Por Alberto Valiente Thoresen.25 de Abril.Tomado de El Faro.
Hay una parábola antigua que muy seguido resulta ilustrativa en contextos de comunicación social. Esta leyenda ha sido popularizada en diferentes formatos, convirtiéndose también en canción y poema. Tiene sus orígenes en Asia, y es conocida en el mundo occidental, principalmente por el poema del siglo XIX de John Godfrey Saxe: “Los ciegos y el elefante”. En resumen, la historia trata sobre un grupo de hombres ciegos (o de hombres en la oscuridad) que tocan a un elefante, con el objetivo de establecer cómo es realmente la forma de esta especie. Cada persona toca una parte distinta del animal, por lo que tienen una apreciación muy particular de lo que sienten. Al comunicar lo que han aprendido, no logran ponerse de acuerdo y tampoco alcanzar su objetivo. Esto, a pesar de que cada uno ha tocado un pedazo de la misma realidad diversa y compleja. Si tan solo hablaran entre ellos, recordando este hecho, sus argumentos cambiarían los “esto o lo otro”, por los “esto y lo otro”. Esto les permitiría combinar sus apreciaciones, reconociendo la continuidad de sus conclusiones, en la aprehensión social de la realidad superior del elefante. En estas circunstancias, es de imaginar que los hombres con más poder e influencia imponen su propia versión reducida del elefante.
En este sentido, los hombres de esta parábola recuerdan también a los íconos de Mizaru, Kikazaru y Iwazaru, representados en la obra pictórica atribuida al personaje Hidari Jingorō, quien supuestamente vivió en Japón durante el siglo XVII. En esta fábula, estos personajes están representados por tres monos, en donde uno se tapa los ojos, el otro los oídos y el último la boca, ilustrando como no hay que ver, ni oír, ni hablar. Una interpretación controversial de esta obra es que refleja cómo la población japonesa del siglo XVII no debía ver, ni oír y ni hablar, sobre las cosas que les incomodaban en el sistema político de la época. De igual forma, los hombres de la parábola del elefante ni ven, ni oyen bien, ni hablan bien, sobre lo que tocan.
Si bien sería injusto decir que estas historias representan completamente ciertos debates políticos en El Salvador, hay en ocasiones paralelos generales, que resultan ilustrativos. Tal es el caso del debate sobre la reforma electoral.
En las discusiones sobre esta reforma, se abordan diversos temas que son relativamente abstractos. Por ello, no son evidentes para los participantes, como lo sería un elefante en el sol radiante de la isla de Sumatra. Sin embargo, hay algunos en la discusión que tocan diversidad de aspectos interesantes de estos temas. Mientras tanto, parece ser que otros involucrados en el proceso de la reforma electoral, prefieren no ver, no oír y no hablar, y deciden enfocarse en el pedacito de la realidad electoral que han elegido como su campo de batalla. En este proceso deforman o malentienden el tema de la reforma electoral y por qué es necesaria.
Por ello es probable que se siga gastando mucho tiempo y recursos discutiendo la sentencia 61-2009 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que interpreta el artículo 79 de la Constitución y concluye que el “voto directo significa que el elector ejerce por sí mismo una fracción del poder electoral eligiendo –sin intermediarios o compromisarios– a los titulares de cargos electivos”. Lo cierto es que en el sistema político salvadoreño es la CSJ quien interpreta la Constitución. De igual forma es la Asamblea Legislativa quien crea las leyes que deben ser interpretadas por esta Corte Suprema. En un sistema democrático es perfectamente natural que las conclusiones de estos órganos de Estado se encuentren en oposición, sin que esto signifique automáticamente que los miembros de uno u otro órgano de Estado irrespeten mutuamente su autoridad constitucional, por esta única razón. Siempre y cuando se respeten los mecanismos constitucionales para la aprobación de leyes y su interpretación, hay mucho espacio para el desacuerdo saludable y la controversia constructiva. Además de la interacción de estos dos órganos de Estado, hay uno más; el Ejecutivo, quien puede intervenir aprobando o vetando propuestas de ley del Legislativo.
En rasgos generales, el proceso político con respecto a las candidaturas independientes en El Salvador ha respetado los mecanismos constitucionales. Contrario a las visiones pesimistas, esto dice algo positivo sobre los avances en el desarrollo de la institucionalidad general del sistema político salvadoreño, especialmente si lo comparamos con crisis constitucionales recientes en el área, como la que sufrió la República de Honduras en junio de 2009. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya otros problemas graves de la democracia salvadoreña, especialmente si se pasa de lo general al análisis detallado. Algunos de estos problemas pueden solucionarse a través de una reforma electoral, pero esta no empieza, ni mucho menos termina con las discusiones actuales sobre las candidaturas electorales.
La democracia directa vs. la democracia representativa
No hay idealmente un sistema más democrático que el de la participación política directa, tanto en la elección de los delegados del pueblo, como en la decisión sobre temas de relevancia nacional. Después de todo, es del pueblo de donde emana el poder político, de acuerdo a la constitución política salvadoreña. Sin embargo, hay muchos que se oponen a un sistema de democracia directa y participativa, y abogan en cambio por un sistema liberal de democracia representativa. Esto quiere decir un sistema en donde las decisiones se toman por representantes elegidos, y no directamente por los ciudadanos. Algunos son detractores de la democracia directa sobre la base del elitismo. Porque consideran que hay élites que pueden tomar mejores decisiones que las masas populares. Otros se oponen a la democracia directa por razones prácticas. Estos consideran que sería muy inefectivo someter todas las decisiones políticas de un Estado a la totalidad de ciudadanos, ya sea porque resulta muy costoso o porque tomaría mucho tiempo. Finalmente, existen aquellos que se oponen a la democracia directa y participativa, porque temen que las masas pueden fácilmente ser manipuladas por minorías poderosas, a través de instituciones antidemocráticas, que dirigen a fin de cuentas el aparato estatal.
