El encargo real está en ir al encuentro del reto que encarnan las diversas formas del crimen y sus derivados. No se trata, institucionalmente, de que alguien quede bien o de que alguien quede mal.
Escrito por Editorial.11 de Abril.Tomado de La Prensa Gráfica.
El estudio más reciente del Banco Mundial sobre los efectos de la criminalidad y la violencia en Centroamérica contiene un dato escalofriante para nuestro país: el costo derivado de tales trastornos asciende anualmente al 10.8% del Producto Interno Bruto. A esto hay que agregar las distintas ramificaciones consecuenciales de tal situación, que implican efectos directamente negativos sobre la inversión, la efectividad del desempeño económico y las posibilidades de impulsar aceleradamente las innovaciones empresariales que la competitividad nacional, regional y global está demandando.
El estado de inseguridad que vivimos produce impactos múltiples. El primero de dichos impactos golpea la vida misma de los ciudadanos y sus familias, con afectación inmediata del ánimo nacional. Es muy difícil promover una sensación generalizada de positivismo y de fe optimista cuando las distintas amenazas de la violencia acechan en cada esquina. Los salvadoreños nos movemos bajo el signo del miedo, sin que la institucionalidad sea capaz hasta el momento de hacer valer su potestad protectora. Las conductas criminales y antisociales siguen estando a la vanguardia, pese a las iniciativas que se toman para contrarrestarlas, y tal impresión es la que más desestabiliza y erosiona el ambiente nacional.
Esos más de 2,000 millones de dólares que la criminalidad y la inseguridad le cargan anualmente al país deberían servir para movilizar el desarrollo; y, además, si no se tuviera permanentemente encima la terrible espada de Damocles del crimen y de la violencia, el rebrote de energías creadoras e innovadoras podría ser desbordante. No podemos seguir en las que estamos, y datos como los ahora graficados, que no son nuevos pero siempre son elocuentes, deberían mover voluntades políticas y sociales hacia un tratamiento verdaderamente integral y consensuado de toda esta problemática. Ya basta de pleitos de cantina o de salón: hay que tomar en serio este desafío, que es un desafío para todos, y al que nadie en solitario o en componenda sesgada puede darle respuesta eficaz y sustentable.
Como se ha dicho tantas veces, este no es un problema de seguridad pública, aunque tiene un importante componente de seguridad ciudadana. Hay que atacar todas las formas de inseguridad, incluyendo por supuesto la seguridad jurídica y la seguridad política. El punto clave está en tres palabras: integración, efectividad y confianza. Hasta la fecha, ha sido imposible que la institucionalidad más directamente encargada de toda esta temática salga de sus viejas casillas para pasar al auténtico trabajo en equipo. Lejos de eso, se siguen defendiendo cotos privados, como se ve en el caso de una eventual Comisión internacional para apuntalar el combate contra la criminalidad organizada.
El reto actual, de este preciso momento, no está en hacer más diagnósticos, que ya los hay a granel; ni en enfrascarse en discusiones bizantinas sobre hasta dónde llegan las atribuciones intocables de cada quién; ni en continuar moviéndose en el cuadrilátero de las cifras estadísticas. El encargo real está en ir al encuentro del reto que encarnan las diversas formas del crimen y sus derivados. No se trata, institucionalmente, de que alguien quede bien o de que alguien quede mal. Se trata de sacar del camino cuanto antes un obstáculo mayor para la estabilidad y el desarrollo.
Crimen y violencia: frenos para el desarrollo en todos los órdenes
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