El último año ha sido el que ha registrado más denuncias en comparación con los últimos nueve años. Corte Plena atrasa más de 40 resoluciones para sancionar a jueces. Hay casos engavetados desde 1996. Según un magistrado, hay un grupo de funcionarios que protege a jueces señalados.
Escrito por Jessica Ávalos.25 de Abril.Tomado de La Prensa Gráfica.
“Tenemos por lo menos 800 denuncias de corrupción desde los años noventa. Y siempre hay impedimento, boicot, postergación, para que no toquemos a un solo juez en este país.”
Florentín Meléndez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia
El número de denuncias contra jueces que han sido interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se ha incrementado. La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Corte registra un aumento del 26% de denuncias contra juzgadores recibidas el año pasado en comparación con las acusaciones que ingresaron en 2009 ante el máximo tribunal.
La Corte recibió durante 2010 un total de 241 denuncias; es decir, 50 más de las 191 que fueron presentadas en 2009. La cantidad de expedientes disciplinarios abiertos el año pasado es la más grande que ha registrado la Corte en los últimos nueve años.
En lo que va del año, 38 denuncias ya fueron interpuestas contra funcionarios judiciales.
La mora en investigar
En total son 3,163 denuncias contra jueces las que han ingresado en la última década a la Corte Suprema desde la creación de la DIJ, según los revelan las últimas estadísticas de esa dependencia.
La deuda tiene sus raíz en el año 1996, porque los magistrados no han logrado desempolvar siete expedientes disciplinarios que llegaron a la oficina de investigación desde hace 16 años.
Del total de denuncias acumuladas en los últimos 15 años, hay 222 casos que ya están a punto de pasar a la etapa de elaboración de resolución final, que es el paso previo para que sean del conocimiento del pleno de la CSJ.
Y hay otros 42 expedientes disciplinarios que ya cuentan con un proyecto de resolución final; es decir, que solo requieren de la votación de los magistrados para remover o absolver de forma definitiva a igual cantidad de jueces.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Florentín Meléndez, aseguró recientemente que hay un boicot dentro del pleno de la Corte para no “tocar” a algunos jueces que aparecen involucrados en algún acto de corrupción (ver nota secundaria).
Y según uno de los últimos informes preparados por la Secretaría General de la Corte, el cuello de botella de la investigación judicial está en el pleno, porque los magistrados han venido posponiendo al menos 40 resoluciones finales sobre investigaciones de juzgadores.
No es nuevo. En 2010 se dio a conocer que alrededor de 1,000 expedientes contra jueces estaban siendo acumulados por la CSJ. En marzo del mismo año, bajo la premisa de la mora en investigar, la Corte removió al ex jefe de Investigación Judicial, Mateo Álvarez, y lo trasladó al área administrativa. En su lugar pusieron a Juan José Zaldaña.
El Departamento de Investigación Judicial obtuvo en 2005 la certificación ISO-9000, sinónimo de eficacia y ordenamiento. La Corte espera para las próximas semanas la reacreditación para estos procesos jurídicos.
La CSJ no quiere revelar los nombres de los funcionarios que están siendo investigados porque el artículo 70 de la Ley de la Carrera Judicial impone una restricción para que estos datos sean de carácter reservado.
Petición fiscal
El último caso que se ha ventilado en Corte Plena, antes de que 11 magistrados se declararan en sesión permanente por el conflicto con otros cuatro de sus compañeros, fue el del juez de Instrucción de Ahuachapán Óscar Mauricio Tejada Solito.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado antejuicio para Tejada Solito porque lo acusan de prevaricato (dictar resolución contraria a la ley) e infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos.
Los magistrados no han firmado una resolución sobre esa petición, y además de ese caso, también tienen pendiente por resolver otras siete peticiones de antejuicio que ha hecho la FGR.
Entre la Corte Suprema y la Fiscalía General tienen, en conjunto, al menos 100 investigaciones abiertas contra juzgadores, según el último balance brindado por el ministerio público en diciembre del año pasado.
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