Contra el único que se decretó detención provisional fue contra el ex subdirector de operaciones de la PNC, César Rolando García Herrera.
Escrito por Carmen Rodríguez.10 de Abril.Tomado de La Página.
El Tribunal Segundo de Paz de San Salvador liberó al ex ministro de Salud, Guillermo Maza Brizuela, contra quien decretó instrucción formal sin detención provisional, pero con medidas sustitutivas.
La resolución que fue leídas a las 10:00 de la noche señala quje como medidas sustituvas el ex funcionario no puede salir del país, debe presentarse al Juzgado Segundo de Instrucción cada 30 días y se le congelan sus cuentas bancarias. Tampoco puede vender o traspasar sus bienes.
Maza es procesado por el delito de actos arbitrarios en concurso ideal con el delito de negociaciones ilícitas. El ex funcionario nunca estuvo en una celda porque inmediatamente después de que fue fichado en la Policía Nacional Civil, dijo sentirse mal y fue trasladado a Medicina Legal, de donde fue llevado al Hospital de la Mujer, del cual él es accionista.
El Juzgado Segundo de Paz, bajo la titular Marta Lilian Villatoro, realizó este día la audiencia inicial desde las 8:30 de la mañana contra 16 acusados, nueve de ellos detenidos y siete reos ausentes.
Contra siete decretó las mismas medidas cautelares, excepto contra el ex director de operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), César Rolando García Herrera, contra quien dictó detención provisional.
Contra el único que no encontró méritos para la detención y ordenó su libertad sobreseyéndolo de todas las acusaciones fue José Alexander Ramírez Jiménez.
La libertad bajo medidas cautelares también es para el resto de reos ausentes, entre ellos el español Walter Badía Gómiz, yerno de Carlos Miranda, condenado por el secuestro y posterior asesinato de Katya Miranda.
La audiencia
En la audiencia Maza Brizuela fue acusado de actos arbitrarios en concurso ideal con el delito de negociaciones ilícitas; el ex director de operaciones de la PNC, César Rolando García Herrera por falsedad documental agravada y por complicidad necesaria en el delito de estafa agravada.
Por el delito de falsedad ideológica y complicidad en el delito de estafa agravada fueron procesados Roberto Oswaldo Salazar Martínez, quien fungía como representante legal de la Sociedad Roberto Salazar y Asociados Ingenieros Consultores S.A. de C.V.; José Mauricio Serrano Martínez, y José Alexander Ramírez Jiménez, ambos supervisores de obra del Asocio Supervisor CHC Norcontrol. Ramírez fue absuelto de toda rfesponsabilidad.
Además, Guillermo Rafael Alfaro García, René Arturo Portillo Montalvo y Herbert Leonel Perdomo Ulloa, representantes de las entidades Advanced Technology, Proyectos y Ventas S.A. de C.V. (PROVENSA) y Materiales Técnicos S.A. de C.V. Y CPK Consultores S.A. de C.V. son acusados falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública. Igualmente están acusados de complicidad necesaria en el delito de estafa agravada. El resto de acusados son procesados por delitos similares.
El tribunal también realizó anotaciones preventivas a las empresas y asocios involucrados.
El caso
Datos del requerimiento fiscal señalan que el 21 de mayo de 2010 recibieron una denuncia escrita en la que se manifestaba la suscripción entre la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de un préstamo millonario para financiar un proyecto de reconstrucción de siete hospitales, incluido el Hospital Santa Teresa en Zacatecoluca, los cuales fueron dañados por los terremotos de 2001.
Dentro del contrato se hizo una aprobación para ejecutar obras relacionadas con la especialidad de vapor, electricidad, gases médicos, aire acondicionado, ascensores y señales débiles, todo esto incluido en el contrato de diversos rubros.
“El equipo se pagará conforme al arribo al sitio, instalación y recepción satisfactoria de los equipos propios del inmueble, previo visto bueno del Gerente de Obras. La relación de pagos será del 70% por arribo al sitio, 20% contra montaje e instalación y el restante 10% contra la puesta en operación de dichos equipos, después de las pruebas, ajustes y calibraciones”, señalaba el mencionado contrato.
Dentro del mismo hubo varias concesiones entre los imputados y sus empresas entre febrero de 2007 hasta abril de 2009.
Aparentemente, Maza Brizuela usurpó arbitrariamente las funciones del “Gerente de Obras”, lo que trajo como consecuencia el daño en los bienes del Ministerio de Salud.
Todo esto conllevó a que durante el tiempo que duró la obra se enriquecieran con la cantidad de más de seis millones de dólares. Luego de las investigaciones, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a los nueve imputados en distintos puntos de la capital.
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