Los grupos parlamentarios no quieren dar el poder al Ejecutivo ya que consideran que la competencia sobre el territorio corresponde a las alcaldías
Por Gloria Morán.10 de Abril.Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR - Después de mucho tiempo de espera, la Asamblea Legislativa aprobó, el pasado 11 de marzo, la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (LODT). Sin embargo, el 4 de abril regresó al parlamento con observaciones del presidente salvadoreño, Mauricio Funes.
Observaciones que según diputados de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Partido de Conciliación Nacional (PCN) podrían poner en riesgo las decisiones que tome el Consejo Nacional ente rector creado por la ley encargado del ordenamiento y desarrollo territorial.
Aducen sus señorías que lo que Funes está pidiendo es dar más el poder al Ejecutivo en el órgano rector de la ley, con lo que se quita poder de decisión a los alcaldes, responsables en última instancia de la política territorial.
Mientras, diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aseguran que es necesario revisar minuciosamente las observaciones para ver si es posible retomarlas o no.
De acuerdo con el escrito emitido por Funes las consideraciones hechas al decreto número 644 se basan en que este contiene aspectos que discrepan con algunas situaciones relacionadas al ordenamiento territorial.
La Ley, en el artículo 15, establece que el Consejo estará integrado por un delegado del Presidente, el secretario técnico de la Presidencia, los ministros de Medio Ambiente, de Obras Públicas, de Salud, de Agricultura y tres alcaldes electos por el directorio de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures).
Es así que Funes no lo ve totalmente integrado y solicita la inclusión del secretario para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, el secretario de Cultura de la Presidencia y los viceministros de Obras Públicas, de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Transporte.
La inclusión del secretario para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, al igual que los viceministerios del MOP, sería para vigilar la toma de decisiones que conlleven a establecer políticas públicas relacionadas al ordenamiento territorial.
Funes señaló que no está de acuerdo en que el Consejo elabore la Política Nacional de Ordenamiento ya que es atribución del Ejecutivo, al igual que el resto de políticas públicas.
Además, según las observaciones del presidente, los viceministerios del MOP deben estar incluidos por ser los entes que están trabajando ya de forma efectiva en este campo y son “especialistas” en él.
La participación de la Secretaría de Cultura es necesaria, según Funes, para velar por el patrimonio cultural salvadoreño a la hora de tomar decisiones concernientes al otorgamiento de autorizaciones y permisos de construcción relacionados con bienes de esta índole.
En último término, el presidente expone que la inclusión de las entidades tiene el objetivo de adaptar la Ley a la realidad del funcionamiento de la Administración Pública, de tal manera que sea eficiente a través de la coordinación entre las instancias involucradas y el Órgano Ejecutivo.
“Es inconveniente e ineficaz que una institución autónoma retome de forma absoluta las funciones que son consustanciales al Órgano Ejecutivo, desconociendo la legislación actual que le da competencias a éste en estas materias, pues en sí misma no podría gestionar de forma eficiente los diversos aspectos a regularse en el territorio”, cita el documento enviado por el mandatario.
Que no le cambien un punto ni una coma
Sin embargo, Jorge Shafik Handal Vega, diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Asuntos Municipales, asegura que el presidente salvadoreño pide algo que ya está establecido en la Ley.
“Por ejemplo, él (Funes) habla del viceministro de Vivienda y Transporte; ya están incluidos, nosotros hemos puesto al Ministerio de Obras Públicas, entonces el ministro puede delegar en uno de ellos y las decisiones los incluyen”, dijo Handal Vega.
Además afirmó que de tomarse en cuenta las observaciones, éstas podrían limitar la acción misma del organismo que ha sido creado y que por esa razón las revisarán una a una, dentro de la comisión de Asuntos Municipales, para determinar cuáles convienen y cuáles no.
Entre otras repercusiones, según el presidente de la comisión de Asuntos municipales, Mario Ponce también diputado del PCN, es que al agregar a cinco miembros más llevaría a que los alcaldes se conviertan en "observadores" de los acuerdos que tome el Consejo.
Otras de las observaciones enviadas por la presidencia en es que el Decreto confunde a la institución como organización con la máxima autoridad de la misma. Por lo tanto, evidencia la necesidad de modificar el nombre de su autoridad máxima a fin de diferenciar cuándo se refieren a cada una de ellas en los distintos artículos de la ley.
En cuanto a lo plasmado en al artículo16, referente a los integrantes de los Consejos Departamentales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, expresa que es necesario aclarar la naturaleza jurídica de cada uno de sus integrantes, pues da la impresión de que son entes diferentes al Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
Estas son las sugerencias de nombre que brinda en la observación: para la máxima autoridad Consejo Salvadoreño para el Ordenamiento y Desarrollo Territorial, mientras que para la junta directiva Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
Y si no se cambia, Funes sugiere redactar un inciso que aclare que dentro del Consejo Nacional existe una junta directiva que gestionará la institución autónoma.
Asimismo en el escrito el mandatario indica que no se establece un sistema de votación aplicado por la junta directiva, es así que ve preciso definir la cantidad personas necesarias para instalar las sesiones. Además aclarar el número de votos suficientes para la toma de decisiones.
Otras de las observaciones del presidente no aceptadas por los diputados es la necesidad expresada por Funes de redactar una ley especial sobre el uso de suelos.
“Se considera que el uso del suelo debería ser regulado en otra ley o bien decir que las indemnizaciones, sus criterios y procedimientos para hacerla efectiva, así como la forma en que el Estado podrá adquirir las propiedades necesarias para el desarrollo territorial, serán objeto de una Ley Especial, ya que las actuales leyes en la materia son obsoletas en sus procedimientos”, señala el escrito de observaciones de Presidencia.
A este respecto, los diputados de los grupos de derecha consideran que ya existe una Ley de expropiaciones, según Mario Ponce, y que en cualquier caso, el uso del suelo ya queda plasmado en la LODT.
Mario Valiente, diputado de ARENA, señaló que las observaciones del presidente a la LODT carecen de fundamento.
"Esa ley se trabajó cinco años en la Asamblea, se discutió, se pulió, hubo foros y no estoy dispuesto a que le cambien un punto y una coma si no nos demuestran que nos equivocamos. A mi entender esa ley salió lo mejor posible en cinco años, para que ahora vengan los asesores del Presidente en diez días a descalificarnos", señaló Valiente.
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