El presidente Funes y el fiscal general Barahona discuten a través de los medios de comunicación sobre la instalación de una Comisión Especial para la Investigación del Crimen. El presidente está a favor y el fiscal la rechaza.
Escrito por Facundo Guardado.12 de Abril.Tomado de La Prensa Gráfica.
“Todos queremos poner fin y con urgencia a la impunidad, pues es esta la principal incubadora del delito.”
Nadie en el país sabe, ¿cuál es el cometido de tal Comisión? No sabe nada el presidente, no sabe nada el fiscal y menos aún los ciudadanos.
No hay un solo papel escrito en el que se defina cuál es la naturaleza, la competencia, el alcance, la integración; quién le da el mandato; si es transitoria o es permanente y quién pagará la cuenta de dicha Comisión.
El fiscal se ha expresado molesto y yo diría que con razón, porque los primeros anuncios hechos por el Ejecutivo, sobre la Comisión, han dado la impresión de que la Fiscalía es un ente subordinado del gobierno central y que, además, al fiscal y a la Fiscalía se les puede ningunear.
Si el presidente está convencido de que la creación de tal Comisión es transcendental y urgente, él y sus colaboradores en Seguridad Pública deberían de intentar un esfuerzo para escribir un papel con unas tres consideraciones, una conclusión y unas dos propuestas. Así todos sabríamos a qué atenernos. Así podrían contribuir a esclarecer el objeto del debate. Solo así se podría alcanzar un punto de acuerdo.
El país no se rige por la discrecionalidad arbitraria, el país tiene leyes e instituciones. Todos hemos aceptado el actual Estado de Derecho, y si se trata de mejorarlo o cambiarlo, la legalidad vigente establece el camino para hacerlo.
Los escasos adelantos que el Ejecutivo ha hecho, sobre la naturaleza de la Comisión especial para la investigación del delito, son tan abstractos que en el “atarrayazo” podría caber todo, desde ser un grupo asesor del presidente hasta la creación de un ente con poderes extraordinarios, al cual se somete la Fiscalía, la Policía, la OIE y más adelante los jueces.
Todos queremos poner fin y con urgencia a la impunidad, pues es esta la principal incubadora del delito.
Todos quisiéramos que la justicia sea pronta y oportuna.
Por supuesto, que el país está urgido de un sistema competente para la investigación y persecución del delito.
Cuando se hace la comparación con la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) hay que ser consciente de que esta fue creada porque la comunidad internacional y el anterior gobierno (este último a regañadientes) llegaron a la conclusión de que el Sistema Judicial era absolutamente corrupto e inoperante.
Si los promotores de esta iniciativa lo que de verdad quieren es crear una CICIES (Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador) exprésenlo sin ambages. Si hay quienes ya llegaron a la conclusión de que también nuestro Sistema de Administración de Justicia está corroído por la corrupción y a punto de colapsar, defiendan su argumentación en público, lleven la discusión a las instancias competentes y pongan sobre la mesa propuestas de salida.
En lo personal, como no comulgo con el chovinismo ni el nacionalismo, no tengo problema que Naciones Unidas o cualquier otro foro internacional sea el tutor, si esa es la ruta más eficaz y pronta para no terminar todos en el infierno de la impunidad.
Lo que no puedo aceptar es el que se nos quiera vender gato por liebre.
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