El mejor servicio que se le puede hacer a la salud sostenida del proceso nacional consiste en instalar de veras en el país la cultura de la honradez, sin desvíos ni desagües de ninguna índole.
08 de Abril.Tomado de La Prensa Gráfica.
Desde hace mucho tiempo, hay en el sentir ciudadano la convicción de que la corrupción ha venido ganando terreno en los distintos espacios del quehacer público, y de muy distintas maneras. Es viejo aquel decir que circula hasta con gracejo en el ambiente: “No me den, pónganme donde hay”, que corresponde a la tan conocida aspiración de “llegar a componerse” a los puestos. En el tema del abuso multimodal de los recursos públicos se ha venido de mal en peor a lo largo de los años, y sin duda el reclamo por un imperio efectivo de la honradez institucional en todos los órdenes es uno de los más sentidos anhelos ciudadanos.
La misma dinámica del proceso democrático ya dándole fuerza expansiva a la transparencia, pese a las maniobras y juegos de apariencia para contrarrestarla. El punto es que ahora mismo, tal como pasa con el sistema electoral en lo que se refiere al imperativo de modernizarlo y perfeccionarlo, los apremios para hacer imperar la ley frente a todas las formas de abuso y corrupción se vuelven cada vez más sensibles en el ambiente. Las iniciativas mejoradoras no son espontáneas, como deberían serlo, desde las instancias institucionales que tienen el encargo directo de hacerlo, sino que vienen por rebote y a regañadientes.
En el caso electoral, se necesitó una controversial sentencia de la justicia constitucional para desatar los movimientos legislativos correspondientes, en forma de reformas y contrarreformas, con agregados “sorpresivos” para asegurar controles, todo ello rodeado de polémicas encendidas; en el caso de la corrupción, es evidente que la iniciativa anunciada de crear una Comisión internacional para darle efectividad al combate contra el crimen organizado, que ha desatado una disputa sobre facultades constitucionales y sobre atribuciones institucionales específicas en lo referente a la Fiscalía General de la República, estimula la apertura judicial de casos como el que envuelve a un ex ministro de Salud Pública y a otros funcionarios y empresarios por acciones arbitrarias y corruptas.
El punto es que, independientemente de cualquier origen anecdótico y de los resultados concretos de casos específicos, algo va quedando cada vez más en claro, en estas dos áreas tan vitales para la vida democrática del país: la necesidad imperiosa de impulsar la modernización del sistema electoral y el deber impostergable de asegurar el imperio de la legalidad y de la probidad en el desempeño de cualquier función pública, del nivel que sea.
Hay que fortalecer las normativas, las estructuras y los mecanismos para detectar, perseguir y castigar la corrupción, se dé donde se diere, sin importar la dimensión del lucro indebido ni la posición jerárquica de los responsables.
El mejor servicio que se le puede hacer a la salud sostenida del proceso nacional consiste en instalar de veras en el país la cultura de la honradez, sin desvíos ni desagües de ninguna índole.
En cualquier ámbito y circunstancia, lo más nocivo es la impunidad. Toda conducta indebida que no despierta consecuencias correctivas se vuelve práctica perversa, y esto es aplicable también a la política. Si estamos construyendo de veras un Estado de Legalidad, debe ser compromiso institucional y social inequívoco el poner la ley por encima de cualquier interés, acción o maniobra que la vulnere o la distorsione. Esa es responsabilidad democrática básica.
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