LPG-Ahora sí, la Sala de lo Constitucional trabaja

 Escrito por Carlos H. Rivas.12 de Abril.Tomado de La Prensa Gráfica.
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Lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia es un reflejo bastante fiel de lo que el país vive actualmente; una dinámica de cambios que pretende ser obstaculizada por quienes se aferran al pasado y a sus privilegios. Porque, desde cualquier ángulo que se mire, en la actitud de los magistrados opuestos a la seria labor que está realizando la Sala de lo Constitucional y de todos aquellos que se han mostrado alarmados por la misma, no se encuentran más que intereses de poder en beneficio personal.

Solo quienes se aprovecharon de la ineficacia y parcializada eficacia de la Sala de lo Constitucional en el pasado pueden no estar de acuerdo con la labor que los cuatro magistrados de la misma están realizando.

Mucho se ha dicho que uno de los más graves problemas de nuestra sociedad y nuestro sistema político es la falta de institucionalidad. Mucho se ha dicho también que la gran mayoría de problemas que nos aquejan podrían evitarse con solo que se cumpliera a cabalidad y efectivamente la Constitución de la República.

Sin embargo, el poder del Estado llamado a garantizar tanto la institucionalidad como el cumplimiento de nuestra Carta Magna, la Corte Suprema de Justicia –y en especial la Sala de lo Constitucional– ha estado durante décadas secuestrada por poderes de facto, que la han manejado a su antojo, convirtiéndola en un instrumento del poder económico y del partido en el gobierno de turno, con alguna cuota, digámoslo sin temor, para uno que otro partido que se prestara dando sus votos para mantener aquella irregular situación dentro de la CSJ.

Pero, cuando por fin, cuatro magistrados se dedican a trabajar por la institucionalidad del país (y no a medrar de sus puestos, como se había vuelto tradicional en el Órgano Judicial) y se deciden a enfrentar con valentía y justos criterios, los casos abandonados por las pasadas magistraturas y las décadas de parcialidad, inoperancia, nepotismo y leguleyadas; en el seno mismo de la CSJ se levantan quienes, sin lugar a dudas, nada hicieron ante tanta negligencia, para decir lo menos.

Es irónico, pues, aunque ya no extraño en nuestra realidad política, que los abogados y juristas José Belarmino Jaimes (presidente de la CSJ), Florentín Meléndez Padilla, Edward Sidney Blanco Reyes y Rodolfo Ernesto González Bonilla enfrenten la oposición de sus “colegas” cuando deberían ser aplaudidos y emulados puesto que como integrantes de la Sala de lo Constitucional han dado resoluciones de gran importancia para la Nación, como por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 191 del Código Penal y el caso de las candidaturas no partidarias.

No podemos continuar aferrándonos al pasado, y si el problema de la falta de institucionalidad y el respeto a la Constitución ha sido una marca y herencia del pasado que queremos y hemos de superar, considero imperativo para el bien de El Salvador propugnar, así como por una nueva forma de hacer política, por una nueva forma de hacer justicia y constitucionalidad.

Lo que la actitud de los magistrados Jaimes, Meléndez, Blanco y González ha evidenciado al desafiar la corrupción institucionalizada es un mal de muchos, todas las estructuras del poder se encuentran corroídas por el vicio de la corrupción y la parcialidad, por el manejo de los partidos políticos y de los dueños de esos partidos; esta es una realidad que nada tiene que ver con los esfuerzos que el actual gobierno pueda y esté haciendo por desmarcarse y ser diferente a las administraciones anteriores.

Por ello, la actitud de la Sala de lo Constitucional no solo es laudable, sino que sería beneficioso que, cada quien desde su propia posición y función en el Estado, asumiera similar actitud patriótica.

Ahora sí, la Sala de lo Constitucional trabaja