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2011/04/10

LPG-Oportunidad histórica

Escrito por Luis Laínez.10 de Abril.Tomado de La Prensa Gráfica.
llainez@laprensa.com.sv

La Fiscalía sorprendió esta semana que recién acaba. Justo cuando estaba en debate la creación de una comisión investigadora tutelada por Naciones Unidas, justo cuando se criticaba su ineficiencia y su falta de acción, ordena a una división élite de la Policía capturar al ex ministro de Salud Pública Guillermo Maza y a otras ocho personas más, entre las que está un ex subdirector de la PNC, pero que ha sido detenido no por su gestión como funcionario, sino porque, como abogado, supuestamente avaló documentos falsos.

A Maza lo acusó el actual Ministerio de Salud, en mayo del año pasado. Está procesado por $3.2 millones mal utilizados en el diseño, construcción y equipamiento del Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca. El Santa Teresa forma parte del proyecto Reconstrucción de Hospitales y Extensión de Servicios de Salud (RHESSA), que incluía siete centros asistenciales y que se financió con un préstamo con el Banco Mundial por más de $169 millones.

Hay un hecho incuestionable: el proyecto total de RHESSA nunca se terminó. Las obras en los hospitales quedaron a medias, pero el dinero del préstamo se gastó. Ahí es donde debería ir el esfuerzo de la Fiscalía, en determinar el uso que se dio a todo el proyecto. Son $169 millones, más intereses, que todos los salvadoreños pagamos con nuestros impuestos.

El caso, sin embargo, ha tenido un manejo muy difícil. Al principio, todas las fuentes se cerraron, excepto la Policía, que dijo que el delito que se le acusaba a Maza eran actos arbitrarios, lo que parecía un cargo muy débil para respaldar todo el despliegue de recursos para capturar a 12 personas o para conseguir una condena.

Más tarde, el requerimiento fiscal agregó que los actos arbitrarios habían sido en función de asociaciones ilícitas, lo que implica crimen organizado.

En medio de todo esto, los políticos han reaccionado. El FMLN habla en público que empezaron a caer “los capos”, en tanto que ARENA dice que Maza era un ministro de Antonio Saca y que él ya no es arenero y le tira la responsabilidad a GANA. Saca, que fue presidente de ARENA, asegura que él nombró ministro a Maza por ser un hombre trabajador y honesto, y que hay que esperar el final del proceso judicial.

Mientras fue ministro, a Maza lo demandaron en el Tribunal de Ética Gubernamental por no instalar los aparatos para realizar la tomografía axial computarizada (TAC) y, en cambio, referir a los pacientes de la red pública a sus clínicas, que sí tenían el equipo, como demostró una investigación de LA PRENSA GRÁFICA. Sin embargo, nunca se supo el fin que tuvo esta denuncia. No llegó a ser público si acaso Saca amonestó al menos verbalmente a su funcionario.

Ayer inició la audiencia y la defensa de Maza intentó que se desestimaran las pruebas, porque se habían tomado de una auditoría no realizada por la Corte de Cuentas, sino por particulares. Ya la ley de la Corte de Cuentas acepta como válidos los trabajos hechos por privados, de modo que el tribunal desechó la solicitud.

La Fiscalía tendrá muy difícil probar que esos actos arbitrarios fueron en función de beneficiar una compleja red criminal. Ojalá que el caso nos lleve a conocer realmente qué pasó con ese préstamo millonario, si no fue desviado a otras áreas y no terminó engrosando la cuenta de alguien. Porque si se falla en este juicio, la Fiscalía habrá blindado al que ahora ha acusado.

Oportunidad histórica

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