Alfredo Melgar.06 de Abril. Tomado de Raices.
Respondiendo a las afirmaciones del Fiscal General de la República, Romeo Barahona, quien había advertido la supuesta inconstitucionalidad en la intención de crear un ente de investigación similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala(CICIG), el Presidente Mauricio Funes recordó que ya se han formado instancias similares en el pasado como la que se conformó después de la firma de los Acuerdos de Paz la cual tuvo a su cargo la indagación de crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Las diferencias en torno al tema entre el titular del Ministerio Público y el Jefe de Estado se originaron debido a que no se tenía mayor conocimiento sobre las atribuciones que tendría esta comisión contra la impunidad, que en Guatemala llegó a tener facultades superiores a los de la misma fiscalía nacional.
Desde el punto de vista constitucional expresado por el Fiscal General, la creación de la Comisión internacional Contra la Impunidad violenta el artículo 193 inciso tercero de la Constitución el cual especifica que corresponde al titular del Ministerio Público “dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil”.
No obstante, el presidente Funes aclaró que dicha comisión vendría a fortalecer el trabajo de la fiscalía, investigando los hechos poniendo a disposición del Ministerio Público los resultados de las indagaciones para que este, tal y como dicta la constitución, judicialice los casos cuando considere necesario hacerlo.
El mandatario trajo a la memoria la creación de la Comisión de la Verdad luego de la firma de los Acuerdos de Paz, misma que investigó graves violaciones a los derechos humanos y estableció sus responsabilidades, las cuales, en palabras del Jefe de Estado, “no tenían validez judicial” por lo que el trabajo de dicha comisión se limitó a investigar y recomendar.
Por otra parte, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Humberto Luna, aclaró que la constitución permite a la Asamblea Legislativa la creación de comisiones con atribuciones especiales para investigar diferentes temáticas; también reconoció que el mismo ejecutivo está en la facultad de conformar diferentes entes cuyo trabajo apoyaría el esfuerzo de las instituciones que reconoce la carta magna como la misma Comisión de
Búsqueda de niñas y niños desaparecidos en el pasado conflicto que él preside.
Con base en el argumento del procurador Luna, la discusión en torno a la creación de la Comisión internacional Contra la Impunidad va más allá de la constitucionalidad de la misma; en esta misma línea de pensamiento, una reflexión obligada es si la fiscalía ha pasado a ser un ente inoperante e incapaz de realizar su trabajo, advierte el procurador.
La misma idea es compartida por el ex Ministro de Seguridad, doctor Francisco Bertrand Galindo, quien es de la opinión de que la intención de la conformación de la citada comisión evidencia, o al menos hace pensar, que en realidad la situación de criminalidad ha superado las capacidades de la Fiscalía General de la República.
Henry Fino abogado miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana IDHUCA, da algún crédito a las reflexiones surgidas en el marco de la discusión de la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad. A criterio de Fino el ministerio público dirigido por el Fiscal Romeo Barahona ha dado claras señales de incapacidad.
El abogado del IDHUCA sustenta su afirmación en que, a casi un año de haberse interpuesto la denuncia contra el actual director general de Protección Civil, Jorge Meléndez, a quien junto con otras personas se señala por el asesinato del poeta Roque Dalton, el titular del ministerio público únicamente ha podido asignar a 2 fiscales auxiliares para el caso.
En vista de lo anterior Henry Fino ve con buenos ojos el que se conforme un ente complementario para el trabajo que actualmente realiza la Fiscalía General de la República, el mismo punto de vista es compartido por el Procurador de Derechos Humanos, Oscar Humberto Luna y el ex ministro de seguridad Francisco Bertrand Galindo.
Mientras las discusiones sobre la función y atribuciones de la Comisión que pretende crear el presidente Funes continúan, permanece latente la reflexión sobre si las instituciones constitucionalmente establecidas tiene la capacidad de cumplir su trabajo.
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