En este sentido, resulta curioso comprobar que muchos de los partidarios de las elecciones directas de delegados del pueblo son al mismo tiempo férreos opositores de la democracia directa en otras áreas. Supongamos que la mayoría de estas personas no son elitistas, y prefieren a la democracia representativa (con excepción de la democracia representativa en la elección de representantes) por razones prácticas y/o por una desconfianza en las instituciones antidemocráticas que pueden dominar en el Estado. Surgen entonces dos preguntas interesantes:
Primero, ¿sería posible convencer a los opositores prácticos de aceptar la democracia directa en otras áreas, si se lograra probar su viabilidad en términos de efectividad y costos? (Por ejemplo, con el uso de nuevas tecnologías informáticas). Y segundo, ¿cómo es posible abogar por la democracia directa en la elección de representantes, en un contexto político plagado por el excesivo poder de ciertas instituciones antidemocráticas?
Estas preguntas son interesantes, porque nos dan las pistas sobre los otros lados importantes de la reforma electoral en El Salvador actual. Algunos mencionan efectivamente estas partes del tema, pero hay quienes parecen no querer ver estas partes, ni oír sobre ellas o mencionarlas. Ese no es el caso de la diputada Jackeline Rivera, quien habla de sus deseos de promover una reforma electoral integral, que incluya más áreas que la reforma al proceso de candidaturas. Esta reforma debería incluir cambios que potencien las consultas directas a la población, de maneras efectivas y eficientes. Esta reforma integral también tendría que incluir modificaciones que reduzcan el poder de instituciones antidemocráticas, que manipulan los procesos electorales a favor de ciertos individuos poderosos. Si esto no se hace antes de introducir las candidaturas independientes, la medida podría tener resultados catastróficos para la democracia en El Salvador. Porque, si no hay “intemediarios o compromisarios” en la elección de representantes, en un contexto en que solo los que tienen dinero y contactos para hacerlo tienen cabida en medios de comunicación privados y parciales, ¿qué factores contribuirán a aplicar en la práctica el derecho ciudadano a participar realmente en una contienda electoral? ¿Qué evitará que el país caiga en las manos de una élite, que si bien por un lado es independiente de los partidos políticos, por el otro lado es guiada por fuertes poderes económicos y/o los dueños de los medios de comunicación social?
Por ello, antes de encaminar reformas electorales reduccionistas, tanto a los que abogan por la elección directa de representantes, como a los que abogan por la democracia directa, les convendría considerar reformas integrales al sistema electoral salvadoreño. Estas reformas deberían incluir al menos los siguientes elementos:
- Sustitución del término “propaganda” en los artículos 153, 182, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 237, 261, 278, 289 y capítulo II del Código Electoral, por el término más adecuado de “comunicación política electoral” o algo similar
- Prohibición de la comunicación política electoral pagada en todos los medios televisivos, radiales, de prensa, así como el Internet
- Aplicación de las prohibiciones a la pinta y pega
- Apertura de un medio social televisivo, radial e impreso, regulado por partidos y organizaciones civiles, en donde se distribuya justamente el tiempo asignado para la comunicación política
- Descripción de un sistema eficiente de comunicación, que efectivamente de cabida justa, libre y directa, a todos los candidatos, en estos nuevos medios ciudadanos de comunicación social
- Normativa para la convocación y conducción de referendos y plebiscitos oportunos, efectivos y eficientes
- Criterios necesarios para hacer de los partidos políticos instituciones de investigación y formulación de políticas concretas, que promuevan la controversia constructiva, en vez del debate ideológico destructivo
Medidas como estas sí fortalecerían integralmente la democracia directa. Solo en tales condiciones podría abogarse por la eliminación de “intermediarios o compromisarios” en la elección de representantes, sin arriesgar que el país siga siendo dominado por las élites sociales, económicas y los que controlan los medios de comunicación. Mientras no existan estas reformas, la eliminación de los “intermediarios y compromisarios” implica un serio reto a la democracia en El Salvador. En sistemas complejos, no puede eliminarse una variable, y esperar solo los beneficios deseados por esta acción. La complejidad, implica que también habrá consecuencias no deseadas. Pero el hecho que no sean deseadas no implica que estas consecuencias no se puedan prever y prevenir.
Si bien los partidos políticos actuales tienen muchas deficiencias, pueden funcionar como apoyo a individuos que no tienen recursos para participar en las contiendas electorales en El Salvador. La intermediación de los partidos políticos también asegura que candidatos independientes poderosos, deban someterse a controles, para representar verdaderamente a otros, en vez de solo a sí mismos. Los partidos políticos en el contexto actual también funcionan como garantes de cierta pluralidad política, cuando esta no está garantizada por el sistema de medios de comunicación social del país. Si los imperfectos partidos políticos de El Salvador se obvian en el proceso electoral actual, desaparecerán estas garantías.
Estas son unas de las posibles consecuencias indeseadas de no asumir la democracia directa integralmente y con todas sus implicaciones complejas. Si la democracia directa no puede implementarse integralmente y en todas las áreas, ya sea porque se acepta el elitismo, los argumentos prácticos, la desconfianza sistémica, o todas/algunas de las anteriores, no queda otra alternativa que mejorar la segunda mejor opción democrática, que es el sistema representativo imperfecto que actualmente existe. Esto implica a los partidos políticos intermediarios y compromisarios, quienes deben preservarse y desarrollarse. En tal caso, una reforma electoral integral con los puntos sugeridos, sigue siendo necesaria.
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