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2011/04/21

La Página-Diputados pretenden acabar con las hospitalizaciones de reos privilegiados (y IV entrega)-Diario digital de noticias de El Salvador

  La propuesta de los diputados va encaminada a que exclusivamente personal de Medicina Legal sea el que determine cuando un paciente debe ser internado en un hospital, sin importar su condición social o económica.

Escrito por Jaime Ulises Marinero.21 de Abril.Tomado de Diario La Página.


José Osmín Cartagena fue capturado acusado de complicidad por el delito de autosecuestro. Fue trasladado a las bartolinas del 911 de la PNC, con fiebre que alcanzaba los 40 grados y sintomas de dengue. El abogado público que lo asistió solo le recomendó que se tomara dos acetaminafén, ni siquiera presentó un escrito para que Medicina Legal lo revisara para trasladarlo a un hospital.

Tras seis días de permanecer con escalofríos y fiebres que en ocasiones alcanzaba los 42 grados, fue llevado a audienca inicial, donde fue absuelto de toda responsabilidad al comprobarse que él no había participado en el delito que se le imputaba, pues había sido cometido dos meses antes de que él regresara deportado de Estados Unidos.

Por mucho menos que la dolencia de Cartagena, cientos de reos que tienen capacidad de pagar un hospital privado han sido internados, sin que Medicina Legal haya certificado a través de un diagnóstico clínico, que el reo amerite estar hospitalizado.

Ejemplos sobran: En 2001, Héctor Cristiani, acusado de fraude en perjuicio del Banco de Fomento Agropecuario permaneció hospitalizado varios meses por una supuesta afección cardíaca. En 2003 Martiza Villa se declaró enferma y estuvo hospitizada tras una acusación por el delito de contrabando. En 2005, una pareja de esposos franceses estuvieron hospitalizados en un nosocomio privado, tras ser acusados de estafa.

La Fiscalía tiene identificado a los hospitales que, sin ningún criterio ético, admiten a procesados para darles albergue. En 2007 se tenía abierto un expediente, pero nunca se inició una investigación, pese a que legalmente se pudo haber hecho por el delito de falsedad, incluso complicidad u obstrucción al proceso judicial. Lo anterior debido a que falsean los diagnósticos y sabiendo que no ameritan hospitalización les dan resguardo. El abogado Ramiro Isidro Rojas, considera mala praxis médica la falsedad de un diagnóstico, además objeto de persecución administrativa por parte del Consejo Salvadoreño de la Salud Pública.

Judicialmente el único informe que consta es el de Medicina Legal, salvo cuando el mismo juez ha pedido un estudio o análisis de peritos particulares. Así, al haber indicios de una mala praxis, solicitan un informe detallado y ampliado de especialista.

Sin embargo, debido a que Medicina Legal es una institución con poco personal y en donde se burocratizan las acciones, los abogados particulares y los mismos fiscales, obvian ese detalle y pasan por alto, en ocasiones, solicitar los diagnósticos médicos certificados por dicha institución. En ocasiones lo han hecho y, precisamente, son los resultados de esos análisis los que obligan a los reos a ser llevados a un penal.

La propuesta de la Asamblea

Ante tanto desorden por desidia o inoperancia del sistema, aunque algunos abogados como Julio Molina, prefieren decir que es porque no hay claridad en la legislación nacional y porque en la práctica “el dinero manda”, los diputados de la Asamblea Legislativa tiene una idea que de concretizarse estaría acabando con el privilegio de convertir a los hospitales en “estancias placenteras” de reos procesados.

El lunes 11 de este mes, la comisión de legislación y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa decidió consultar a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto de Medicina Legal (IML) sobre la propuesta de reforma al Código Procesal Penal, a fin de acabar con esta vieja práctica.

La petición fue presentada por los diputados del grupo parlamentario del partido FMLN, para evitar que, mediante subterfugios legales, personas procesadas busquen refugio en los hospitales.

El diputado y abogado efemelensta Ricardo González, señaló que hay un vacío de ley, puesto que siendo la Fiscalía la que determina la detención administrativa de las primeras 72 horas, pocas veces se pide lamintervención de Medicina Legal.

En ocasiones los mismos policías actúan sin tener el aval de la Fiscalía, a la que únicamente informan, tal como sucedió con los empleados judiciales de un tribunal de Mejicanos, que estando enc las bartolinas fueron trasladados a un hospital del ISSS para un chequeo.

Y es que los policías pueden actuar por su cuenta. Si ellos tiene en sus bartolinas a un reo enfermo, ueden tomar la iniciativa de trasladarlo bajo custodia a un hospital nacional, el problema es que eso no está reglaentado y se preseta a criterios subjetivos.

Por eso la iniciativa, presentada por la fracción del FMLN, propone reformar los artículos 324 y 329 del Código Procesal Penal, para que aquellos procesados que durante la privación de libertad padezcan de alguna dolencia reciban atención médica en las instalaciones policiales, sin importar su condición social o económica.

Aquí surge el problema de la falta de personal, pues ni la PNC tiene médicos de planta para sus bartolinas, ni Medicina Legal podría cubrir la red de celdas provisionales a escala nacional, por eso es que la propuesta va más allá, cuando los diputados plantean que la detención provisional deberá cumplirse en centros penales y que solo podrá autorizarse su internamiento en centros asistenciales públicos o privados, si es certificado por un facultativo del Instituto de Medicina Legal.

Con esa reformas los diputados pretenden evitar casos como el del ex ministro de Salud, Guillermo Maza Brizuela, que inmediatamente después de su captura se “declaró” enfermos y de tantos otros reos que tiene capacidad económica para pagar cuantiosas sumas de dinero para ser trasladados a un hospital, y evadir de esa forma la cárcel.

Al regresar de vacaciones el tema será discutido y ampliado en la Asamblea y si se llega a un consenso las reformas podrían ser aprobadas por el pleno, con lo cual se le acabaría “el negocio” a muchos hospitales que se prestan a maltrechar un sistema de justicia que muchas veces no es justo.

Diario digital de noticias de El Salvador

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