 10% de lo que se estima necesario para la reconstrucción provocada por las consecuencias del huracán Ida y agravada por permanente vulnerabilidad territorial y poca responsabilidad institucional en la que vivimos.

El MOP estima en $800 millones la destrucción que hubo en la infraestructura. Hay 93 calles arruinadas y 38 puentes colapsados, dijo el titular de LPG. Pero a esto deben sumarse las estimaciones que anunciaron para reparar o sustituir los puentes del país que, por falta de mantenimiento o antigüedad, representan un riesgo. Las estimaciones del MOP ¿consideran las necesidades de inversión para construir y mantener una red de carreteras que integre todo el territorio y a toda la población? ¿Y las inversiones para el Aeropuerto? ¿Y las de los puertos? ¿Y las del sistema de transporte público? Espero que esa cartera de Estado haga una estimación de lo que se necesita para reconstruir y para construir la infraestructura necesaria para el desarrollo. Y espero que en este intento no olvide que a la infraestructura debe dársele mantenimiento porque no puede ni debe quedarse como hasta ahora, a la buena de Dios. Y ojalá que esa cartera de Estado comparta más temprano que tarde las fuentes de financiamiento que harán posible contar con la mejor infraestructura en Centroamérica.

Complementando lo anterior, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) declara que la necesidad de financiamiento para la reconstrucción puede incrementarse a $2,500 millones. Hay escuelas, parques, un zoológico, unidades de salud y más, que han quedado afectados. Nadie sabe a cuánto asciende el monto. Todos esperan la colaboración de la CEPAL para contar con información confiable. Cuando terminen la tarea, seguramente nos dirán que necesitamos el equivalente a CINCO carreteras Longitudinal del Norte. Y con lo que dice el ministro de Hacienda que vamos a recaudar con “la reforma fiscal” construimos no más que la mitad de la carretera Longitudinal del Norte. Que no se nos olvide.

Las propuestas legales de lo que NO es una reforma fiscal abren frentes irrelevantes, porque van a aportar para que compremos los churritos y van a crear controles sobre controles y burocracia sobre burocracia. Creo que la difusión sobre la justificación de las “medidas correctivas” es inexistente y la comunicación es reactiva. Y con todo esto... una estimación de $280 millones adicionales ¡tanta bulla que genera! La verdad es que nadie quiere pagar más; a nadie le gusta pagar y nunca es buen tiempo para pagarle al fisco. Por esto hay que transparentar la información y penalizar la evasión, la elusión y el contrabando en su momento y de manera ejemplarizante. Esto necesita profesionales capaces y honrados, especialmente en aduanas, y controles efectivos con tecnología moderna. Ya es hora de asegurar que nadie evade, que nadie elude y que el contrabando se penaliza de manera ejemplarizante. ¿Por qué tanta vuelta para superar deficiencias por todos criticadas? Hagan entonces SU trabajo que todo el tiempo es bueno para hacerlo.