EDH-Solo dos de 15 acusados de estafa en detención

 Ex ministro Maza y otros 12 libres con medidas. Osegueda Giné, de CPK, declarado prófugo y García Herrera enviado a prisión

Óscar Iraheta.10 de Abril.Tomado de El Diario de Hoy.

El ex ministro de Salud, José Guillermo Maza y otras 12 personas acusadas de una millonaria estafa al Estado, quedaron en libertad anoche, cuando la jueza Segunda de Paz resolvió además, enviar a prisión al abogado Rolando García Herrera y a Gerardo Osegueda Giné.

La juzgadora ordenó que todos los acusados que quedaron libres deberán presentarse cada cierto tiempo a firmar al Juzgado Segundo de Instrucción.

Además no podrán salir del país y en algusos casos la jueza ordenó congelar algunos bienes.

En el caso de Osegueda, presidente de la empresa constructora CPK, la jueza giró una orden de captura, según su razonamiento, porque al parecer el principal acusado del fraude en la rehabilitación del hospital de Zacatecoluca, está fuera del país. Además ordenó congelarle algunos bienes.

José Jiménez fue el único de los 15 imputados que fue sobreseido definitivamente del caso, en que se cuestiona que más de 3,2 millones de dólares fueron cobrados por CPK y otras empresas sin que se entregaran equipos para ser instalados en el hospital Santa Teresa.

Tras el fallo de la jueza los acusados se abrazaron con sus abogados y celebraron la sentencia.

La jueza razonó que la Fiscalía no presentó una acusación ordenada.

Durante la audiencia la defensa del ex ministro de Salud, Guillermo Maza, confirmó ayer durante la audiencia inicial que la mayoría de pagos que están contemplados en la presunta estafa al Ministerio de Salud fueron efectuados por la actual administración de Gobierno y no por su cliente, como lo asegura la Fiscalía General de la República.

La audiencia contra nueve acusados de una defraudación de $3 millones al Estado se realizó ayer en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, pero no compareció Maza debido a que su estado de salud era grave, según su defensor, Mario Machado.

Durante la audiencia, la abogada del ex ministro, Laura Mina, explicó que Maza terminó su gestión como ministro de Salud el 31 de mayo del 2009 y la mayoría de pagos a la empresa constructora se efectuó a partir del 4 de junio del mismo año.

"Esos pagos han sido firmados por la nueva titular. Me llama la atención que el mismo ministerio ha interpuesto una denuncia declarando irregularidades en este proceso. El nuevo ministro que asume continúa efectuando los pagos que corresponden a esa misma licitación", confirmó la profesional.

Mientras la abogada hablaba, una de las fiscales interrumpió y pidió a la jueza que suspendiera la intervención de la abogada, alegando que eran los mismos argumentos los que había planteado el abogado Machado.

Sin embargo, la jueza Marta Lilian Villatoro restó importancia a la petición de la fiscal y le recomendó que esperara la autorización del tribunal para hacer las peticiones y declaró sin lugar (no la aceptó) la solicitud.

Mina detalló que existe un grupo de personas que eran las encargadas de supervisar los avances de las obras en el hospital de Zacatecoluca, pero en el proceso no consta que hubieran hecho reparos u observaciones.

"¿Dónde están en la acusación fiscal los reparos y las observaciones efectuadas por los peritos del Ministerio? Aún así se realizaron los pagos", recriminó la abogada.

Por su parte el abogado Mario Machado explicó que desde un principio la Fiscalía ha sostenido que el Estado fue engañado por la empresa CPK. Aclaró que su cliente, el ex ministro Maza, no ha sido incluido en la estafa porque los pagos mayores de las que parte de la estafa los hizo la ministra actual.

"Si la administración actual tenía desconfianza de los trabajos que se habían hecho, ¿por qué no verificó antes de pagar? Ese es un procedimiento que la Fiscalía ha realizado al revés", explicó el profesional.

El Diario de Hoy intentó conocer la reacción de los fiscales durante un receso, pero una de ellas expresó "que se sentía cansada y que por favor la dejaran descansar un rato", mientras manipulaba su teléfono celular.

Machado restó importancia a la auditoría que ha presentado el Ministerio Público, realizada por un contador público identificado como Ramiro Castaneda, ya que la ley establece que deben ser peritos de la Corte de Cuentas los que realicen las auditorías.

Ante esto, una de las fiscales explicó que la ley permite a la Fiscalía valerse que cualquier contador público, que cumpla con varios requisitos, entre ellos que sea parte del Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública como lo es el referido contador.

Por su parte, la jueza Villatoro aclaró que la Fiscalía tiene el poder de investigar como lo manda la ley y en "esta etapa del proceso no se está valorando la prueba" y, por lo tanto, declaró no a lugar (no lo avaló) la petición del abogado Machado.

Fuera de la sala de audiencias, el abogado declaró que "el contador Castaneda es integrante de una Comisión Evaluadora de un partido político, quienes son los que más está sacando ganancia de toda esta situación". Al parecer aludía al FMLN, según consta en un documento que el abogado entrego posteriormente.

Machado detalló que en otro proceso jurídico contra un imputado procesado por lavado de dinero, este mismo contador fue el que realizó una auditoría que fue desvirtuada por otros jueces.

Por su parte el abogado, Luis Peña, detalló que aún no se sabe quién firmó los cheques de los pagos que se hicieron de parte de la nueva administración, ya que no existe una auditoría contable, sino que los informes de los bancos que pagaron el dinero del proyecto.

Varios de los abogados recalcaron durante su participación que sus clientes y representantes de estos alertaron al Ministerio Público sobre las irregularidades, pero no se les tomó en cuenta.

Por ejemplo, el abogado Paul Castellanos reseñó que se advirtió a la Fiscalía sobre las irregularidades. Agregó que en la acusación fiscal, que consta de 84 páginas, no hay nada que confirme la relación entre los imputados y los ilícitos.

Por su parte los fiscales plantearon las mismas acusaciones y detallaron a la jueza que tienen las suficientes pruebas para que el caso siga a la siguiente fase de instrucción (para recolección y formalización de pruebas).

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